El Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha ha elaborado un documento en el que se recogen 300 compromisos o deberes en materia de Servicios Sociales, distribuyendo los mismos entre los seis órganos directivos centrales de la Consejería de Bienestar Social (Consejera, Secretaría General y cuatro Direcciones Generales). Este documento trata de recordar a las y los responsables políticos en materia de Servicios Sociales que hay mucho por hacer, muchos planes que elaborar, mucha normativa que desarrollar, bastantes cosas que reconstruir y demasiados centros, programas y servicios que cambiar, revisar y repensar de “abajo a arriba”, pues el 89% de los recursos existentes en Servicios Sociales se han suprimido o recortado en los últimos cuatro años, la calidad asistencial deja mucho que desear en casi todo tipo de dispositivos, especialmente por falta de profesionales y otros tipo de medios técnicos y materiales, y el presupuesto ejecutado en esta materia se ha reducido en casi a la mitad desde el año 2011 hasta la actualidad.

Además, este Colegio Profesional cree que lo primero que debe hacer un gobierno, sea el que sea, es cumplir las leyes, especialmente las básicas, de su ámbito competencial. La Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, aprobada y publicada en el mes de diciembre de 2010, apenas ha tenido ningún desarrollo normativo y se ha incumplido casi el 100% de la misma durante todos los últimos cuatro años.

Según explican, dicha normativa básica preveía desarrollar siete aspectos sustanciales antes del 1 de julio de 2013, el Plan Estratégico de Servicios Sociales, el Mapa de Servicios Sociales, el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales, la Carta de Derechos y Deberes de las personas usuarias y los profesionales, la Urgencia  Social, la Renta Básica y el registro de Entidades y Centros Servicios Sociales. Además la ley igualmente preveía que, antes del 1 de julio de este año, también deberían estar elaborados y aprobados por el Consejo de Gobierno el resto de desarrollos reglamentarios previstos en la Ley de Servicios Sociales, más de una veintena. Nada de todo ello ha ocurrido, y la ciudadanía no ha podido ejercer casi ningún derecho en esta materia en cuatro años.   

En este sentido, el Presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha, Javier Sánchez Morcillo, ha afirmado que “los servicios sociales, en los últimos cuatro años, han estado totalmente abandonados económica, estratégica y humanamente, hasta el punto de vulnerar los derechos sociales y humanos más elementales de muchas personas y agredir reiteradamente la dignidad de cientos de miles familias empobrecidas por la crisis económica y de valores que vivimos, así como de decenas de miles de personas en situación de dependencia que han muerto o vivido auténticas pesadillas y calamidades por no poder acceder al recurso social que la ley les garantiza y que el Gobierno de Cospedal les usurpó”.

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En su comunicado, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha explica que el documento que difunden se ha elaborado a partir de una revisión artículo por artículo de la Ley de Servicios Sociales, de un análisis punto por punto del programa electoral del PSCM-PSOE en materia de servicios sociales y de la relectura de los 13 puntos del pacto para la investidura del Presidente García-Page entre el PSCM-PSOE y Podemos.

Para Sánchez Morcillo “es el momento de atender a las casi 300.000 familias empobrecidas de la región que requieren una atención social básica a través de unos servicios sociales de atención primaria prácticamente desmantelados en estos últimos cuatro años y convertidos en poco más que mera caridad y beneficencia, al no poder garantizar ninguna de las 23 prestaciones que nuestra Ley regional de Servicios Sociales exige que presten o faciliten el acceso a las mismas” por la evidente falta de profesionales en los Centros Sociales Polivalentes en casi todos los municipios de Castilla-La Mancha”. 

El Presidente de esta organización profesional asegura que “el gran reto de la nueva Consejera de Bienestar Social y del equipo de trabajo con el que ya cuenta durante los próximos cuatro años será atender dignamente a casi cincuenta mil dependientes que esperan la prestación, centro, programa o servicio al que tienen derecho, así como a otros cientos de miles de personas y familias en situación de pobreza, vulnerabilidad, riesgo, desamparo, exclusión social o al borde de un desahucio por hipoteca o alquiler. Un colectivo bastante abandonado por el anterior Gobierno del PP en la región”

Concluye Sánchez Morcillo añadiendo que será necesario que “en los próximos cuatro meses se elabore y se haga público el Plan Estratégico de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha que ya lleva casi 1.500 días de retraso, así como que durante los tres próximos años se desarrolle completa y normativamente nuestra Ley de Servicios Sociales, que ha estado guardada en un cajón desde el 1 de julio de 2011, que entró en vigor, incumpliéndose todos y cada uno de los plazos que en ella se establecen para desarrollarla”.