Una de las ‘líneas rojas’ que Podemos estableció en el acuerdo de investidura de Emiliano García-Page ya está dentro de los presupuesto de Castilla-La Mancha para el 2016. Más concretamente, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha anunciado que la región va a destinar más de 600 millones de euros para desarrollar un Plan de Emergencia Ciudadana.

Sobre este asunto cabe destacar que, allá por el mes de septiembre, la formación morada llegó a amenazar con no apoyar los presupuestos del Ejecutivo de García-Page si no se financiaban estos procedimientos de emergencia ciudadana, una disputa que se ha saldado finalmente con la introducción de esta partida presupuestaria en las cuentas que la Junta ejecutará en 2016.

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En este sentido, Ruiz Molina ha dado a conocer que el texto de la Ley de Presupuestos fue aprobado ayer por el Consejo de Gobierno. Por lo que, con los datos que ya se conocen y a falta de ultimar con precisión todas las partidas, los presupuestos que la región destinará para este año irán dirigidos a iniciar la recuperación económica y la recuperación social, cumpliendo con los compromisos que se habían adquirido con la ciudadanía y respetando los objetivos de déficit fijados por el Gobierno de España.

Además, Ruiz Molina ha afirmado que en los presupuestos para 2016, que son totalmente realistas, las políticas dirigidas al desarrollo económico y al empleo crecen un 40% respecto a las recogidas en las cuentas regionales de 2015, pero si estas cifras se comparan con el gasto real en que se incurrió, el crecimiento sería del 80%.

Respecto a la reconstrucción del Estado de bienestar, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha destacado que el 70% del gasto no financiero irá destinado a gasto social, lo que supondrá “una inyección adicional a las políticas de educación, de sanidad y de servicios sociales de más de 315 millones de euros”.

Sobre el texto articulado de la Ley de Presupuestos de la Junta de Comunidades para 2016, Ruiz Molina ha resaltado que la principal novedad es que recoge el Plan de Emergencia Ciudadana, a través de dos anexos en los que se incluyen todas las partidas que forman parte del Plan con su correspondiente dotación presupuestaria.

A estas partidas presupuestarias, ha explicado el consejero, se les dota de un “especial régimen jurídico”, que se puede considerar un blindaje, ya que no podrán ser objeto de disminución a través de modificaciones presupuestarias, van a ser prioritarias en los pagos, las unidades administrativas que las gestionen tendrán que estar dotadas de los suficientes recursos humanos y materiales y las que se consideran de urgencia se reducirán a la mitad los plazos administrativos.