Opinión

El regadío de Cogolludo: 20 años de promesas incumplidas y despilfarro de dinero público

Volvimos a comprobarlo este pasado sábado en Cogolludo, donde estuvimos conociendo de primera mano la problemática de la obra de construcción y mejora del regadío proyectado en la zona. El nombre de este pueblo de Guadalajara saltó al debate regional cuando el PSOE trató de culpar a Podemos de impedir la finalización de su regadío al haber formulado una enmienda a los presupuestos regionales, aprobada por las Cortes, para compensar el recorte de primas a la agricultura ecológica. Esta enmienda redistribuye una parte del presupuesto destinado a regadíos hacia la agricultura ecológica, manteniendo en la partida para regadíos aproximadamente 2,4 millones de euros, la misma cantidad asignada en los presupuestos de 2015, similar a su vez a la de años anteriores. Es decir, que la aprobación de la enmienda no supone ningún recorte en esta partida respecto de lo presupuestado anteriormente.

En Cogolludo nos entrevistamos con agricultores locales, que no dudaron en aportarnos información detallada sobre el desarrollo y la situación de este proyecto, que se formuló como promesa electoral por primera vez en 1995, hace ya más de 20 años, aunque no sería hasta 2001 cuando la Consejería de Agricultura comenzó a impulsarlo en la práctica. El proyecto inicial consistía en bombear agua desde la presa de Alcorlo, con 80 metros de desnivel, hasta una balsa artificial desde la que se distribuiría el agua por una red de tuberías. Sin embargo, el proyecto final realiza la captación de agua desde el río Henares, con un desnivel de 260 metros, incrementando notablemente el coste energético del bombeo. Los agricultores han tenido que hacerse cargo además del coste de construcción de la balsa, cuando esta se considera de interés general y la partida correspondiente de 845.000 euros debería haber sido sufragada íntegramente por la Junta de Comunidades. Todas estas modificaciones sustanciales, con importantes repercusiones económicas, se han llevado a cabo sin informar ni consultar a los agricultores por parte de la Comunidad de Regantes, cuyo presidente, Ángel Estanislao “Tanis” Galve, anteriormente alcalde y concejal socialista de Carrascosa, es acusado por una parte importante de los regantes de actuar con opacidad y malas artes.

Los agricultores solicitaron en su momento un préstamo a Caja Guadalajara conforme al proyecto inicial y a los compromisos adquiridos por la Junta. La situación se agravó cuando la Junta dejó de cumplir sus compromisos y la empresa adjudicataria entró en concurso de acreedores. Cerca de la mitad de los regantes han renunciado ya al proyecto y cuestionan en cualquier caso la rentabilidad del regadío, atendiendo también a la experiencia fallida del regadío de la localidad vecina de Arbancón. No obstante, Caixabank, entidad que absorbió a Caja Guadalajara, reclama ahora la devolución del préstamo y amenaza con embargos a los agricultores, a pesar de que la obra no ha sido finalizada.

Con los agricultores visitamos monte arriba la balsa de distribución, donde pudimos comprobar sobre el terreno el lamentable estado de abandono y deterioro de esta obra en la que se han invertido más de 10 millones de euros de distintas Administraciones Públicas. Nos llamó particularmente la atención que esta obra pública se encuentre ubicada dentro de una finca privada, pese a que los regantes habían reclamado que se construyese en un extenso terreno colindante de monte público. La finca privada, según pudimos averiguar, pertenece a la Bodega Río Negro, propiedad de la familia Fuentes, emparentada con Virgilio Zapatero, quien fue Ministro con el Gobierno de Felipe González entre 1986 y 1993, Rector de la Universidad de Alcalá de Henares entre 2002 y 2010 y titular, como alto cargo de Caja Madrid y Bankia entre 2010 y 2012, de una de las infames “Tarjetas Black.” Según los agricultores, la empresa habría firmado un documento por el que la balsa pasaría a ser de su propiedad de no prosperar el regadío.

Este parece ser un caso típico de un patrón más amplio en España, asociado a políticas de extensión del regadío y las infraestructuras hidráulicas, en el que se conjugan los hechos consumados, la falta de transparencia y el endeudamiento inducido de las administraciones públicas y los pequeños productores. Este patrón ha sido analizado y denunciado en el ‘Estudio sobre la estructura de la propiedad de la tierra en España: Concentración y acaparamiento’, promovido por diversas organizaciones agrarias y presentado en marzo de este año en el Congreso de los Diputados junto a las entidades promotoras. Desde el Grupo Parlamentario de Podemos en las Cortes regionales, este pasado lunes hemos registrado la solicitud de un informe exhaustivo sobre el procedimiento administrativo de la obra y su financiación, así como sobre la concesión de caudales para la misma por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Pensamos que, antes de proseguir la obra, se deberían aclarar responsabilidades y se debería hacer un estudio de viabilidad.

En el regadío de Cogolludo falta luz y falta agua. Lamentablemente, el PSOE ha optado por regar con demagogia, tratando de culpar a Podemos de la irresponsabilidad, abandono y mala gestión de los anteriores gobiernos. Es cierto que el PP tampoco hizo nada durante la anterior legislatura para tratar de llevar este proyecto a buen puerto, pero el PSOE ha preferido arremeter contra Podemos, equivocándose también aquí de adversario, como en el conjunto del país. Hay dinero, pero falta eficacia y sobran pretextos.

Cogolludo es nuestro particular Macondo, símbolo regional de las malas prácticas de la vieja política que afectan a un mundo rural tan necesitado de un cambio profundo en las políticas públicas y las estructuras de poder local. Este próximo domingo 26 tenemos la oportunidad de empezar a impulsar el cambio también en nuestro mundo rural.

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