Page cumple su primer año gobernando en Castilla-La Mancha bajo la mirada de Podemos

El presidente de Castilla-La Mancha ha pasado su breve estancia en el Ejecutivo lidiando entre la vuelta a las políticas sociales y los conflictos causados por la continuidad de algunas medidas heredadas de Cospedal.

Este lunes se ha cumplido un año de la vuelta a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha del Partido Socialista tras cuatro años de legislatura de María Dolores de Cospedal, que estuvieron marcados por los profundos recortes en el Estado de Bienestar, la destrucción del empleo de calidad, el aumento de la deuda regional y los agujeros en las arcas de diversos organismos públicos.

Las elecciones del 25 de mayo dejaron claro que los ciudadanos castellano-manchegos querían un cambio de gobierno que pusiera fin a todas esas medidas perjudiciales para los más humildes. Sin embargo, el Partido Popular mantuvo su posición como primera fuerza, lo que sumado a la irrupción de Podemos, llevó a Page y al PSOE a pactar con esta última formación política para consolidar su regreso a las instituciones autonómicas.

Desde entonces, el nuevo Ejecutivo se marcó como objetivo cumplir sus promesas electorales y revertir algunas de las medidas más lesivas que se llevaron a cabo durante la legislatura de Cospedal. Sin embargo, la continuidad de algunas de las políticas del PP ha causado algunos conflictos con los agentes sociales y con su socio de Gobierno. Así ha sido el estreno de Page en la Presidencia regional:

Plan de Emergencia Ciudadana de 630 millones de euros

Esta ha sido quizá una de las propuestas estrella que incluyó Podemos en el acuerdo de investidura de Emiliano García-Page. Con un 28% de pobreza y un 37% de hombres y mujeres en riesgo de exclusión social, el Plan tuvo en principio una partida de 600 millones de euros en los primeros presupuestos de Page, aunque finalmente se añadieron otros 30 millones de euros.

La Ley de Emergencia Ciudadana incluye principalmente medidas centradas en cubrir las necesidades más básicas, como pueden ser las ayudas a la dependencia, y la recuperación de la Sanidad y la Educación universal. Igualmente, el Gobierno del PSOE ha abierto un total de seis oficinas antidesahucios, ha devuelto la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles y ha iniciado un ambicioso programa contra la pobreza energética.

Reducción del paro y aumento del trabajo público

Sin lugar a dudas, el empleo ha sido durante este primer año una de las principales obsesiones del Ejecutivo de Page, el cual ha impulsado un Plan de Empleo para contratar a 60.000 parados en un plazo de cuatro años. De la misma forma, la Junta ha iniciado otros tres planes de empleo más, centrados específicamente en los jóvenes y los parados de larga duración mayores de 45 y de 55 años.

El sector público también se ha visto beneficiado de la salida del poder del Partido Popular. Desde julio de 2015, la Junta ha contratado a más de 800 médicos y profesionales sanitarios de otra índole. En Educación, ha contratado a 440 nuevos docentes, y ha convocado 750 nuevas plazas. Asimismo, recientemente ha anunciado una nueva oferta de empleo público en la que se crearán casi 1.500 puestos de trabajo.

Apuesta firme por la Sanidad pública

En cuanto a la materia sanitaria, se ha revertido en proceso de privatizaciones que había iniciado el Gobierno de María Dolores de Cospedal en varios hospitales de nuestra región, como es el caso de los centros de Villarobledo, Manzanares, Almansa y Tomelloso. Del mismo modo, la Junta se comprometió a acabar de una vez por todas con las derivaciones a la sanidad privada que había estado llevando a cabo la Junta durante la anterior legislatura.

Igualmente, se han reanudado algunas de las obras paralizadas en su momento por el PP. Los futuros hospitales de Cuenca, Guadalajara y Toledo permanecieron estancados en el tiempo hasta la llegada de Page al Gobierno. Incluso, Cospedal llegó a utilizar el dinero del Hospital de Toledo para pagar facturas de publicidad institucional.

