A pesar de que María Dolores de Cospedal defendió severos recortes alegando que había que corregir los fuertes desequilibrios presupuestarios que sufría la región a causa de la gestión del anterior Gobierno, la mandataria popular no tuvo mucho éxito a la hora de mejorar la situación de las Administraciones públicas.
El Tribunal de Cuentas ha publicado recientemente el Informe de Fiscalización de esta comunidad autónoma, concretamente el referido al ejercicio del año 2013, aunque también ofrece algunos datos de los años posteriores de la legislatura de Cospedal. En dicho informe, se recogen fuertes desequilibrios presupuestarios, así como un gran número de irregularidades, el incumplimiento del déficit o falta de transparencia en las adjudicaciones de contratas públicas.
Para empezar, el texto hace referencia al control administrativo, destacando que durante el 2013, los créditos definitivos se elevaron a 7.700.254 miles de euros, con un incremento respecto de los iniciales de 347.122 miles de euros, lo que supone una significativa reducción respecto de 2012. Al no contar todas las modificaciones presupuestarias con financiación específica, se produjo un desequilibrio entre los créditos definitivos del presupuesto de gastos y las previsiones finales de ingresos por importe de 184.200 miles de euros.
Desde un punto de vista financiero, el desequilibrio provocado por los aumentos de créditos sin financiación podría derivar en la generación de déficits presupuestarios, dependiendo del grado de ejecución de los presupuestos de ingresos y gastos.
Tratando el aspecto de la contabilidad, el informe del Tribunal de Cuentas ha señalado que, del análisis de los registros contables se deduce que numerosos valores no son reflejo de los importes por los que aparecen en el inventario, en especial en los bienes que no son inmuebles de carácter administrativo o vehículos. Además, ha lamentado que el Gobierno de Castilla-La Mancha no integrara también las cuentas que no estaban sujetas a la contabilidad pública, algo que ha dificultado la labor del organismo fiscalizador a la hora de hacer el dossier.
El Tribunal de Cuentas también ha echado en falta que varias empresas públicas no realizaran una auditoría anual, algo que fue establecido por la propia Cospedal en los presupuestos de 2013. Asimismo, ha indicado que las cuentas de fundaciones y empresas como el Instituto Don Quijote o el Centro Tecnológico del Metal se entregaron fuera de plazo.
Uno de los datos más llamativos referidos a la contabilidad es el de las cuentas bancarias. El Tribunal de Cuentas ha explicado que, en 17 de ellas, la disposición de fondos podía realizarse por cualquiera de los titulares, y en otros 12 casos solo se contaba de una firma autorizada, lo que incumple la Ley de Hacienda vigente aquel año.
Además, el Tribunal ha denunciado que cuatro personas que ya no ocupaban los puestos que les habilitaban a operar con las cuentas bancarias, seguían figurando como autorizadas en dichas cuentas.
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas ha recriminado al anterior Gobierno del Partido Popular que no se establecieran los mecanismos de control y seguimiento financiero indicados en la Circular 1/2007.
Cuentas de empresas y fundaciones públicas
En cuanto a las cuentas de las empresas y fundaciones públicas, el informe del Tribunal ha informado de que la deuda del sector público empresarial con las instituciones de crédito ascendió a 363.830.000€.
El monto de esta deuda se ha incrementado principalmente al hecho de que las empresas Infraestructuras del Agua, Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A., el Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha y Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, S.A.U. no registraron la cancelación de su deuda con sus acreedores, por lo que esta fue asumida posteriormente por la Junta de Comunidades.
Las irregularidades de ‘TeleCospedal’ aparecen en el informe
Una de las entidades públicas que más aparecen en las críticas del Tribunal de Cuentas es la Radio y Televisión de Castilla-La Mancha, que durante años destacó por el incumplimiento de los derechos laborales y la manipulación mediática, así como por los suculentos sueldos que recibían los directivos del medio de comunicación, que también disponían de tarjetas opacas.
