La Comisión Especial del Pleno de Investigación que ha analizado el contrato del alumbrado de Navidad del año 2014, adjudicado por el anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real, del Partido Popular, ha concluido que hubo contratación "fraudulenta y nula de pleno derecho".
Esta comisión, que se constituyó en enero del año pasado, ha finalizado el análisis de lo ocurrido en torno a la reclamación que presentó Porgesa, la empresa que se encargó de la iluminación decorativa para las fiestas navideñas de Ciudad Real en el 2014, que pedía que le abonaran más de 30.000 euros por la ampliación de iluminación que se hizo en distintas zonas de la ciudad.
Órdenes directas de la alcaldesa
La empresa aseguró en su día que durante el montaje de las luces, por parte de la ex alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, “se dieron órdenes oportunas a la concejal, Frasi López, de realizar una serie de ampliaciones a la iluminación en distintas zonas", además afirmó que se indicó "que se ejecutaran porque se buscaría una solución una vez finalizadas las fiestas".
Porgesa declaró que "en el afán de atender al Ayuntamiento, por ser un cliente de muchos años con el que jamás ha habido problema alguno, accedió a ello contando con que se solucionaría posteriormente tal y como se prometió", sin embargo, una vez que finalizó la Navidad, se volvieron a poner en contacto con la concejal de Festejos quien les respondió que “se iba a tratar el tema con la alcaldesa que fue de quien partió la orden y se comprometió personalmente a solucionarlo", pero finalmente, "no se resolvió nada por parte de Alcaldía".
Hizo "caso omiso" pese a los avisos
El presidente de la Comisión creada a tal efecto, Francisco Javier Fernández Bravo, del partido Ciudadanos (C´s), ha anunciado que, tras la presentación de las conclusiones por parte de los grupos políticos, “se ha alcanzado un acuerdo de redacción única de las mismas” por parte de los grupos Socialista, de Ganemos y de C´s, que se ha aprobado por mayoría.
Las conclusiones son claras y señalan que se entiende acreditado que la concejal de Festejos en el momento de los hechos, Frasi López, reconoce que siguiendo instrucciones directas de la anterior alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, y "a sabiendas de su ilegalidad y con evidente falta de respeto a la normativa vigente en cuanto al procedimiento de contratación administrativa, contrató arbitrariamente con la mercantil Porgesa la ampliación del contrato de alumbrado de Navidad”, por lo que "queda perfectamente acreditado" que la actuación de la exconcejala "fue dirigida y ordenada" por la anterior regidora.
Del mismo modo, desde la comisión aclaran que en esta contratación se excedió el límite legal del contrato menor, 18.000 euros, pasando a efectuar un contrato de negociado sin publicidad, constituyendo su actuación "una clara arbitrariedad y desviación de poder".
Así mismo, certifican que tanto la edil y la ex alcaldesa no sólo conocían que se estaban excediendo las cuantías del contrato menor, sino que la primera de ellas fue avisada por una funcionaria de lo que estaba realizando, "haciendo caso omiso" de sus reiterados avisos, lo que supone una "ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa, adjudicando unilateral y arbitrariamente un contrato a una empresa que voluntariamente había decidido previamente".
Deberán reclamar el dinero a la anterior regidora
Por todo esto, la Comisión Especial del Pleno de Investigación entiende que la contratación administrativa es "absolutamente fraudulenta y nula de pleno derecho", debiendo el Ayuntamiento iniciar el oportuno proceso de nulidad, por lo que cree que la empresa "debe reclamar, si lo estima oportuno, a la antigua concejala o a la anterior alcaldesa" esta cantidad de dinero.
Por último, el presidente de la comisión ha sostenido que la actuación de la comisión "ha permitido esclarecer estos hechos que entendemos que son graves y suponen un ilícito absoluto, al saltarse a la torera los requisitos exigidos por la Ley de Contratos del Estado" y ha añadido que las conclusiones serán elevadas a Pleno, al tiempo que ha desvelado que la voluntad de los tres grupos municipales es “llevar estos hechos ante la fiscalía y que sea el ministerio fiscal quien decida si hay algún tipo de responsabilidad penal o no la hay”.