La Educación, una piedra en el zapato de Page

El modo de tratar al sector educativo por parte del Gobierno de Emiliano García-Page ha ocasionado varios conflictos tanto con los sindicatos, los profesores y Podemos por un lado, como con la Iglesia católica y las escuelas concertadas por otro. Tal ha sido la presión que ha causado a la Junta su gestión en Educación, que ha costado incluso la cabeza de la consejera de Educación, Reyes Estévez, que tuvo que ser sustituida por Ángel Felpeto.

Pese a que se han acontecido algunos pequeños logros como la reapertura de 20 escuelas rurales, la concesión de ayudas a los libros de texto o la reducción de las tasas universitarias, se ha continuado también con ciertas políticas de austeridad heredadas del anterior gobierno, como el estricto cumplimiento de la LOMCE o el despido de los profesores interinos este verano.

Por otro lado, se han llevado a cabo medidas que buscaban la priorización de la escuela pública y la garantía del laicismo en el ámbito educativo. A causa de la presión de Podemos en estos aspectos, se congeló la partida destinada para los centros concertados en los Presupuestos de Castilla-La Mancha.

Conflictos con el Gobierno de Rajoy y el Tribunal Constitucional

Muchas de las posturas que ha tenido que defender el actual presidente autonómico han causado que se produjeran fuertes tensiones entre la comunidad autónoma y el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy, que aspira a revalidar su cargo como presidente de España.

Una de ellas ha sido la paralización de la construcción del almacén de residuos nucleares en Villar de Cañas. Page anunció la ampliación del espacio protegido Laguna del Hito y en el que quedaron incluidos los terrenos en los que se proyectaba el Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares. Esta decisión fue posteriormente recurrida por el Gobierno en funciones, pero este no ha conseguido que el proyecto deje de estar estancado.

La gestión del agua también ha producido múltiples roces entre el Ejecutivo central y la Junta de Comunidades. Page se ha opuesto en repetidas ocasiones a los repetidos trasvases del Tajo al Segura llevados a cabo por la ministra Isabel García Tejerina, que han ocasionado un auténtico desastre medioambiental en los embalses de Entrepeñas y Buendía.

Hace unos meses se produjo un conflicto con el Tribunal Constitucional después de que este aceptara el recurso del Gobierno de Rajoy que recurría la recuperación de la jornada de 35 horas para los funcionarios públicos y la supresión de las jubilaciones forzadas. Estas medidas han quedado temporalmente suspendidas hasta que el Tribunal tome una decisión definitiva en septiembre.

Elcogas ha sido otro punto de tensión entre Rajoy y Page. El presidente de Castilla-La Mancha pidió al exministro Soria que evitara el cierre de la central térmica de Puertollano, pero este hizo caso omiso a las peticiones de la Junta y acabó propiciando el despido de los trabajadores de la infraestructura energética.

El incendio de Seseña

Quizás esta ha sido la crisis más seria que ha tenido el Ejecutivo de García-Page en su primer año de gestión. El vertedero de neumáticos de la localidad toledana fue una herencia envenenada de los anteriores gobiernos del PSOE y del PP, que a pesar de llegar a declarar ilegal el asentamiento, no tomaron las medidas pertinentes para evitar un desastre medioambiental como el que finalmente ocurrió.

El 13 de mayo, el vertedero ilegal que albergaba cientos de toneladas de ruedas acabó siendo pasto de las llamas, vertiéndose en el aire una nube enorme de diversos gases tóxicos. La cercanía de este ‘cementerio de caucho’ con el barrio de El Quiñón hizo que se tuviera que evacuar a una parte destacable de los vecinos.

La extinción del incendio duró varios días. La Junta no comunicó de la mejor forma la situación de la calidad del aire. Las críticas de los vecinos se hicieron sonar, y algunos de los colegios de Seseña llegaron a estar cerrados hasta inicios de junio.

Aunque actualmente ya no hay ningún tipo de peligro en Seseña y se están retirando los neumáticos que quedan para ser reciclados, la gestión de esta tragedia ha marcado a la Junta. Page se tendrá que enfrentar a una investigación del incendio aprobada con el voto en contra del PSOE. Podemos sospecha que el incendio fue intencionado, y que en su momento hubo prácticas de corrupción por parte de la administración.

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