La Junta de Castilla-la Mancha acaba con otra de las herencias del mandato de Cospedal. El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, anunció el pasado martes que se ha derogado de forma definitiva uno de los decretos que realizó el Partido Popular, con los que se llegó a beneficiar una de las diputadas de la formación conservadora.
En concreto, se trata del decreto firmado en febrero de 2015 que declaró “de interés regional” la transformación en regadío de un total de 852 hectáreas de secano situadas en la pedanía de Cancarix, muy próximas al municipio albaceteño de Hellín.
En este sentido, Martínez Arroyo ha afirmado que el Gobierno ha acordado aprobar el recurso para suspender el decreto de Cospedal porque los regadíos “no respondían al interés social que habría motivado su declaración como interés regional”. Arroyo explicó durante la rueda de prensa que “aquello no se hizo bien”, y se ha comprometido a trabajar para que “se utilice el agua de manera más adecuada, de forma que sirva a los fines sociales para los que está prevista”.
Un pelotazo que beneficiaba a los terratenientes y a una diputada del PP
Y es que, como ha defendido el Gobierno regional, poco tenía este decreto de social. A pesar de que el portavoz del Ejecutivo de Cospedal, Leandro Esteban, señaló en su momento que el decreto acabaría suponiendo una revitalización para el sector agrícola en la zona de Hellín, la verdad es que este se acabó convirtiendo en un suculento negocio para unos pocos.
Los mayores beneficiados de la declaración como “de interés regional” de la pedanía de Cancarix fueron únicamente los accionistas del Servicio Agrario de Transformación “Regadíos del Sur de Hellín”, que posteriormente pasaría a llamarse Agrícola Cancarix S.A. En esta empresa destaca el papel la relación que tiene con el Partido Popular, siendo una de sus principales accionistas la ex diputada del PP, Maravillas Falcón.
Igualmente, la familia de la antigua diputada popular es propietaria al completo de la empresa que se habría encargado de convertir las tierras de esa zona de secano a regadío, siendo el hermano de la ex diputada popular, Antonio Falcón, el presidente de la entidad.
Los regantes de las zonas de Agramón, La Horca y Minateda, se quejaron en su momento de que 2,5 hectómetros cúbicos de agua fueran a acabar en manos de “potentes mercantiles y grandes terratenientes y de una familia muy influyente a nivel político”, como es el caso de la familia Falcón Ducal.
También cabe destacar el aumento del patrimonio que supuso la aprobación del decreto para la familia Falcón Ducal. En aquel momento, una hectárea de secano costaba 1.800€ de media, mientras que una de regadío se situaba entre los 16.000€ y los 18.000. Por tanto, con la medida de Cospedal, la familia cercana al Partido Popular habría conseguido multiplicar por 10 su patrimonio.
No cumplía con la normativa europea de regadíos
Otro de los motivos que causó la indignación de los agricultores tras conocer el decretazo de Cospedal era la inviabilidad de la transformación de esos terrenos de secano a regadío. Mientras los regantes tenían que aguantar la pertinaz situación de sequía, el alcalde de Hellín, Ramón García, llegó a relatar que el proyecto apoyado por Cospedal era “irrealizable”, ya que las hectáreas de la pedanía de Cancarix se encuentran “muy dispersas” entre sí, lo que conllevaba realizar unos gastos excesivos en infraestructuras para conseguir el acceso de los agricultores al agua”.
De la misma forma, destacaba la incompatibilidad del proyecto de regadío con las normativas vigentes. Según uno de los regantes afectados; José Manzanedo, la medida “no se ajustaba al Derecho” al incumplir el Plan de Cuenca, la Directiva Europea del Agua y el Plan Nacional de Regadíos, ya que, en estas normativas, las Administraciones deben velar por el interés de los cultivos sociales e “infradotados”.
