A pocos meses de su juicio, que tras ser aplazado tendrá lugar en octubre, y a menos de una semana de las elecciones generales, el alcalde de Villar de Saz, José Luis Valladolid, ha solicitado su baja como militante del Partido Popular. El regidor del municipio conquense ha defendido esta postura para evitar dañar la imagen de la formación conservadora.
Valladolid fue llamado a juicio en mayo después de ser demandado por la portavoz socialista Cristina Maestre a causa de un delito de vulneración del derecho al honor. El regidor llamó a la portavoz del PSOE “puta barata podemita” en Facebook, publicando dicho comentario en una noticia de un medio de comunicación regional.
En dicha noticia Maestre pedía a los 'populares' que "se dejara trabajar al Gobierno de Emiliano García-Page". Frente a estas palabras de la portavoz, Valladolid aseguró que el PSOE quería gobernar en Castilla-La Mancha porque “llevaba cuatro años sin robar y son colocar a dedo a todos los ‘lamepollas’ del PSOE”.
Maestre pidió que el regidor fuera cesado
Tras esto, Cristina Maestre anunció inmediatamente que iniciaría acciones legales contra José Luis Valladolid, argumentando que las palabras del alcalde suponían unas “injurias muy graves”. Igualmente, afirmó que eran unas declaraciones “misóginas”, y pidió al PP que lo cesara de forma fulminante.
El alcalde intentó reducir la gravedad de este suceso pidiendo disculpas y asegurando que "se calentó un poco”. Finalmente el juzgado de primera instancia de Daimiel terminó por aceptar la demanda de Maestre, en la que exigía una indemnización de 8.000€ por los daños provocados, que serían donados a asociaciones de mujeres. Valladolid tendría que haber ido a juicio este mismo miércoles, pero finalmente se ha aplazado al mes de octubre debido a que la defensa del regidor conquense ha alegado que padece actualmente problemas de salud.
El PP se limitó a abrir un expediente
A pesar de la gravedad que suponían las declaraciones de José Luis Valladolid, el Partido Popular no tomó acciones contundentes contra el regidor de Villar de Saz, más allá de algunas declaraciones por parte de las caras visibles del partido cuando el caso tuvo cierta relevancia mediática.
Fue el caso del ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, que consideró las palabras de Valladolid “injustificables”, al introducir el “desprecio por razón de género”. También se sumó a las críticas el vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto, que opinó que sería mejor “depurar cuanto antes” al alcalde de la militancia del Partido Popular.
Sin embargo, las palabras de ambos se quedaron en papel mojado. El PP se limitó a abrirle un expediente, pero desde entonces el Comité de Garantías no ha tomado ningún tipo de medida, dándose finalmente la paradójica situación de que el propio Valladolid haya abandonado su militancia de forma voluntaria.
