La secretaria judicial encargada del lanzamiento en el asentamiento de El Cavero, en Olías del Rey (Toledo), en el que cerca de 47 familias habitan un edificio propiedad de la Tesorería de la Seguridad Social declarado en ruinas, ha acordado aplazar el desahucio previsto para este miércoles.
También se ha propuesto mantener a las familias en el asentamiento hasta el próximo 30 de septiembre, a falta de conocer a través de un nuevo auto judicial la fecha oficial del nuevo lanzamiento.
Así lo ha confirmado en declaraciones a los medios el secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, quien ha indicado que la "clave" ha sido que la Tesorería de la Seguridad Social, que hasta ahora no era partidaria de paralizar el lanzamiento "viniera y viera las condiciones de vida" de los vecinos.
Molina ha comentado que a las consejerías de Fomento y Bienestar Social "no les daba tiempo a montar ningún dispositivo" para ofrecer una alternativa a los vecinos desalojados, por lo que ha insistido en la necesidad de que desde la Tesorería de la Seguridad Social "se tomara conciencia de que el lanzamiento no se podía producir".
"A partir de ahora la Consejería de Bienestar Social evaluará los casos uno a uno para programar un realojo, lo que irá aparejado a un proyecto global por el empleo para los afectados", ha añadido Molina.
Asimismo ha apuntado que cree que estos dos meses de agosto y septiembre "son tiempo suficiente para, como mínimo, sentar las bases para hacer los primeros realojos y asentar el proyecto".
Por su parte, el portavoz de los vecinos, Victoriano Jiménez, ha indicado a los medios que esta era la solución que querían, y que ahora todas las partes están de acuerdo.
Jiménez ha mantenido que las partes implicadas "se han comprometido a hacer el realojo" y a buscar la solución adecuada para cada familia.
El portavoz de los vecinos se ha mostrado confiado en que desde la administración "harán lo que tengan que hacer" para ayudar a los habitantes de El Cavero.
De su lado, el delegado de la Junta en Toledo, Javier Nicolás, ha apuntado que en los meses de agosto y septiembre "desde Bienestar Social se va a hacer un estudio exhaustivo de las familias", haciendo hincapié en que el retraso en el lanzamiento "es lo que se pidió desde el primer momento".
“No había efectivos de acción social”
Finalmente, el abogado de oficio que está representando a los vecinos del asentamiento durante el proceso, Ángel Benito, ha apuntado que "no había efectivos de acción social suficientes para llevar a cabo el lanzamiento", aclarando que estos efectivos necesarios "no eran miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sino funcionarios dedicados a acciones como llevar a los niños a casas de acogida o a los mayores a residencias".
Benito ha desvelado que, al no estar presentes estos efectivos de acción social, desde la Tesorería de la Seguridad Social han estado de acuerdo en que se suspendiera el desalojo.
El abogado ha reiterado que "ahora hay que esperar al nuevo auto de señalamiento que indique la nueva fecha de lanzamiento", añadiendo que "si se sigue la acción social prevista, los vecinos estarían dispuestos a realizar un desalojo voluntario entre el 15 y el 30 de septiembre", y aclarando que así se lo ha manifestado a la secretaria judicial.
Desde primera hora de la mañana han estado presentes en el asentamiento el director general de Acción Social, Ramón Lara; varios dirigentes de Podemos, encabezados por su secretario general, José García Molina, y el diputado de la formación en las Cortes regionales David Llorente; el delegado de la Junta en Toledo, Javier Nicolás; el diputado de Ganemos en la Diputación de Toledo, Jorge Vega; y representantes de la Asociación Llere, que trabaja con los vecinos de El Cavero.
