La comunidad educativa del IES San Isidro de Azuqueca de Henares (Guadalajara) ha denunciado las maniobras del PP tras perder la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas para colocar “a dedo” al director de este centro, cuya ocupación ha sido hasta ahora la de asesor político del Partido Popular.
Es el caso que denuncia este colectivo en relación a la coordinadora de Educación de la provincia de Guadalajara, Violeta de Miguel, que “estaría colocando a sus asesores personales al frente de la dirección de centros públicos educativos valiéndose de una interpretación torticera de la ley que le permite tal designación”.
“Violeta de Miguel ha preferido actuar en contra del criterio de la inspección educativa, que avala la candidatura de la actual directora en función de su conocimiento del proyecto de dirección presentado por ésta y de los excelentes resultados de su labor al frente del IES San Isidro en los últimos años, para designar a su asesor de Formación en ausencia de todo argumento que justifique su decisión", precisan en su comunicado de prensa.
De esta forma, critican además que Javier Ordaz Romay, el actualmente elegido director, “carece de todo proyecto de dirección para el centro y apenas cuenta en su haber con dos meses de experiencia como director de otro centro educativo”.
Javier Ordaz Romay ha sido designado como Director de este centro educativo pese a carecer de todo proyecto de dirección para el mismo, desconocer su realidad y no tener apenas experiencia en este cargo, la Comunidad Educativa del IES San Isidro considera que esta decisión de la coordinadora de Educación, tomada en ausencia de cualquier argumento que la fundamente, afectará muy negativamente al buen funcionamiento del centro y, sobre todo, a su alumnado.
Para finalizar, los profesores del centro han manifestado su “rechazo” a esta decisión, puesto que según ellos no sólo afectará muy negativamente al funcionamiento del IES San Isidro, sino que “se trata de un acto de claro caciquismo que no se sostiene bajo ningún criterio pedagógico y que resulta intolerable por parte de una administración pública”.
