Los nuevos presupuestos de Castilla-La Mancha no han dejado indiferente a nadie. Después de que Cospedal atacara a la educación pública dando prioridad al sector privado y a la educación concertada, en los que la Iglesia Católica posee aún un gran poder, el binomio progresista formado por PSOE y Podemos ha apostado por recuperar el protagonismo de la educación gestionada por la administración, congelando así el presupuesto para la educación concertada.
El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, justificó esta acción defendiendo que “no se trata de ningún ataque a la educación concertada”, y ha aclarado que el objetivo de la Junta es “recuperar la educación de gestión pública” en la región. Además, ha incidido en que el objetivo del Gobierno será mejorar la calidad de la educación estatal, incrementando el número de profesionales y reduciendo la ratio de alumnos por aula.
Esta decisión, que ya se empezó a acordar en el pacto de investidura del presidente Emiliano García-Page, ha causado un fuerte revuelo en los sectores próximos a la Iglesia, que se niega a dejar de utilizar ese nicho del sector educativo para hacer negocio y ejercer una fuerte influencia moralizante en los infantes.
Es por eso que la organización Escuelas Católicas ha mostrado su rechazo e indignación a la decisión del Gobierno regional. Desde la organización eclesiástica han argumentado que la Junta “ha dado el paso decisivo para penalizar a las familias que confían en la escuela concertada”, y que esta ha congelado el presupuesto de la concertada porque la ve “como si fuese un mal que hay que atajar”.
Escuelas Católicas se ha quejado también de que se haya hecho este anuncio durante el periodo de admisión de alumnos, observando por parte del Gobierno autonómico “un propósito persuasivo” con el que influir a los padres. Además, han indicado que “la concertada no es un enemigo a batir”, defendiendo que “los conciertos distan mucho de financiar el coste real de la enseñanza”.
La organización vinculada a la Iglesia ha asegurado que “con esta decisión la Administración vulnera los derechos de unos a favor de otros”. Por un lado, han explicado que perjudica “a las familias que eligen libremente una educación distinta a la de la Administración”, y por otro “a los trabajadores y profesores que sirven a las concertadas”.
Aunque la organización ve “difícil que los alumnos de la escuela pública hayan visto mermados sus derechos por la financiación de la concertada”, lo cierto es que la priorización de los modelos educativos ajenos a la Administración por parte de esta hace que produzcan fenómenos como la masificación de las aulas o la conversión de las escuelas públicas en guetos a los que solo pasan los sectores más marginados de la sociedad, reduciéndose estas a ofrecer una labor caritativa en lugar de ser el centro de la construcción moral de los ciudadanos.
Este modelo hace que los padres con una mayor viabilidad económica se decanten de una manera forzosa por los modelos concertados y privados, siendo la elección ‘libre’ de las familias una mera falsedad.
Para finalizar, la organización ha calificado la apuesta por la educación pública como una política “vieja y superada que se vende como nueva”; e incluso, ha llegado a pedir “explicaciones” a la Junta por esta decisión, que desde su punto de vista, les “veta”.
