Por citar sólo algunos de los incumplimientos más flagrantes: No se ha desarrollado el Plan de Rescate Habitacional, una medida fundamental contemplada como de aplicación inmediata. En este punto se establecía el compromiso de que en Castilla-La Mancha “no habrá desahucios, sin que la administración haya intermediado para dar una alternativa de alquiler social o procurado una mediación con la entidad financiera para un plan de reestructuración de la deuda.” No se ha dado ningún paso en la elaboración de la Ley de Sobreendeudamiento para ajustar la deuda al valor real del inmueble hipotecado y hacer efectiva la dación en pago. No se ha implementado la Ley de Auditoría Ciudadana de la Deuda para fiscalizar la gestión pública y conocer las magnitudes y responsabilidades del endeudamiento de Castilla-La Mancha. No se ha diseñado el Plan de Recuperación de Servicios Externalizados y, antes al contrario, se han anunciado ya nuevas privatizaciones y repagos. No se ha derogado el Decreto sobre dependencia del gobierno de Cospedal, no se ha resuelto ni un 20% de los expedientes acumulados –cuando Page se había comprometido en su investidura a tramitarlos todos en un año- e incluso se han reducido las ayudas, como ha denunciado la propia Plataforma de la Dependencia de Castilla-La Mancha. No se ha realizado la Reforma Tributaria Autonómica en sus aspectos fundamentales, como son la reducción del mínimo exento en el Impuesto sobre el Patrimonio y la mejora de la progresividad en el tramo autonómico del IRPF. No se ha elaborado tampoco la Ley de Participación Ciudadana para facilitar y hacer efectivas herramientas de democracia directa como la Iniciativa Legislativa Popular…
Al incumplimiento del acuerdo de investidura se añade además el incumplimiento de un número creciente de resoluciones aprobadas por las Cortes, acumuladas particularmente en los últimos meses. El incumplimiento de estas resoluciones es incluso más grave que el del acuerdo de investidura porque no se trata ya de un acuerdo con Podemos, sino del mandato de la Cámara de representación del pueblo de Castilla-La Mancha. Afecta, por tanto, al respeto mismo de la soberanía popular y de las instituciones democráticas. Entre las resoluciones incumplidas más importantes se encuentran una resolución sobre renta garantizada, aprobada el 19 de noviembre de 2015, que implica el desarrollo en 2016 de una renta garantizada con un importe tendente a alcanzar el nivel del salario mínimo interprofesional anual durante la actual legislatura y la inclusión de esta renta en el Estatuto de Autonomía como derecho social básico; dos resoluciones sobre los vertidos de amianto, aprobadas el 12 de mayo y el 7 de julio, que instan al Gobierno regional a la retirada inmediata, completa y segura de todos los vertidos; y una resolución sobre la minería de tierras raras, aprobada el 19 de mayo, que insta al Gobierno regional a realizar una evaluación ambiental estratégica conjunta de todos los proyectos mineros y a proceder al archivo de aquellos ya afectados por informes negativos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Page no cumple porque defiende los intereses de una minoría privilegiada frente a los del conjunto de la ciudadanía de Castilla-La Mancha. El caso de la minería de tierras raras es particularmente ilustrativo en este sentido. El gobierno de Cospedal, primero, y el de Page, después, han otorgado permisos de investigación para 10 proyectos mineros en la provincia de Ciudad Real que abarcan en conjunto un total de 27.300 hectáreas, el equivalente a casi 50.000 campos de fútbol, todo ello sin informar ni consultar a la ciudadanía y sin que figurase en sus respectivos programas electorales. Este tipo de minería extensiva representa una grave amenaza para el abastecimiento y la calidad del agua, para la salud pública, para el medio ambiente y para la agricultura y las actividades productivas de la zona. Tanto es así que todas las organizaciones y plataformas agrarias, ecologistas y ciudadanas se han opuesto unánimemente a estos proyectos y las Cortes regionales aprobaron por mayoría absoluta la resolución de Podemos contra la minería de tierras raras. Organismos como el Consejo de Seguridad Nuclear o la Confederación Hidrográfica del Guadiana han emitido informes negativos y la propia Defensora del Pueblo ha abierto una investigación al respecto, indicando específicamente que el informe negativo de la Confederación Hidrográfica es vinculante. Pese a todo ello, Page continúa negándose a cumplir el mandato de las Cortes y hemos entendido por qué cuando hemos descubierto la conexión entre la minería de tierras raras y empresarios afines a Felipe González y Juan Luis Cebrián que aparecen en los ‘Papeles de Panamá‘. Page no cumple, efectivamente, porque está protegiendo los intereses de esta oligarquía depredadora que acecha tras los proyectos mineros frente a los intereses del pueblo de Castilla-La Mancha.
La decisión de retirar nuestro apoyo al gobierno de Page se ha tomado en y desde Castilla-La Mancha y el abultado catálogo de incumplimientos demuestra que había razones más que suficientes para ello. Hace meses que desde el partido y el grupo parlamentario veníamos lanzando advertencias que, por lo visto, no habían sido tomadas en serio. En las últimas semanas habíamos lanzado de hecho una importante campaña en redes exigiendo el cumplimiento de la resolución sobre renta garantizada. Desde diversos colectivos, como el de estudiantes y docentes de la educación pública, se había denunciado también insistentemente el incumplimiento del acuerdo de investidura y se pedía una posición de firmeza frente al Gobierno regional. El 15 de septiembre se publicó además un manifiesto firmado por cerca de 200 cargos y militantes de Podemos de toda Castilla-La Mancha en el que se demandaba la apertura de un proceso interno de debate político y renovación de los órganos regionales del partido. En este manifiesto se exponía que “nos enfrentamos a un PSOE que se muestra reticente a cumplir lo acordado y pretende asentarse cómodamente sobre buena parte de los recortes del PP” y que “nuestra eficacia para hacer cumplir los compromisos asumidos e impulsar un verdadero cambio requiere de una organización fuerte y unida”, por lo que se reclamaba “un Podemos con capacidad, transparencia y democracia interna a todos los niveles”.
