Aunque finalmente se ha decidido cerrar de mutuo acuerdo el comedor social de la localidad toledana de Recas, la verdad es que esta decisión ha sido inevitable debido a la postura política de la alcaldesa de este ayuntamiento, Laura Fernández (PP), puesto que exigió a la ONG Mensajeros de la Paz que los niños que acudiesen al comedor que gestionaban en el municipio de poco más de 4.200 habitantes estuvieran empadronados.
En un comunicado conjunto, firmado por esta alcaldesa de Recas, Laura Fernández, y el presidente de Mensajeros por la Paz, el padre Ángel, se reconoce este argumento, y aseguran que el "objeto de desacuerdo" es el requisito "ineludible", según el Ayuntamiento, de que sea necesario el empadronamiento en la localidad para usar ese servicio "al tratarse de un local municipal".
Las razones de Fernández para vetar a los niños fuera del padrón municipal fueron aún menos entendidas por una opinión pública que ha llenado las redes con reproches a la regidora: evitar un efecto llamada a otros pueblos, ya que, según la responsable municipal, "los que no quieran empadronarse no es por su condición de inmigrante, sino simplemente vecinos de otras localidades que vienen a Recas a disfrutar de servicios sociales por la dejadez de otros municipios e instituciones".
Después de todo el culebrón que han mantenido los conservadores en esta localidad, y una vez cerrado dicho comedor, la alcaldesa se ha tomado la libertar de exigir que la Junta de Comunicades de Castilla-La Mancha reabra de forma inmediata este comedor, para según ella, “garantizar un plan de ayudas para atender las situaciones de necesidad”.
