Un alcalde del PP en Guadalajara recomienda cazar perros mediante una ley de Cospedal

Según ha podido informar el círculo de Podemos Animalistas en Castilla-La Mancha, el alcalde de Tórtola de Henares, comunicó en un Bando municipal a los cazadores de la zona que podían abatir a unos perros asilvestrados que habían aparecido en el término municipal.

El círculo de Podemos Animalistas en Castilla-La Mancha denunció hace una semana a través de su cuenta de Twitter que el pueblo de Tórtola de Henares, situado en la provincia de Guadalajara, autorizó en un Bando a los cazadores del lugar que mataran a unos perros asilvestrados que aparecieron en el término municipal.

El comunicado, que está firmado por el alcalde del municipio y cuenta con el beneplácito de la Dirección Provincial de Medio Ambiente, explica que “transcurrido veinte días desde la fecha del Bando (9 de marzo), sin que ninguna persona haya manifestado la propiedad de los perros […] se dará cuenta a la Dirección provincial para que pueda autorizar su captura o muerte”.

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La ley de Caza que firmó Cospedal permite abatir mascotas

Pero, ¿cómo es posible que se haya llegado a este punto? ¿Quién ha podido permitir que actualmente sea legal asesinar a animales que no estén vinculados al pseudodeporte de la cinegética? La respuesta está en María Dolores de Cospedal y el anterior Gobierno autonómico.

En 2014, la Administración del PP en Castilla-La Mancha aprobó en solitario y sin ningún tipo de consenso una nueva ley de caza, que solo contó con el apoyo de los grandes terratenientes y de parte del sector dedicado a la cruenta práctica de la caza. Entre otros aspectos, la nueva ley permite a los cazadores asesinar a animales domésticos que se consideren asilvestrados, incluyéndose en esa lista a perros y a gatos.

En concreto, el artículo que permite está barbaridad es el 7.5, que estipula que los animales domésticos asilvestrados podrán ser abatidos por los cazadores de la zona en caso de que supongan un peligro sanitario o ecológico, con la previa autorización de los organismos provinciales y otras autoridades competentes.

El artículo, al igual que otros muchos de la legislación de caza en Castilla-La Mancha, ha sido denunciado por la Administración General del Estado. Entre otros motivos porque los animales domésticos están protegidos bajo la Ley de Protección Animal, que impide a los cazadores encargarse de estos animales. Además, esta legislación estatal indica que los animales deben ser capturados vivos para posteriormente ser puesto a disposición de su dueño o de una protectora de animales.

En caso de que se consiguiera asesinar a esos animales, que según las organizaciones ecologistas podrían ser mascotas perdidas o abandonadas, los verdugos también pasarían por las leyes nacionales, las cuales condenan el maltrato animal.

Además, la ley cuenta con otro punto bastante polémico, el cual autoriza a los cotos de caza colocar de forma sistemática lazos y trampas. Este punto ha sido criticado por organizaciones favorables a los derechos de los animales como Ecologistas en Acción, que explica que en estas trampas “también caen especies protegidas y animales domésticos, que pueden sufrir con estas trampas estrangulamientos, heridas y golpes de calor”.

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