La Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción que la presidencia de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) se gastó más de 10 millones de euros en obras que no tienen nada que ver con sus funciones, fijados por Real Decreto.
En el escrito que ha entregado, se pide a la Fiscalía que investigue los gastos de la construcción de un vivero de empresas, un laboratorio y varias carreteras, que nada tienen que ver con los fines de Enresa. La norma estipula que los fines de la empresa se limitan exclusivamente a “la gestión de residuos nucleares y radiactivos”.
Por este motivo, la plataforma asegura que las actuaciones de los dos últimos presidentes de la empresa podrían haber incurrido en un delito de “malversación de fondos públicos”. Además, la plataforma ha denunciado también en el texto las actuaciones de María Dolores de Cospedal, “por si fueran constitutivas en un delito de tráfico de influencias”.
La empresa se ha gastado 417 millones de euros en la construcción del cementerio de residuos nucleares, que lleva paralizado desde que el Gobierno de Emiliano García-Page. Todo este presupuesto se ha pedido a través de 63 licitaciones y 13 convenios.
La plataforma ha pedido a la Fiscalía que se investiguen más a fondo los convenios que realizó con la Diputación, varios Ayuntamientos y la empresa pública GICAMAN. Las obras, destinadas a construir un vivero y un laboratorio, nunca se llegaron a justificar, y llevan abandonadas desde el pasado mes de marzo.
Además, indican, también mediante convenio, se han pagado con dinero público varias carreteras que no servirán para el transporte de residuos, puesto que las rutas están desde hace tiempo establecidas por Enresa. El total de gasto en carreteras sin justificación es de 7,85 millones de Euros sin IVA.
En cuanto a las adjudicaciones directas de Enresa, destaca la adjudicación de 4 contratos a la empresa Iberinco por valor de 34 millones de Euros con IVA. Lo más "llamativo" de esta empresa es que en ella está como directivo el marido de Cospedal, Ignacio López de Hierro.
Asimismo, la Plataforma también considera como "llamativas", las licitaciones para el edificio principal y los contenedores de doble uso. El primer está pendiente de licitación, con importe superior a los 217 millones de euros. El segundo ha llevado aparejado la dimisión de la jefa del departamento de Ingeniería de Residuos de Alta Actividad, Doña Maribel Rivera. Cabe recordar que en la actualidad no existen autorizaciones necesarias para llevar a cabo la obra del ATC.
