Un ayuntamiento del PP en Guadalajara pide autorización para matar perros vagabundos

Según ha informado el círculo castellano-manchego de Podemos Animalistas, el regidor de Tórtola de Henares, Martín Vicente, ha emitido una solicitud para que se autorice la captura o muerte de los perros errantes asilvestrados que se encuentran en este término municipal.

El Bando firmado por el alcalde de Tórtola de Henares no deja margen alguno para su interpretación. A través de este, el regidor de dicha localidad guadalajareña, el ‘popular’ Martín Vicente, ha informado que, tras ser conocedor de la existencia de perros errantes asilvestrados en su municipio, ha decidido ampararse en la disposición cuarta de la Ley 7/90 del 28 de diciembre, referente a la Protección de Animales Domésticos de Castilla-La Mancha, para solicitar que la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural autorice la captura o muerte de estos animales.

En este sentido, el círculo castellano-manchego de Podemos Animalistas no ha tardado en vincular esta decisión con el hecho de que la actual normativa de caza autonómica deja abierta la posibilidad de que se produzcan este tipo de situaciones cruentas. Y es que aunque el edil conservador cita en su escrito la disposición cuarta de una legislación de la década de los noventa, el procedimiento que está llevando a cabo es el de la Ley 3/2015, de 5 de marzo.

Para ser más claros, el alcalde del PP ha solicitado la autorización para matar a estos perros al órgano provincial, una fórmula de actuación que realmente viene detallada en la polémica Ley de Caza que fue aprobada durante la legislatura de María Dolores de Cospedal: “Los animales domésticos asilvestrados no tendrán la consideración de piezas de caza. No obstante, podrán ser abatidos o capturados por razones sanitarias, de daños o de equilibrio ecológico, previa autorización del órgano provincial, donde se especificará los medios de captura a utilizar, que en cualquier caso, serán selectivos y no actuarán en perjuicio de otras especies o de sus hábitats”.

Sin embargo, Martín Vicente ha retorcido la interpretación de la normativa para asociar su petición con la protección de los animales domésticos, algo que de ser así debería haber sido notificado directamente a la Consejería de Agricultura del Ejecutivo de Page, ya que de esta forma lo recoge el punto siguiente de la disposición que el alcalde señala en su escrito. Un trozo de texto que el regidor ha optado por suprimir,  puesto que no aparece en ninguna parte su Bando.

Bando del alcalde de Tórtola de Henares | Fuente: Podemos Animalistas de Castilla-La Mancha

La legislación de Cospedal permite matar perros y gatos

En 2014, el Gobierno de Castilla-La Mancha que comandaba el Partido Popular aprobó en solitario y sin ningún tipo de consenso una nueva Ley de Caza. Entre otros aspectos, la nueva legislación abrió la puerta a que los cazadores asesinaran a animales domésticos que se consideren asilvestrados, incluyéndose en esa lista a perros y a gatos.

En concreto, el artículo que permite esta práctica es el 7.6, que estipula que los animales domésticos asilvestrados podrán ser abatidos por los cazadores de la zona en caso de que supongan un peligro sanitario o ecológico, con la previa autorización de los organismos provinciales.

El artículo, al igual que otros muchos de la legislación de caza en Castilla-La Mancha, ha sido denunciado por la Administración General del Estado. Entre otros motivos porque los animales domésticos están protegidos bajo la Ley de Protección Animal, que impide a los cazadores encargarse de ellos. Además, esta legislación estatal indica que dichos animales deben ser capturados vivos para posteriormente ser puesto a disposición de su dueño o de una protectora.

Por esta razón, en caso de que se atienda la petición para autorizar la matanza de esos perros, que según las organizaciones ecologistas podrían ser mascotas pérdidas o abandonadas, los cazadores podrían pasar por las leyes nacionales, las cuales sí condenan este tipo de maltrato animal.

Además, la actual legislación castellano-manchega cuenta con otro punto bastante polémico, el cual autoriza a los cotos de caza colocar de forma sistemática lazos y trampas. Este punto ha sido criticado por organizaciones favorables a los derechos de los animales como Ecologistas en Acción, que explica que en estas trampas “también caen especies protegidas, que pueden sufrir con estas trampas estrangulamientos, heridas y golpes de calor”.

El alcalde dice que la iniciativa es de la Dirección Provincial

Por su parte, Martín Vicente ha emitido un comunicado para negar que desde el Ayuntamiento de Tórtola de Henares se haya dado autorización para matar perros vagabundos. Concretamente, el primer edil de este municipio alcarreño ha señalado que la iniciativa de publicación de un Bando, en el que se hace referencia a la existencia de perros asilvestrados en este término municipal, viene determinada por el cumplimiento, por parte del Ayuntamiento, de una solicitud de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Sobre este asunto, el alcalde ha dicho que “este ayuntamiento no tiene competencia alguna en relación con la autorización para la captura o muerte de perros asilvestrados".

Escrito de la Dirección Provincial | Foto: Ayuntamiento de Tórtola de Henares

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