Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado, con el voto en contra de los diputados del PP, la proposición no de ley del PSOE y Podemos relativa a la libertad para recibir atención religiosa, que insta al Gobierno central a suspender la obligación de las autonomías de financiar con dinero público servicios religiosos.
Concretamente, la iniciativa pretende garantizar la libertad de cualquier persona a recibir atención religiosa "sin discriminación de ningún tipo", por lo que los socialistas y la formación morada han conseguido pedir oficialmente que se suprima cualquier disposición derivada de acuerdos internacionales por los que son las comunidades autónomas las que deben financiar los servicios religiosos en el ámbito de la sanidad, la educación y el bienestar social.
Podemos defiende la iniciativa y critica la amnesia del PSOE
En la defensa de este texto, el diputado de Podemos, José García Molina, ha tranquilizado a los ciudadanos explicando que la propuesta no busca "eliminar para quien los desee o demande" esos servicios, sino debatir "si con el dinero público hay que pagar un servicio para una sola confesión", abogando en que habría que suspender, modificar o revisar los acuerdos existentes.
"Fe, libertad religiosa y presupuestos tienen que caminar por caminos separados", ha abundado en su argumentación García Molina, que ha detallado que la región paga unos 425.000 euros por prestar esa asistencia religiosa, derivados de los acuerdos transferidos. Un asunto que abordó en su reciente reunión con el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, el diputado de Podemos, que cree que la iglesia "tiene medios suficientes como para atender esa demanda".
En su reflexión, el también líder de Podemos en Castilla-La Mancha ha citado al evangelista Lucas y al papa Francisco, cuando hablan de no servir a la vez a Dios y al dinero, y ha criticado los "problemillas de amnesia" que tiene el PSOE sobre sus programas electorales y lo que plasma en ellos de acuerdos con la Santa Sede, ya que llegado el momento "no han metido mano al asunto".
El mensaje de tranquilidad de los socialistas
En términos similares se ha expresado la parlamentaria socialista Blanca Fernández, que ha iniciado su intervención enviando un "mensaje de tranquilidad" porque esta iniciativa "no persigue quitar a sacerdotes y capellanes de hospitales ni residencias", algo que sería "un acto injusto o inhumano".
"Si quisiésemos privar de asistencia religiosa a quienes lo necesitan sería un acto injusto e incluso inhumano. Si pretendiésemos privar de atención religiosa a los ciudadanos de Castilla-La Mancha no mereceríamos el nombre de demócratas ni socialistas", ha agregado Fernández quien ha acusado al PP de ser "cruel e injusto" por tratar con "demagogia" este asunto.
Además, Fernández se ha dirigido directamente a la bancada ‘popular’: "Se confiesan católicos en su mayoría, pues les digo que mentir incumple el octavo mandamiento de la ley de Dios". Y ha agregado que "sin ser conscientes de ello, en el PP están poniendo en una posición difícil a la Iglesia" ya que ha opinado que aunque esa atención religiosa no se pagara con dinero público "ninguna confesión" dejaría de prestar el servicio.
El Partido Popular califica la propuesta como “dañina”
Desde el Partido Popular, su portavoz Francisco Cañizares ha acusado a la parlamentaria socialista de "mentir" ya que el texto debatido no busca renegociar nada sino suspender, y ha argumentado que, a diferencia de Podemos, el PSOE "no puede decir que se haya enterado ahora de que se pagaba esto" porque "los acuerdos los firmaron ellos" y las transferencias sanitarias venían con eso incluido.
"Ahora lo que surge es una serie de pactos de izquierda que recuperan viejos fantasmas del pasado", que, a su juicio, tiene su "máxima representación" en el Ejecutivo socialista que preside Emiliano García-Page.
Cañizares ha concluido su intervención lamentado que con esta "dañina" iniciativa conjunta, que en su opinión responde a "razones ideológicas que no tienen nada que ver con el funcionamiento de lo público y la gestión del dinero", se pida "que se elimine" y se "ataque parte de un derecho fundamental" de los ciudadanos de Castilla-La Mancha.
