Castilla-La Mancha pedirá al Gobierno central una renta mínima para luchar contra la pobreza

La Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha ha acordado junto con Red Europea de lucha Contra la Pobreza instar al Gobierno central y al Congreso de los Diputados a crear una Ley de Renta Mínima destinadas a las personas en una situación más vulnerable.

La Consejería de Bienestar Social ha acordado hoy junto con la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) instar al Congreso y al Gobierno Central a legislar una renta mínima destinada a “las personas en situación de pobreza y que sea igual para todos los españoles”. Así lo ha anunciado Aurelia Sánchez, que ha detallado que es renta debería partir de los Presupuestos Generales del Estado, aunque también ha explicado que en las comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, habrá “rentas complementarias a la nacional, dirigidas a familias en situación de vulnerabilidad”.

Todo ello después de que la EAPN haya transmitido al Gobierno regional su preocupación por la alta tasa de personas que sufren la pobreza en este país y sobretodo en la región, que según los últimos datos recogidos por el índice AROPE, afectaría a más del 36% de los castellano-manchegos, un 8% por encima de la media nacional, siendo una de las regiones más pobres de la Unión Europea.

También se crearía una Mesa de Diálogo y una Ley del Tercer Sector

Además de esta petición, el Gobierno regional y la EAPN han llegado a una serie de acuerdos conjuntos. Entre otros, estaría la creación de una mesa de dialogo en la que intervendrían los agentes sociales. Igualmente, se crearía un grupo de trabajo entre la EAPN y las consejerías de Fomento y Bienestar Social para elaborar una estrategia de vivienda social y otra contra la exclusión social en Castilla-La Mancha.

La cooperación entre ambos organismos no terminaría ahí. El equipo del presidente Page ha explicado que han encargado al organismo europeo redactar un borrador para la Ley del Tercer Sector, que la Junta tiene la intención de presentar el próximo año.

En dicha Ley, se reclamaría el papel del tercer sector en relación con las administraciones y otros actores sociales, definiendo los niveles de apoyo a los que deben estar sujetos las administraciones e incluyendo un plan de sostenibilidad del propio sector. El secretario de la EAPN, Braulio Carlés ha expresado que en la ley se enmarcarán “cuáles son las fronteras donde se debe o no intervenir.”

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