Mientras esto sucedía en la parte francófona de Bélgica, en España el PSOE acababa de dar el espaldarazo final a una triple alianza que jugará a conciencia contra las agricultoras y agricultores, en primera instancia, y en definitiva contra el conjunto de la ciudadanía rural. No es algo que pueda generar excesiva extrañeza, pues el PSOE suele coincidir con el PP, tanto en España como en Europa, apoyando con sus votos los tratados y normas que han encaminado una liberalización radical del mercado. Y la consiguiente pérdida de soberanía alimentaria: cada vez dependemos de otros para dar de comer a nuestra población y la despoblación afecta casi a la mitad de nuestro territorio nacional, dejándolo a merced de las multinacionales.
En el Congreso ya en septiembre se perfiló la triple alianza, cuando el día 20 PP, PSOE y Ciudadanos rehusaron participar en las Jornadas informativas sobre el CETA que organizó Podemos junto a todos los sindicatos agrarios, asociaciones de consumidores y entidades ecologistas que se oponen a su puesta en marcha. A los pocos días se confirmó en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente cuando votaron juntos en contra de una iniciativa que pedía la mejora los sistemas de control, detección y sanción de la venta a pérdidas en los supermercados. Esta es una medida imprescindible para evitar los abusos de las cadenas de distribución hacia los productores, obligados muchas veces a vender por debajo de los costes de producción. Porque aunque el dumping es ilegal, constatamos a diario que se sigue produciendo. Hace unas semanas en el Parlamento europeo tuvimos que esgrimir una fotografía de cartones de leche a 20 céntimos/litro en los lineales de un supermercado en Asturias para intentar evidenciar a sus señorías lo insostenible de la situación.
Por mucho que se llene la boca con la defensa del campo, cuando existe la oportunidad de poner en marcha soluciones, la triple alianza elige. Y elige defender los intereses de las multinacionales y de las grandes cadenas de distribución. Tras sacar la fotografía de los cartones de leche en el Parlamento, el supermercado fue obligado a retirarlos. Pero parece que si no les llevamos las fotografías a las instituciones, los partidos de la triple alianza no se dan por enterados. En un país que es deficitario en producción de leche y en el que cierran 65 granjas al mes, nuestro Gobierno sigue apoyando los planes europeos que nos empujan a producir cada vez menos. Parece incompresible como pueden llegar a ser tan lesivos con la gente de nuestros pueblos y campos, pero es de temer que existen oscuros intereses trabajando en estos intensos reacomodos impuestos a marcha forzada en el mercado primario.
El PP también ha dejado muy claro recientemente que no tiene intención de mejorar la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) para hacerla más justa y equitativa. Esta misma semana ha votado en contra de una reforma encaminada a generar más empleo y a diversificar las actividades en el medio rural. Se trataba de un informe que cuestionaba que el 74% del montante total de las ayudas vaya a parar a manos de un 13% de los beneficiarios. En él también se señalaba la necesidad de que la mayoría de las ayudas comiencen a destinarse a las explotaciones familiares; a promover la eliminación de intermediarios; a fomentar la venta directa y de otras medidas destinadas a evitar el empobrecimiento de agricultores y ganaderos; así como a la creación de una “garantía de empleo para mujeres rurales”, que aborde sus problemas específicos. A todo esto, el PP ha dicho que no en Europa.
Por su parte la ministra de Agricultura en funciones tampoco cree necesario exigir que una parte considerable de los ingresos del titular procedan de la actividad agraria para que se pueda cobrar la PAC. Es decir, que no le parece oportuno dar prioridad para que las ayudas lleguen a los agricultores y a los ganaderos que viven realmente de la actividad primaria y que realmente lo necesitan (se planteaba aumentar del 20 al 30% el porcentaje de ingresos demostrables requeridos). El PSOE tampoco ha dado muestras de querer formar nuevas mayorías de gobierno para mejorar el reparto de la PAC, y de facto permite que la mayoría del dinero de sus fondos acabe en los bolsillos de las viejas oligarquías y de nuevas fortunas vinculadas directamente a la clase política.
A lo largo del último año hemos podido ver en Castilla-La Mancha como Podemos tuvo que presionar en las cortes y las calles de Toledo para que el bipartidismo no dejase a los pequeños productores agroecológicos sin la ayuda que legalmente les correspondía (y que de no recibirse, hubiese significado el cierre de muchas de estas nuevas explotaciones que la normativa europea obliga a apoyar activamente como parte sustancial de la lucha contra el cambio climático). Y con nuestros diputados seguimos trabajando junto a la ciudadanía rural para intentar que los pequeños agricultores no queden presos de las deudas por verse atrapados en regadíos inviables, instrumentalizados electoralmente. Para que algunos saneamientos ganaderos de dudosa justificación arruinen a nuestros ganaderos extensivos, y a la larga afectan a nuestra cabaña regional y nacional. Para intentar que no se pongan en marcha granjas intensivas de porcino o explotaciones mineras que aprovechan el bajo nivel de exigencia de la normativa autonómica para abaratar costes, pero, eso sí, a costa de la vida cotidiana de los vecinos o la sostenibilidad de nuestros acuíferos.
Que ni PP, ni PSOE, ni Ciudadanos se equivoquen: no formamos gobierno con ellos porque no estamos dispuestos a que las multinacionales y los gobiernos extranjeros que nos quieren subalternos, nos marquen nuestra agenda. En la ciudad, en el campo y en la mar, la triple alianza nos tendrá enfrente como alternativa. Nos encontrarán en las calles y en las instituciones, codo a codo con la gente, trabajando para construir un país más justo.