El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el presidente de la Confederación Regional de Empresarios (CECAM), Ángel Nicolás; y los secretarios regionales de Comisiones Obreras (CCOO), José Luis Gil, y UGT, Carlos Pedrosa, han firmado hoy el ‘Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha’ que contempla 420 medidas cuyo desarrollo está presupuestado en casi de 3.500 millones de euros hasta el año 2020.
Durante un acto celebrado en el Palacio de Fuensalida, en el que han estado presentes representantes de las 169 instituciones que han participado en las diferentes mesas de trabajo, se ha rubricado este pacto. El mismo se divide en siete ejes y prevé una inversión total de 3.429,688 millones de euros, de los cuales 1.369,789 irán a iniciativas para la promoción económica y empresarial.
El primer eje está enfocado a la promoción económica y empresarial y contiene 92 medidas que contemplan la creación de un sistema de atención integral a las empresas, mejora de su financiación, políticas de promoción de nuestro suelo industrial, internacionalización del tejido productivo, política fiscal, incentivación empresarial, simplificación administrativa, promoción del suelo industrial, captación de inversiones, impulso de sectores estratégicos o política turística.
"Con el objetivo de incrementar la actividad económica y la generación de empleo de calidad y siempre que se consolide la recuperación económica y lo permitan los objetivos de estabilidad presupuestaria, se asume el compromiso de no subir la presión fiscal al tejido empresarial de Castilla-La Mancha durante el periodo de vigencia del pacto y dentro de la capacidad normativa de la comunidad autónoma", recoge el documento en cuanto a la política fiscal.
Y como medidas concretas, prevé bonificaciones y deducciones en determinados aspectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y en el IRPF. La captación de inversión extranjera es otra de las medidas acordadas y, en concreto, proponen la creación de la "Investor Office" y de la "After care", que se prevé que estén en marcha a primeros de 2017.
En cuanto al segundo eje, cuantificado en 471,214 millones de euros, éste está dirigido a las políticas de empleo, e incluye 52 medidas que integran el ‘Plan Extraordinario de Empleo’, la recuperación del servicio público de empleo, favorecer el autoempleo y mejorar la intermediación laboral.
Respecto al tercer eje, compuesto por 61 medidas y dotado con 158,8 millones de euros, contempla la cualificación profesional y los recursos humanos y, entre otras medidas, la elaboración del III Plan de Formación Profesional de Castilla-La Mancha; planificar la orientación en formación profesional con el objetivo de adaptarla mejor a las necesidades de la empresas; incrementar el número de becas para cursar ciclos formativos de grado superior en la región y disminuir el importe de las tasas y precios públicos de los estudios universitarios.
El cuarto eje, compuesto por 46 medidas, está dotado con 122,658 millones de euros, y es el destinado a la investigación, desarrollo e innovación, que incluye aspectos como la investigación sanitaria -con la creación de un Instituto de Investigación Sanitaria en la región-, la investigación agraria y medioambiental o el desarrollo de las TIC.
Asimismo, la universidad también se incluye en este cuarto eje y contempla iniciativas como la mejora de la financiación nominativa destinada a las universidades regionales, la firma de un contrato programa para el apoyo o la actividad de las universidades regionales; actualizar, en coordinación con las universidades regionales, las enseñanzas de grado y postgrado; promover la implantación de dobles titulaciones y enseñanzas bilingües; reducir las tasas de máster; evaluar de forma periódica las tasas de grado y eliminar las tasas por reconocimiento de créditos.
La industralización y el modelo energético, con 25 medidas y 30 millones de euros, forman el quinto eje, en el que se han abordado temas como la seguridad y calidad industrial, la ordenación y modernización de la minería, las redes de transporte y distribución de energía, la apuesta por las energías limpias y renovables, el autoconsumo y el ahorro y la eficiencia energética.
Las políticas de infraestructuras y agua son las áreas en las que está centrado el sexto eje, dotado con 337,386 millones de euros y coordinado por la Consejería de Fomento, e incluye 110 medidas como la tramitación de una nueva ley del ciclo integral del agua, actualizar los planes de abastecimiento y depuración del agua en la región o recurrir los planes hidrológicos del Tajo, Guadiana, Júcar y Segura, así como el trasvase Tajo-Segura. Asimismo, se promoverá que la reserva mínima en los pantanos de la cabecera del Tajo suba hasta los 900 hectómetros cúbicos y se propone la creación de un Observatorio del Agua.
