Finalmente, la Mesa Sectorial de Personal Funcionario de la Administración General ha aprobado readmitir a los interinos por unanimidad. Los trabajadores, que fueron despedidos por el PP sin respetar los derechos de negociación colectiva, volverán en un par de semanas a sus puestos de trabajo.
La readmisión se llevará a cabo después de que el juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Toledo aprobara el recurso que interpusieron los tres sindicatos más importantes de la región después de que el PP efectuara los despidos.
El anterior Gobierno de Cospedal despidió a estos interinos en agosto de 2012, pero el ejecutivo del PP no respetó los derechos de negociación colectiva, por lo que el Tribunal Superior de Justicia obligó al Ejecutivo a readmitirlos. El PP recurrió este recurso, pero fue ratificado por el Supremo. Tras volver a contratarles, los populares los volvieron a despedir.
El allanamiento por parte de la Junta en este asunto supone que se aplique de manera efectiva la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la región, en la que se falló que se había vulnerado los derechos fundamentales de los trabajadores por parte del Gobierno de Cospedal en el despido de estos trabajadores en agosto de 2012, tal como reclamaban los sindicatos.
Los interinos serán readmitidos según los puestos que estime necesario cubrir la Administración regional, pero respetando siempre la localidad de estos, como ha explicado el Consejero de Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina.
Pero no son estos los únicos trabajadores de la región que tendrán que volver a ser contratados. Aún queda pendiente la readmisión de otros 66 interinos, despedidos también durante la etapa de Cospedal, para que se culmine este proceso. La Junta está a la espera de que se produzca un pronunciamiento judicial sobre este procedimiento judicial, que aún sigue abierto.
Con estos acuerdos se cumplirá así con la promesa del presidente Emiliano García-Page de readmitir al total de 500 interinos que fueron despedidos de forma ilegal durante la legislatura de Cospedal. Los despidos ilegales, que en teoría se usaron para reducir los gastos presupuestarios, realmente supusieron un coste de 22 millones de euros en indemnizaciones para las arcas de la comunidad.
