El futuro de las familias del paraje de "Las Pedregosas" parece cada vez menos optimista. Después de que la justicia haya obligado al Ayuntamiento de Ciudad Real a demoler 19 casas por estar construidas en un terreno de uso agrícola y medio ambiental, los vecinos de las viviendas han mostrado su “desesperación” ante la inminente pérdida de sus hogares.

Una situación que comenzó hace una década, cuando los vecinos construyeron sus hogares en plena burbuja inmobiliaria. Por aquel entonces, los constructores desconocían la naturaleza de los terrenos, así que no vieron problemas en iniciar las obras.

Pero en 2008, la Justicia empezó a tomar acción en asunto, condenando a parte de los constructores a penas de hasta un año de cárcel. Posteriormente, desde el Juzgado de Ciudad Real, se aprobó un recurso de la Fiscalía en el que se ordenada 19 de esos constructores a demoler sus hogares y restituir los terrenos a su estado original.

En este sentido, Juan Francisco Lozano, uno de los afectados, se ha quejado de los “resultados dispares” de las sentencias. Lozano ha criticado que la Justicia permita que algunas edificaciones cercanas sigan en pie, algo que “convertiría el paisaje en un tablero de ajedrez” y no restauraría la anterior situación de los terrenos.

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Los vecinos ya no saben qué hacer

Por su parte, el portavoz de los afectados, José Antonio Campos, ha denunciado la trágica situación de los vecinos, que, en sus propias palabras, “ya no saben qué hacer”. El portavoz ha explicado que los vecinos “podrían perderlo todo”. En algunos casos incluso, los vecinos se quedarían en la calle, ya que seis de ellos solo tienen esas casas como única vivienda.

Todo ello, a pesar del esfuerzo y las muestras de “buena voluntad” que han tenido con la justicia y las administraciones. La última de ellas ha sido la presentación de un plan de urbanización de la zona, que solo costaría 8.000 euros y podría normalizar la situación. Además, han hecho un llamamiento a profesionales especializados para que “les echen una mano”, y han empezado una recogida de firmas en change.org que ya ha conseguido un millar de apoyos.

El Ayuntamiento busca soluciones alternativas para los vecinos

El asunto ha causado una fuerte preocupación en el Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real, que se encontró con la orden de ejecutar la demolición al poco tiempo de llegar al poder, para lo que ha tenido que consignar 385.000 euros en el presupuesto municipal.

El concejal de Urbanismo, Alberto Lillo, criticó que el anterior Gobierno, liderado por el PP, no haya buscado ninguna solución, y se limitara a dejar pasar el tiempo hasta agotar cualquier vía de resolución. Es por eso que “la situación es muy complicada”, y ha recalcado que “no les queda otra opción que obedecer a la justicia”.

Aun así, el Ayuntamiento está “haciendo todo lo posible”. Según han indicado las fuentes municipales, el objetivo sería “ralentizar y pausar” el proceso. Mientras tanto se negociaría un cambio en la naturaleza de los terrenos, algo que daría un respiro a los afectados.

Para ello, la alcaldesa de la ciudad, Pilar Zamora, ha celebrado varias reuniones con los abogados de los constructores, la presidenta de la Audiencia Provincial y la Consejería de Agricultura,