TOLEDO.- Castilla-La Mancha da un paso más en la lucha contra la violencia machista, fijándose ahora en los huérfanos que dejan estos asesinatos, que ahora podrán percibir las ayudas de orfandad más allá de la mayoría de edad y verán cómo se incrementan hasta los 7.200 euros anuales. Medidas que se concretarán en el nuevo decreto de convocatoria que aprobará el Consejo de Gobierno, después de que este jueves las Cortes regionales hayan respaldado la modificación de la Ley 4/2018 para una Sociedad Libre de Violencia de Género.
Un trámite parlamentario que, sin embargo, no ha contado con la unanimidad de la Cámara, al oponerse a la medida los cuatro diputados de Vox por no haberse incluido en la modificación a los "huérfanos de hombres asesinados por sus parejas o exparejas", considerando así que se trata de una "discriminación".
Pese a este nuevo ejemplo del negacionismo ultra, la modificación de la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género ha salido adelante con los 28 votos a favor de los diputados regionales de PSOE y PP.
Aprobación que se producía tras un debate en el que la consejera de Igualdad, Sara Simón, apelaba a los grupos a sentir "orgullo" porque "en Castilla-La Mancha hemos sido y somos un referente en materia de igualdad", al tiempo que "una excepción" en España ante el "preocupante avance de los discursos y las políticas machistas".
Así, ha reiterado su llamada al "consenso" y pedido a la oposición "reconocer la desigualdad estructural que sufrimos las mujeres" para "dejar de negar" la violencia machista.
Consenso que al contrario de lo que ocurriera en octubre de 2018 cuando por aclamación las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaban la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género, entre cuyas pioneras medidas se encontraba la consideración como huérfanos absolutos a los hijos de las fallecidas por violencia machista, aunque el progenitor homicida siguiera con vida, posibilitando así el acceso a ayudas y otros recursos, reconociéndoles del mismo modo como víctimas de violencia de género.
Se garantizaba así el acceso a unas ayudas para las que ahora la modificación de esta ley amplía la edad de acceso a ellas, hasta los 21 años con carácter general y hasta los 25 en caso de discapacidad.
La portavoz de Igualdad del grupo socialista en las Cortes, Charo García Saco, ha destacado que con esta medida se pretende "contribuir a la reparación del daño ocasionado".
Y es que, ha explicado, solo en la pasada legislatura 2.400 mujeres y menores tuvieron que huir de sus casas "con lo puesto" para refugiarse en un recurso de acogida del Gobierno regional, y desde 2003 son 443 los huérfanos y huérfanas menores de 18 años los que ha dejado la violencia machista.
García Saco apelaba también al "espíritu" que reinó en la aprobación de la ley, "a la unidad y a la responsabilidad institucional" de los grupos parlamentarios, al tiempo que ha afeado el voto en contra de Vox, a cuyos diputados ha acusado de utilizar argumentos "vergonzosos y vergonzantes" para justificar su posición, "equiparando la discriminación y la desigualdad estructural que tenemos y que supone la violencia de género con datos, incluso de desempleo juvenil".
Parlamentarios a los que ha pedido que "se aclaren el lío que tienen" y les ha recriminado que "o no entienden lo que es la violencia de género, no lo quieren entender o simplemente es machismo".
Por su parte, desde el grupo popular, la diputada Tania Andicoberry ha resaltado el compromiso del PP en la lucha contra la violencia de género y el apoyo a esta iniciativa para ayudar a los huérfanos de violencia machista, aunque ha pedido afrontar "juntos" también el reto de trabajar de manera trasversal para optimizar todos los recursos públicos relacionados con ayudas para vivienda, combatir el paro juvenil o aumentar las rentas para que la emancipación llegue antes.
Andicoberry ha apelado al Pacto de Estado contra la Violencia de Género y a su evaluación y renovación, de forma que sea aplicado "en todos sus términos" y se gestione con un presupuesto adecuado.