En el Pleno de las Cortes celebrado ese mismo día dimos un “apoyo crítico” al techo de gasto provisional con el fin de evitar el “chantaje del bloqueo institucional” que pretendía imponer el Gobierno de Rajoy privando a las Comunidades Autónomas de la información necesaria para poder establecer en condiciones sus techos de gasto y debatir sus presupuestos. Al mismo tiempo, señalamos claramente que “es tiempo de cumplir con los compromisos adquiridos” y que Page “tendrá que decidir si realmente quiere romper con la etapa de Cospedal y sus políticas antisociales”, advirtiendo de que si “prefiere acomodarse en una línea continuista con el pasado, pues tendrá que mirar a su derecha para buscar apoyos, porque, desde luego, Podemos no ha venido aquí para eso” (Diario de Sesiones del Pleno del 15 de septiembre).
Como causa precipitante, en el Pleno del 22 de septiembre se confirmaron nuestras peores expectativas sobre el PSOE y el Gobierno de Page. En el debate sobre transporte sanitario, el Grupo Parlamentario Socialista votó en contra –ni siquiera se abstuvo- de la resolución de Podemos que recogía las reivindicaciones de las organizaciones sindicales y asociaciones profesionales del sector y que instaba al Gobierno regional a realizar una licitación en condiciones de garantía de los derechos laborales y de la calidad del servicio, como paso previo hacia una gestión pública y directa del mismo. A nuestra pregunta oral sobre la renta garantizada, la Consejera de Bienestar Social respondió con vaguedades y evasivas. Y a nuestra pregunta oral sobre el nuevo aparcamiento del Hospital Universitario de Guadalajara, el Consejero de Sanidad admitió abiertamente que impondrán su privatización y repago, contra lo comprometido con la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública (Diario de Sesiones del Pleno del 22 de septiembre).
En la Ejecutiva regional de Podemos reunida ese mismo jueves –antes de las elecciones autonómicas de Galicia y Euskadi y sin que mediase ninguna llamada desde Madrid, como se ha especulado en algunos medios-, se tomó la decisión de dar por cancelado el acuerdo de investidura, lo que se comunicó públicamente a primera hora del lunes siguiente. Es cierto que el procedimiento por el que se tomó la decisión y la forma de comunicarla públicamente han sido objeto de críticas que deben ser tomadas en consideración. Una cuestión de este calado debería haberse planteado en el Consejo Ciudadano Autonómico como órgano más amplio de dirección colectiva y la evaluación del incumplimiento del acuerdo de investidura debería cuando menos haberse socializado también previamente entre nuestras bases. Con toda probabilidad la decisión habría sido concurrente, pero el procedimiento es igualmente importante en una organización que no sólo reclama, sino que debe dar ejemplo de democracia participativa. Además, frente a los ataques de nuestros adversarios, la mejor forma de garantizar la defensa unitaria de una decisión es asegurando que esta es participada y asumida por el conjunto de las bases y órganos del partido.
El modo en que comunicamos la decisión, mediante una rueda de prensa en la que no admitimos preguntas, tampoco fue acertado. Para eso habría bastado con una nota de prensa o un comunicado. Por respeto a la prensa y por coherencia con lo que hemos criticado en otros casos, este hecho excepcional no debe volver a repetirse. La autocrítica y la crítica constructiva son, en este sentido, una obligación militante que forma parte esencial de la lealtad bien entendida a un proyecto y un mecanismo esencial en la prevención de su desvirtuamiento. Una organización como Podemos, que aspira a ser radicalmente democrática, debe normalizar el debate y la crítica constructiva para ser capaz de rectificar ante posibles errores y mantenerse fiel a sus principios, a diferencia de lo que ha sucedido en otros partidos, con consecuencias ya conocidas.
Pero la decisión en sí misma es, en cualquier caso, correcta y es una decisión responsable y consecuente con los compromisos asumidos. Si el acuerdo no se cumple, el acuerdo se cancela. Page, en cambio, nos sólo ha demostrado una evidente irresponsabilidad con el incumplimiento de sus compromisos, sino que sigue haciéndola patente con su reciente amenaza de suspender los acuerdos con la sociedad civil castellano-manchega hasta que se aprueben los presupuestos, recurriendo al mismo chantaje del bloqueo institucional utilizado por Rajoy y dejando traslucir una preocupante concepción patrimonial de la política y la región. Su papel en estos días en las crisis orgánica del PSOE, alineado con el clan González-Cebrián y los intereses de la Troika y del IBEX 35, ha resultado francamente revelador. Page se ha perfilado como uno de los principales colaboradores del golpe oligárquico en el PSOE contra su militancia con el fin de impedir un Gobierno del cambio y asegurar la continuidad de las políticas que benefician a los mismos de siempre. Desde luego, su Gobierno y su grupo parlamentario no tendrán ya ninguna credibilidad a la hora de culpar al Gobierno central de imponernos trasvases, de instalarnos el Cementerio Nuclear, de cerrarnos Elcogas o de impedirnos recuperar la jornada de 35 horas en nuestra Función Pública porque serán plenamente corresponsables del mantenimiento de las políticas de Rajoy y Cospedal. A nosotros y nosotras nos tendrán sin duda enfrente, defendiendo los intereses de la gente.