La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha presentado en el Registro de la Consejería de Presidencia de Castilla-La Mancha unas 100 reclamaciones de las casi 2000 que han gestionado en solo diez días en relación a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que por unanimidad declaró la legislación en dependencia “nula de pleno derecho con condena en costas a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”.
Según explican, desde la Plataforma han esperado hasta el último día para la presentación de estas reclamaciones, pues esperaban que “la candidata del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, cumpliera con lo manifestado en un mitin durante su campaña”, en el que con una prepotencia insólita les invitó a ir con ella para “enseñarles cómo se debía tratar a las personas dependientes”.
Según indica este colectivo, la finalidad era “presentarle personalmente todas estas reclamaciones para instalar a iniciar, en el caso de ser reelegida, la devolución de todas las prestaciones y servicios recortados o eliminados al amparo de una legislación que nunca debió aplicarse”.
“Hemos intentado hasta el último momento, y por enésima vez, explicarle a Cospedal las consecuencias de sus actuaciones políticas con las personas en situación de dependencia, y por tanto, evitar todo el sufrimiento y el dolor a todo este colectivo”, han asegurado de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha, aunque dicen que finalmente no les ha quedado otra vía que la de “reclamar lo que por Ley nunca debieron arrebatar a los dependientes”.
Continúan señalando que las 100 reclamaciones que han registrado, de las 1.943 gestionadas, son solo una recopilación de “los casos más sangrantes” que se han ido repitiendo de forma sistemática durante los últimos 4 años.
Como paradigma de todas estas sangrantes situaciones, han querido encabezar las reclamaciones con los dos casos más representativos.
Uno es el de Jomian, niño de 13 años con gran dependencia al que el Gobierno de Cospedal le denegó la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y que impidió que su madre pudiera cuidarle, muriendo a cien kilómetros de distancia de ella y todo ello a pesar de los informes favorables de los trabajadores sociales que especificaron, de forma clara, que esa era la prestación que se debía aprobar para el niño.
El otro caso es el de Isabel, señora mayor gran dependiente. Su esposo reconocido también gran dependiente falleció al año de su valoración, esperando recibir la prestación o servicio que la Ley le reconocía. Para mayor escarnio, a la semana murió el hijo de Isabel que era su cuidador y como la Ley específica se comunicó dicho fallecimiento para que se procediera a cambiar a la persona cuidadora. Pues bien, el Gobierno de Cospedal no solo no procedió a dicho cambio sino que la hizo una revisión de oficio, retirándole la prestación económica y ofreciéndole una hora y media al día de ayuda a domicilio.
Para finalizar, desde la Plataforma aseguran que las reclamaciones presentadas hoy son el preludio de todo el aluvión de demandas ante los juzgados de lo contencioso administrativo que pueden paralizar estos juzgados y todo ello con la seguridad de sentencias estimatorias. Algo que por culpa de Cospedal supondrá un elevadísimo coste económico para el erario público, aunque de difícil reposición para los más de 5.000 dependientes fallecidos.
