Cuando no se tienen ni autoridad ni argumentos que se sostengan, el único recurso que queda es tratar de engañar e infundir temor. Por eso el PP pretende jugar al tren de la bruja agitando el miedo a una supuesta “fuga de empresas” y a que se vaya a “quitar el dinero de los bolsillos” a la gente como resultado de una “subida de la presión fiscal”. Pues bien, en Castilla-La Mancha la única “fuga” que ha habido es la que han provocado quienes con sus políticas de recortes y austeridad han condenado a tantos y tantas jóvenes al exilio para escapar de la pobreza y buscar trabajo fuera de nuestra región y nuestro país. Y quienes realmente nos “quitan el dinero de los bolsillos” son quienes se lo entregan a los banqueros y especuladores que provocaron la crisis y nos echan de nuestras casas; quienes se lo dan a los duques por el hecho de ser duques; quienes se lo reparten en sobres. Esos son quienes nos “quitan el dinero de los bolsillos.” Esos son quienes nos roban.
Si se quiere plantear seriamente un debate sobre presión fiscal, lo primero que debe decirse es que la recaudación tributaria en relación al PIB en nuestro país es una de las más bajas de Europa, apenas un 38%, 7 puntos por debajo del promedio de la UE. Es decir, que estamos a la cola de la UE en ingresos públicos. En estas condiciones es bastante difícil que podamos aspirar a tener un Estado del Bienestar comparable al de los países europeos más avanzados, que, desde luego, cuentan con niveles de recaudación tributaria y de ingresos públicos notablemente más elevados. Claro que a algunos seguramente el sostenimiento del Estado del Bienestar les debe preocupar más bien poco porque de lo que se han ocupado, y a conciencia, es de desmantelar a base de recortes y privatizaciones el ya de por sí frágil Estado del Bienestar que habíamos logrado construir en nuestro país.
Pero la cuestión no es sólo cuánto se recauda, sino sobre todo cómo se recauda y de quiénes se recauda. Algunos tratan de plantear el debate engañosamente en términos de subir o bajar los impuestos, cuando de lo que se trata es de elegir entre mantener la política tributaria ineficaz y regresiva que han aplicado los gobiernos anteriores o implementar, en cambio, una política tributaria eficaz y progresiva, es decir, que persiga y castigue el fraude fiscal que, como sabemos, cometen principalmente las grandes fortunas y las grandes empresas; y que haga pagar más a quienes más tienen. Justo lo contrario de lo que han hecho quienes, en lugar de perseguir y castigar el fraude, lo han incentivado premiando a los grandes defraudadores con amnistías fiscales. Y justo lo contrario de lo que han hecho quienes, en lugar de aplicar una fiscalidad justa y progresiva, han concedido privilegios y bonificaciones a los más pudientes, suprimiendo o bajando los impuestos que permiten gravar a las rentas más altas, como los de patrimonio, sucesiones o sociedades, mientras a la gente de abajo nos subían el IVA mintiendo y engañando a la ciudadanía –primero el PSOE al 18% y después el PP al 21%-.
Cuando unos y otros hablan engañosamente de “bajar los impuestos”, lo que quieren decir y lo que hacen realmente es bajárselos a los más ricos. El gobierno de Rajoy, tras subir todos los impuestos imaginables incumpliendo flagrantemente su propio programa, aprobó poco antes de las elecciones una leve reforma fiscal para, según decían, “bajar los impuestos”, una rebaja que fue realmente para las rentas más altas en el IRPF y para los beneficios empresariales a través del impuesto de sociedades. Esta reforma, en beneficio de los más ricos, ha supuesto hasta el mes de noviembre de 2015, según datos de la Agencia Tributaria, una pérdida de recaudación de casi 5.900 millones de euros.
Y antes aún, el gobierno de Zapatero, que decía aquello de que bajar los impuestos era de izquierdas mientras nos subía el IVA, había reducido ya los tramos y la progresividad del IRPF y redujo también el impuesto sobre el patrimonio, lo que supuso que se pasara de recaudar 2.120 millones de euros por este impuesto en 2007 a poco más de 930 en 2013, un 56% menos. Es decir, con el engañoso discurso de “bajar los impuestos”, de nuevo en la práctica una rebaja fiscal para las rentas más altas y una pérdida de ingresos públicos que son imprescindibles para sostener los servicios públicos y derechos sociales, recortados también por el gobierno de Zapatero.
La propia Constitución Española, que se pretendió durante tanto tiempo intocable y que algunos, sin embargo, no dudaron en reformar para someterla a intereses privilegiados sin consultar al pueblo, establece clara y literalmente como principios básicos en su artículo 31 la igualdad y la progresividad fiscal: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad (…).” Principio de igualdad, es decir, que todos y todas deben contribuir, se apelliden López, Rato, Botín o Borbón, lo que es totalmente contradictorio con otorgar privilegios o premiar a los grandes defraudadores con amnistías fiscales. Y principio de progresividad, es decir, que cada quien debe contribuir de acuerdo con su capacidad económica, lo que es también totalmente contradictorio con bajar o suprimir los impuestos que permiten gravar a las rentas más altas mientras se suben una y otra vez impuestos regresivos como el IVA.
Lo que se propone desde Podemos en este debate no es otra cosa que aplicar una política tributaria inspirada en esos mismos principios constitucionales de igualdad y progresividad: perseguir y castigar el fraude y hacer pagar más a quienes más tienen; y no al contrario, como se ha hecho hasta ahora. En este sentido, se logró comprometer al PSOE en el acuerdo de investidura con el desarrollo de una reforma tributaria autonómica que pretende lograr un reparto más justo de la carga tributaria en nuestra región mediante un incremento de la progresividad del impuesto sobre el patrimonio, el tramo autonómico del IRPF y el impuesto de sucesiones y donaciones. Esta reforma supone en la práctica aliviar verdaderamente la presión fiscal sobre las rentas medias y bajas, reduciendo los tipos mínimos y medios del IRPF y eximiéndolas de los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre el patrimonio; y redistribuir la carga fiscal hacia arriba, incrementando los tipos superiores del IRPF, suprimiendo bonificaciones regresivas y recuperando el gravamen de los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre el patrimonio, que son los que permiten recaudar de las rentas más altas.
En la ley de medidas administrativas y tributarias que acompaña al proyecto de presupuestos que se presentó hace unos días en las Cortes se incorpora ya parte de esta reforma tributaria autonómica, en particular la reforma progresiva del impuesto sobre sucesiones y donaciones; y se incluye asimismo una reforma progresiva del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que recae también únicamente sobre las rentas más altas, además de la reducción o supresión de un gran número de tasas, que tienen generalmente un carácter regresivo. Y lo que no ha podido incluirse en estos presupuestos, por el retraso con que se han presentado, deberá incorporarse sin duda en los siguientes.
Y una reforma fiscal justa y progresiva, en definitiva, ¿para qué? Pues para aplicar en la práctica aquél principio ético de justicia social que decía que “de cada quien, según sus posibilidades; y a cada quien, según sus necesidades.” Es decir, para sostener el Estado del Bienestar y los servicios públicos y para garantizar los derechos sociales de la ciudadanía. Por eso el acuerdo entre el PSOE y Podemos para la tramitación parlamentaria de los presupuestos incluye compromisos adicionales a los del acuerdo de investidura orientados a recuperar y reforzar el empleo y los servicios públicos y seguir reduciendo progresivamente las derivaciones y conciertos en un cambio de tendencia que deberá profundizarse a lo largo de la legislatura. Porque el dinero de todos y todas debe servir para financiar los bienes y servicios comunes y que todos y todas podamos tener una vida digna.