Castilla-La Mancha dará un paso más hacia el laicismo. Después de anunciar el congelamiento de la financiación pública a los colegios concertados, en su mayoría gestionados por la Iglesia Católica, el Partido Socialista y Podemos emprenderán otra medida con la que se separará progresivamente a la religión de los servicios públicos.
La iniciativa, que fue introducida por la formación morada en el pacto de investidura, fue presentada este viernes en las Cortes por el diputado de Podemos David Llorente y la portavoz socialista Blanca Fernández.
En la proposición, hacen referencia a la Ley de Libertad Religiosa, en la que se estipula que “se debe garantizar el derecho a recibir atención religiosa a cualquier confesión sin discriminación de ningún tipo”. Los dos partidos han manifestado que “con el arraigo creciente de otras confesiones religiosas, se mantiene una situación de discriminación”, al estar solamente financiados por la región los capellanes católicos.
En el documento, también explican que mantener la asistencia religiosa solamente para los católicos, acordada en 1985 entre España y El Vaticano, “tiene un gasto de 425.470 de los Presupuestos”, una inversión que “resta capacidad a la atención sanitaria del resto de ciudadanos, algo que discrimina a las personas de otras confesiones y a las que no procesan ninguna religión.
De esta forma, garantizar la libertad religiosa sin el grado de discriminación actual. Por tanto, en cuanto la iniciativa sea aprobada, se suspenderán todos los acuerdos en los que se ofrezcan servicios religiosos en lugares públicos, ya sean hospitales, escuelas o edificios públicos de otra índole.
