En nuestros dos años de existencia, venimos escuchando de manera muy activa las demandas de colectivos de agricultores y ganaderos particularmente afectados (como los productores agroecológicos de Guadalajara); de los sindicatos agrarios y las plataformas rurales (donde trabajan codo a codo con entidades ecologistas y conservacionistas, construyendo puentes entre mundo rural y urbano).
Nos han facilitado sus diagnósticos y propuestas, nos han puesto en contacto con los investigadores universitarios y expertos de las distintas administraciones que consideran de confianza. Felizmente hay mucha gente bien formada y preocupada por el futuro del mundo rural, que insisten en recordarnos que ante una crisis que puede tener consecuencias todavía poco ponderadas, hay que intervenir de manera urgente con un rescate del mundo rural. Una propuesta en forma de gran pacto en una Política de Estado, que contaría con un amplio respaldo de la sociedad española, que quiere un mundo rural Vivo porque todavía los pueblos están en los corazones de mucha gente que vive en las ciudades, que todavía tienen allí familiares o viviendas donde pasan los veranos.
Todo el mundo coincide en dos cosas. La primera, la despoblación es la mayor evidencia del fracaso del modelo económico, territorial y de las limitaciones impuestas a la administración local. Hace poco realizamos unas jornadas sobre Revitalización demográfica y rejuvenecimiento social y económico del medio rural en Sigüenza, donde los expertos nos recordaron que la despoblación afecta a más de la mitad del territorio nacional (254.000 km2 de 504.000). Se insistía en una imagen: “Los pueblos van quedando abandonados como cadáveres de una batalla económica sin fin”, simplemente considerados espacios no rentables, donde familias y comunidades tienen creciente dificultad para vivir con recortes que afectan a la sanidad, educación, movilidad y prestaciones sociales.
¿Puede ser sostenible un país con un mundo rural así de degradado y deteriorado? Que tengamos 105 comarcas en la UVI de la despoblación (con 3 de los 47 millones de habitantes), que pueden convertirse en desiertos poblacionales, nos abre una agenda de problemas a futuro muy serios para el conjunto del país. Porque estos territorios albergan nuestros recursos naturales fundamentales como el agua, que lo convierten en despensa (producción alimentaria) y el pulmón del país (bosques) y sin olvidar el patrimonio cultural (el 90% es rural) y el 100% de nuestra biodiversidad (la más rica de Europa). Hoy ya se pierden tierras agrarias y paisajes (más de 600 hectáreas diarias en la última década), lo que pone en riesgo ecosistemas y patrimonios. Si no hay gente, la presencia de la administración se achica; el territorio será controlado por quienes lo están comprando (multinacionales y fondos de inversiones), estará cada vez en manos de privados sin control del Estado.
Cuidar estos recursos de todos sin una población viviendo sobre el territorio es prácticamente imposible. Y hoy por hoy, esta custodia de facto no está valorada. Si se me permite la metáfora: estamos obligados a establecer el “sistema de riego por goteo”, que aproveche los importantes recursos públicos todavía disponibles, para garantizar el mantenimiento de una red de custodia del territorio lo más tupida y estratégica posible, que integre de la mejor manera al conjunto de la población rural.
Un segundo punto donde coinciden responsables de entidades y expertos es en el problema del clientelismo-caciquismo, que parece haberse recrudecido en las últimas décadas de burbuja inmobiliaria y de retroceso de los recursos europeos. Lamentablemente, a lo largo de las últimas décadas democráticas, no se ha realizado un esfuerzo sostenido necesario para superar la cultura política que nos legó una larga dictadura. Tampoco se terminó de reconfigurar el modelo de administración local perfilado en la Constitución del 78, todavía dependiente desde el punto de vista financiero, que somete a los ayuntamientos a la voluntad de aparatos partidarios cada vez más preocupados en exclusiva por su propia supervivencia.
