En un comunicado, la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha querido mostrar su opinión ante las noticias aparecidas en distintos medios de comunicación en los que se informaba de una conversación telefónica mantenida en el día de ayer entre un alto cargo del Gobierno de Cospedal, el Director General de Dependientes, García Ferrer y el Presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
En este sentido, la plataforma critica que esta llamada de teléfono entre el responsable de la elaboración de una legislación y quien, desde la independencia, debe avalarla jurídicamente, es un hecho de “especial gravedad en un estado de Derecho”, pues aseguran que “parece cuanto menos sospechoso” este contacto telefónico justo en el día en el que finalizaba el plazo de alegaciones al proyecto del decretazo sobre dependencia que está elaborando el Gobierno de Cospedal. Un decretazo que aseguran que se está haciendo “a espaldas de la gente y en contra de la opinión de todas las formaciones políticas”.
Además, el colectivo explica que a tan solo doce días de unas elecciones autonómicas, esta legislación debe pasar ahora el tamiz jurídico preceptivo del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Desde la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia indican que “quieren creer” que la llamada telefónica realizada por un alto cargo de Cospedal al responsable de validad jurídicamente el decreto de prestaciones en dependencia, “no tenga nada que ver con la tramitación de la misma en el Consejo Consultivo”, pues aseguran que en caso contrario estarían ante uno de los hechos más graves contra el ordenamiento democrático de Castilla-La Mancha.
Para finalizar, desde el colectivo de dependientes han exigido a la Presidenta en funciones de Castilla-La Mancha y candidata a la reelección, María Dolores de Cospedal, que de cumplidas explicaciones públicas sobre un hecho de tal gravedad, sobre todo estando inmersos en una campaña electoral en la que los ciudadanos no merecemos tener meridianamente claro las convicciones democráticas y de respeto a las instituciones que deben velar por la transparencia jurídica de las acciones de nuestros gobernantes.