Por último, y sobre el séptimo eje, dotado con 939,750 millones de euros, dedicado a la Agricultura y Sostenibilidad y coordinado por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, recoge 34 medidas destinadas a los jóvenes agricultores, a los agricultores profesionales, al desarrollo rural -con especial atención a la lucha contra la despoblación-, a la industria agroalimentaria, a la economía forestal y a la circular.
“Columna vertebral” de la estrategia de recuperación
Emiliano García-Page ha destacado la importancia de dicho pacto, pues considera que servirá como “columna vertebral” de la estrategia de recuperación de la Comunidad Autónoma, y en virtud del cual “todos sabemos ya hacia dónde queremos ir, con quién queremos hacerlo y a qué ritmo”.
En este sentido, García-Page ha recordado que desde el inicio de la legislatura “he firmado cerca de una decena de acuerdos” con empresas que, o bien van a ampliar sus instalaciones, o son de nueva creación, lo que supone la generación de un “microclima” en la región que favorece la instalación de empresas.
Además, están previstas otras 4 o 5 firmas de proyectos importantes para empresas en la región, y es aquí donde se está comprobando la utilidad de este documento, “pues les ha proporcionado suficiente confianza y seguridad” a los empresarios que están por venir.
Responsabilidad en la solución de los problemas
Por otro lado, el presidente regional asevera que el Pacto por la Recuperación “significa que el Gobierno de Castilla-La Mancha asume la responsabilidad”, pues si bien los gobiernos no son los culpables de todo, “sí deben ser responsables de ofrecer soluciones y alguien tiene que ir por delante”.
Para el presidente regional, a pesar de las dificultades de confeccionar un documento tan complejo, “el Pacto deja claro que la parte que nos toca a nosotros la queremos cumplir”, y se hará con tres “claves especiales”, una de forma, otra de actitud y una última de fondo.
Así, el jefe del Ejecutivo autonómico ha apuntado que en una sociedad como la nuestra “es más útil que las instituciones funcionen a que se pervierta su funcionamiento”, una normalidad institucional “obligatoria en democracia”, a la que se suma la necesaria actitud dialogante.
“Buscar permanentemente el acuerdo y la voluntad obedece a un concepto de soberanía actual”, y si llegar a acuerdos es importante en momentos de normalidad, “resulta indispensable en momentos de dificultad”, ha sentenciado.
Un documento de más de mil folios
Un “esfuerzo colectivo”, es como ha catalogado el secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, José Luis Gil, este pacto, "tras el cual se inicia una etapa determinante para la región". Así, Gil asegura que "tenemos la obligación de que este Pacto se convierta en un revulsivo económico y social para Castilla-La Mancha, que genere más desarrollo social, más empleo y de más calidad, después del paréntesis de plomo que se sufrió durante los cuatro años del Gobierno del Partido Popular”.
Asimismo, y a pesar de mostrarse “muy satisfecho” con el resultado, ha advertido que ningún acuerdo “colma todas nuestra inquietudes” y tampoco "agota la extensa tabla de reivindicaciones del sindicato", por lo que queda abierta la posibilidad de que el texto sea engrosado en el futuro con nuevas medidas y acuerdos.
Por su parte, el secretario general de UGT Castilla-La Mancha, Carlos Pedrosa, ha destacado que “este acuerdo demuestra que cuando hablamos y negociamos somos capaces de entendernos” y que “contiene medidas fundamentales para la creación de empleo, que son la clave de bóveda a seguir para salir de la situación que estamos en la región, España y el conjunto del planeta”.
Tal y como ha subrayado, “la creación de empleo debe servir para combatir desigualdades, para impulsar los ingresos de las administraciones públicas y para mantener la paz social. A partir de aquí –ha concluido-, empresarios y sindicatos, con el tono adecuado, fiscalizaremos el cumplimiento de este Pacto”.
Desde la patronal, Ángel Nicolás ha señalado que este acuerdo es “de todo, menos una foto vacía” y recoge una serie de medidas que “van destinadas a la generación de un entorno más favorable para el crecimiento económico y la creación de empleo.
En este sentido, ha valorado especialmente el compromiso “de no subir la presión fiscal, dentro de la capacidad normativa de la comunidad autónoma, una de las medidas más demandadas desde nuestra Confederación”, así como la puesta en marcha de diferentes iniciativas contempladas en el Plan Adelante.
“El verdadero motor de nuestra economía son las empresas, por eso resulta fundamental poner en marcha las medidas que mejoren la competitividad de nuestras empresas para seguir creciendo y generando puestos de trabajo”, ha concluido.