Pues bien, el informe ha sacado a la luz nuevos aspectos cuestionables de la gestión del ente público. Entre otros, destaca que las cuentas de RTVCM no se formularon de acuerdo a las normas de contabilidad pública, regidas por el artículo 106,4 de la Ley de Hacienda.
Asimismo, el Ente Público Radio-Televisión de Castilla-La Mancha no tenía reconocida una provisión para responsabilidades derivada del litigio con los trabajadores, siendo finalmente condenado por Sentencia 1306/2014, de 20 noviembre, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ni explicaba adecuadamente en sus cuentas el criterio de contabilización de las subvenciones recibidas de la Junta.
Otro dato a destacar que ofrece el informe es que el ente público no cumplió con la Ley de Presupuestos que aprobó el Gobierno de Cospedal en 2013, en la que se estipulaba que no se procedería a la contratación de nuevo personal sin un informe previo de la Consejería de Hacienda. La Radio Autonómica de Castilla-La Mancha, sin embargo, sí que realizó varias contrataciones durante ese ejercicio, no teniéndose constancia de que la empresa pública tuviera la autorización previa.
Cospedal no cumplió con los objetivos de déficit en dos años
Otro punto a destacar que ha resaltado el dossier del Tribunal de Cuentas es el del incumplimiento de la reducción del déficit. Según el informe “los objetivos de estabilidad y deuda fijados para el 2013 fueron del 1,3% del PIB regional”. Sin embargo, los datos del Ministerio de Hacienda de octubre de 2014 sobre el déficit de las comunidades autónomas, cifró el déficit de la región en un 2,09%, lo que supone un incumplimiento del objetivo del 0,79%.
El déficit del 2,09% del PIB regional se originó tanto por la declaración de inconstitucionalidad del impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente como por la regularización del IVA devengado en las obras ejecutadas por la Sociedad de Carreteras de Castilla-La Mancha. El importe de ambos hechos ascendía a 294 millones de euros.
El incumpliendo del objetivo de déficit de la Comunidad para 2013 supuso la presentación del Plan de Económico Financiero 2014-2015, que estableció un objetivo del 1%. Sin embargo, tampoco se consiguió cumplir con los objetivos aquel año, situándose las cifras del déficit en un 1,76% del PIB, según datos del Ministerio de Hacienda.
El pago a los proveedores se retrasaba hasta en 127 días
En 2013, el periodo medio de pago a proveedores por parte de la Comunidad Autónoma se sitúa en 127 días, sobrepasándose en todos los ámbitos, al igual que en el ejercicio anterior, el plazo máximo permitido en la Ley. Gran parte de las fundaciones que hacen referencia a la morosidad en sus cuentas recogen un aplazamiento de pago a sus proveedores superior al plazo máximo legal en la Ley.
Contrataciones sin justificar y adjudicaciones poco transparentes
Para el Tribunal de Cuentas, los órganos de contratación de la región, no justificaron con suficiente precisión y concreción los contratos adjudicados para el servicio público, al no establecerse criterios de adjudicación objetivos y precisos. Asimismo, el Tribunal se queja de las demoras injustificadas que se han producido en la ejecución de los contratos de obras, que en la mayoría de casos se han ampliado por inclemencias del tiempo.
Al igual que en años anteriores, el Tribunal criticó que el Ejecutivo de Cospedal utilizara criterios subjetivos a la hora de adjudicar las contrataciones en procedimientos abiertos, haciéndose “uso de métodos de valoración inadecuados, lo que resulta contrario a los principios de transparencia en la economía”.
En cuanto a los contratos en los servicios de Salud, el TC se ha quejado de que Cospedal realizase un total de 30.575 contratos sin la autorización prevista en la Ley autonómica 1/2012. De esos contratos, casi el 11% no tenían relación directa con la asistencia sanitaria.
Para finalizar, el Tribunal de Cuentas ha criticado la pasividad del Gobierno de Castilla-La Mancha a la hora de seguir los consejos del organismo para mejorar la gestión, indicando que “no se habían desarrollado las recomendaciones de los cursos anteriores”.