La metodología de asignación y reparto de los distintos fondos de los programas europeos de desarrollo rural y sostenibilidad (LEADER, FEDEAR, RED NATURA), incluso la dedicada a las ayudas directas a la agricultura (PAC), tendrían efectos más beneficiosos si las instituciones se apoyasen en una ciudadanía más activa y participativa. De hecho, son exigencias de una normativa europea, para informar más y mejor sobre las necesidades de la gente, para que participe mejor en las soluciones y fiscalice el manejo de los fondos públicos.
Pero no ha sido así, sino más bien todo lo contrario: la participación tiende a ser limitada y falseada, debido al control de un responsable institucional que puede manear las instituciones a su antojo. Los manejos oscuros y las formas autoritarias y excluyentes, los comportamientos descarados y las apropiaciones indebidas tienen un grado de evidencia que llega a ser vox populi en algunas localidades. El presidente de la Diputación o el consejero del gobierno autonómico fuerza el “vasallaje” de los alcaldes, que dependen de transferencias muchas veces discrecionales y ayudas graciables (según color político y grado de obediencia a los aparatos); un alcalde o el gerente comarcal de un proyecto puede, o no, dar trabajo o repartir ayudas, incluso asfaltarle la calle o ponerle el alumbrado, según lo “leal” o lo “molesto” que pueda ser un vecino desde su interesada perspectiva. Además, los técnicos y administrativos contratados en esos proyectos, muchas veces son forzados a hacer campaña para los partidos como se pudo ver en la prensa andaluza en los últimos años. Tristemente, en muchos pueblos alcarreños hoy podemos ver a los empleados municipales pegando carteles o colgando pancartas, sea el alcalde socialista o conservador.
Creemos que lejos de ser una “enfermedad incurable”, consecuencia inevitable de la modernización, el retroceso del mundo rural es un fenómeno principalmente político. La España vacía está todavía desvertebrada porque existe una coalición de intereses, miope e insostenible, presa de una manera excluyente de hacer las cosas, incapaz de pensar de forma más integrada el futuro común de estas zonas de despoblación; que existen en casi todas las comunidades autónomas. De hecho, en todos los países europeos, mucho más avanzados, el mundo rural logra sobrevivir, incluso superando la calidad de vida de muchas ciudades.
Hace falta construir un modelo territorial para nuestro mundo rural. En todos lados existe gente consciente y comprometida con esta idea: nuevos y viejos agricultores y ganaderos, que pueden estar afiliados (o no) a los diferentes sindicatos, pero que están asociados en proyectos concretos de innovación y cambio. En muchos pueblos pequeños nos encontramos alcaldes sinceramente preocupados, abiertos a nuevas ideas, sean del PP o del PSOE, pero lo que los caracteriza es ser los “pepitos grillo” de las cúpulas provinciales y regionales que creen beneficiarse del viejo sistema.
Desde Podemos creemos en la necesidad de adoptar un nuevo marco con el que impulsar una regulación e intervención que haga factible promover la innovación sociotecnológica y la reforma político administrativa estratégicas que conviertan a los habitantes del mundo rural en despoblación en cuidadores de nuestros mayores, de nuestros recursos naturales y de patrimonios culturales; con iniciativas que les permitan tener una calidad de vida digna en los pueblos. Existe una base normativa interesante, la ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que contiene un diagnóstico y una propuesta inicial que cuenta con un amplio consenso entre los actores más avanzados de la sociedad civil rural. A lo que hay que añadir un cambio en la financiación local, con una verdadera Ley de Bases del Régimen Municipal que permita superar la perniciosa recalificación de terrenos y la ayuda graciable de la red clientelar. Fueron cuestiones planteadas por los socialistas en el gobierno Zapatero, pero que no pudieron sacar adelante por las crisis y la inercia de los intereses creados. Para ello se requiere la energía regeneradora de una fuerza política como la de Unidos Podemos que, libre de ataduras, ponga las instituciones de nuevo al servicio de las mayorías sociales y del interés general.