García-Tizón intenta justificar el uso personal de los pisos en los que derrochó 400.000€

El expresidente de la Diputación de Toledo, Arturo García-Tizón, ha intentado justificar a los medios de comunicación el uso personal que le dio a los pisos de la calle Cardenal Cisneros, en los que destinó 400.000€ del erario público.

En un alarde de caciquismo, el antiguo presidente de la Diputación de Toledo, Arturo García-Tizón, justificó el uso personal de los pisos de la calle Cardenal Cisneros, en los que despilfarró unos 400.000€ públicos y utilizó para ver procesiones con familiares y personas afines al Partido Popular.

Tras comparecer en la comisión de investigación a la que está siendo sometido, García-Tizón aseguró que, al ser en aquel momento presidente de la Diputación, tenía el derecho para utilizar esos pisos cuando quisiera. “Podría haber hecho uso de esos pisos de manera permanente, y, aun así, habría actuado dentro de la legalidad”, espetó el dirigente conservador.

Así lo puso de manifiesto ante la prensa, a la que insistió en que no había motivo alguno para que estuviera siendo juzgado. El presidente del PP en Toledo enfatizó que “era una vivienda de Presidencia usada por el presidente, como por otros presidentes anteriores".

“Un juicio político” liderado por un “estalinista”

Igualmente, el que fuera secretario general de Alianza Popular, ha vuelto a usar el recurso del totalitarismo para atacar la legitimidad de la comisión de investigación. Si ya había acusado al PSOE, a Ciudadanos y a IU de utilizar métodos estalinistas como los de la Stasi y la KGB, Tizón volvió a arremeter contra la formación liderada por Albert Rivera.

En esta ocasión, acusó a Ciudadanos y a su coordinador regional, Antonio López, de haber propiciado un “juicio político sobre la actuación del anterior equipo de Gobierno para justificar lo injustificable”, que según Tizón sería el apoyo del partido naranja a los socialistas en lugar de al PP, lo que calificó de “fraude electoral.

Para terminar, se quejó de que la Presidencia de la Comisión, ostentada por López, haya reclamado el pasado lunes que el jueves a las 12.00 horas el Grupo Popular tuviera que presentar sus conclusiones para debatirlas el 8 de marzo.  "Choca que se marque un plazo de 72 horas pero que luego la Comisión disponga de cinco para estudiar esas conclusiones", ha criticado.

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