Hemos oído insistentemente en los últimos años que toda inversión en cultura es un gasto innecesario y por lo tanto prescindible. Desmantelar el sector público es el objetivo y el argumento el “clientelismo de la cultura”, lugar común recurrente que ha vuelto con fuerza en estos años de crisis económica. A su vez este sistema “ha servido para la consolidación de élites” por lo que los argumentos para desmantelar la inversión pública no solo proceden de las filas neoliberales sino de sectores sociales progresistas. Así hemos llegado a una reducción drástica de la inversión publica en materia cultural “[…] los presupuestos oficiales desde 2009 muestran recortes sucesivos anuales hasta 2014 (desde los 1.284 millones de euros a los 716,40 millones de euros) que acumulan una pérdida del 44,21% en cinco años.”
En marzo del 2015 elaboramos un breve informe de la situación de la cultura en España basado en los Anuarios del SGAE, en los informes anuales y sectoriales de la Fundación Alternativas y del Observatorio de Cultura de la Fundación Contemporánea; ha transcurrido más de un año y más de 5 desde que la Fundación Alternativas elaboró el primer informe general publicado a finales de 2011. En el segundo informe del 2014 se visibilizaron las peores predicciones. Según el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea, las disminuciones presupuestarias encadenadas en los últimos seis ejercicios son: 2010 (respecto a 2009) - 21,3 %; 2011 (respecto a 2010) - 17,6 %; 2012 (respecto a 2011) - 18,9 %; 2013 (respecto a 2012) - 15,1 %; 2014 (respecto a 2013) - 5,9 %; 2015 (respecto a 2014) - 0,1 %.
Las políticas culturales deben situarse en el centro de las políticas públicas y mucho más en tiempos de crisis. La cultura garantiza el pensamiento crítico, garantiza una sociedad informada y reflexiva y es un elemento integrador. Por lo tanto la cultura debe entenderse como un bien común y un derecho y debe defenderse la inversión pública para garantizarlo.