El Consistorio conquense ha cedido finalmente ante la indignación de Raquel Iniesta y las muestras de apoyo de los ciudadanos y las formaciones políticas. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca ha acordado por unanimidad estimar el recurso que presentó la activista, que fue multada con una sanción de 3.000€ por organizar una protesta pacífica contra los CIE. También se ha ordenado el sobreseimiento del expediente sancionador, dejando este sin efecto.
Sin embargo, en el acuerdo firmado en el Ayuntamiento instan a los solicitantes y organizadores de la concentración a comunicar a las autoridades “quién puso las pegatinas sobre las señales, para que se siguieran las actuaciones contra los responsables”. En el acuerdo reconocen que no pudieron identificar a la persona que pegó las pegatinas, hecho del que culparon a Iniesta tras sancionarla.
La denuncia que mencionan acusaba a la activista y militante de IU de “modificar el contenido de señales o colocar sobre ellas o en sus inmediaciones placas carteles marcas u otros objetos a las 8:45 del 15 de junio en la Plaza de la Constitución”; acusaciones que Iniesta calificó de “falsas”, al producirse la manifestación en otra hora y lugar a los mencionados por la Policía.
A pesar de haber retirado la multa contra Raquel Iniesta, el Gobierno municipal, liderado por el popular Ángel Mariscal, ha seguido defendiendo su versión de los hechos. Desde el Consistorio han recordado que “no existe duda alguna sobre la existencia de la sanción”, y han insistido en que el agente de Policía que denunció el suceso identificó a la activista como su causante.
La decisión ha sido tomada por el Ayuntamiento después de las múltiples muestras de solidaridad que mostraron a Iniesta en las redes sociales. La activista, exigió en una petición en change.org que le retiraran la sanción, al interpretarla como un ejercicio de "represión política". La petición circuló rápidamente, y ya ha sido firmada por más de 1.200 personas.
Igualmente, la presión de los partidos de oposición también influenció en los miembros del Ayuntamiento. Desde IU y las UJCE "rechazaron tajantemente" la sanción, que según las formaciones izquierdistas, tenía como fin la "represión por vía administrativa". Desde Podemos Cuenca, pidieron también que se retirara la multa, y pidió a Mariscal que "escuchara las aportaciones de los vecinos en lugar de acallarlos".
