Rajoy recurre la supresión de las 'horas Cospedal' ante el Tribunal Constitucional

El Consejo de Ministros ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la legislación de Castilla-La Mancha que establece la jornada laboral de los trabajadores públicos en 35 horas semanales.

Se han confirmado las sospechas del Gobierno de Castilla-La Mancha. Después de que fuentes del Ejecutivo de Emiliano García-Page desvelaran la semana pasada que el Gobierno de Rajoy iba a acabar recurriendo la supresión de las famosas 'horas Cospedal', el Consejo de Ministros ha acordado este viernes solicitar al presidente en funciones la interposición de dicho recurso de inconstitucionalidad.

Esta medida ha sido propuesta por el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas tras el fracaso de las negociaciones entre este y la Consejería de Hacienda regional, que desde el pasado mes de diciembre ha buscado llegar a un acuerdo con el Ministerio de Cristóbal Montoro para evitar que se recurrieran la jornada de 35 horas para los funcionarios públicos, algo con lo que ya había amenazado el Gobierno central en febrero.

No obstante, el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha ya aseguró que las negociaciones con el Estado no iban por el buen camino, pues las llegó a calificar como “un paripé”. Después de finalizar las conservaciones entre ambas partes, el Ministerio de Hacienda envió al vicepresidente autonómico una propuesta de acuerdo que no incluía la reducción de la jornada laboral, lo que levantó la alarma de los socialistas.

El acuerdo propuesto por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas considera que la ley aprobada por el PSOE y Podemos en la región ”contraviene lo dispuesto por el Estado a través de la Ley de Presupuestos Generales para el año 2012, dictada con carácter básico, por la que se establece que la jornada general de trabajo del personal del sector público no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en el cómputo anual”.

Según añade el acuerdo, esta solicitud de recurso ”se lleva a cabo después de que la negociación prevista en el artículo 33.2 de la Ley del Tribunal Constitucional haya sido infructuosa y tras avalar el Consejo de Estado que existen fundamentos jurídicos suficientes para interponer el recurso”.

Castilla-La Mancha habla de deslealtad

Tras conocerse este recurso, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, no ha tardado en calificar esta decisión como una “deslealtad absoluta”. Además, ha señalado que la Junta ni siquiera ha tenido oportunidad de hacer alegaciones al acta de la reunión que mantuvieron con el Gobierno en funciones.

Ante esta situación, Ruiz Molina ha resaltado que va a “defender con uñas y dientes desde el punto de vista jurídico” esta medida, ya que supone recuperar parte de los derechos que les fueron cercenados a los empleados públicos en la anterior legislatura del Partido Popular.

Por último, el consejero ha indicado que ha habido múltiples ocasiones, como ayer, en las que Mariano Rajoy ha estado en Castilla-La Mancha, visitas que podría haber utilizado para hablar con el presidente regional e informarle de su disposición de interponer este recurso, criticando también que se ha actuado con una “agilidad con la que no suele trabajar la Administración del Estado”.

Los socialistas critican esta “obsesión enfermiza”

Por su parte, la vicesecretaria y portavoz regional del PSOE, Cristina Maestre, ha criticado la ”obsesión enfermiza” de la presidente del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, contra los empleados públicos.

Para Maestre, resulta significativo que el Ejecutivo en funciones del PP ”sólo adopte medidas contra aquellos que quieren recuperar los derechos de los ciudadanos que los 'populares' han recortado, de manera brutal, durante todos estos años”.

Además, ha añadido que ”esta decisión va a repercutir negativamente en la oferta de empleo público que ha puesto en marcha el Gobierno regional y podría impedir la creación de nuevos puestos de trabajo”.

Podemos considera que este recurso es “lamentable”

“Indignante y lamentable”. Con estas palabras ha definido el diputado regional de Podemos, David Llorente, la decisión de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Castilla-La Mancha que establece la jornada laboral del 35 horas semanales entre los funcionarios.

Sobre este asunto, Llorente ha dicho que si ”el PP de María Dolores de Cospedal en la anterior Legislatura ya recortó drásticamente los derechos de los empleados públicos de la región, ahora el PP, desde el Gobierno en funciones, sigue empeñado en hacerles la vida imposible”.

Para finalizar, ha criticado que el Gobierno de Rajoy haya ”judicializado una cuestión como ésta, que responde a una decisión legítima de Castilla-La Mancha”.

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