TOLEDO.- Emiliano García-Page ha conseguido aprobar hoy la ley regional de Transparencia y Buen Gobierno, la primera normativa en la que se han puesto de acuerdo los tres partidos políticos con representación en el Parlamento autonómico. Con los votos favorables de PSOE, PP y Podemos, esta nueva legislación coloca a Castilla-La Mancha a la vanguardia del país.
La ley regula, por primera vez, la actividad de los grupos de presión o ‘lobbies’, propone la creación de un registro de estos grupos, articula un régimen de sanciones y, entre otras obligaciones, establece el plazo de un mes desde su entrada en vigor para que los altos cargos presenten sus declaraciones responsables sobre el cumplimiento de los principios de buen gobierno cuya vulneración está prevista como infracción administrativa.
Este reglamento impedirá por lo tanto que se repitan situaciones como la que protagonizaron los altos cargos del Partido Popular tras perder el Gobierno de Castilla-La Mancha. En aquel momento, medio centenar de personas de confianza de Cospedal no presentaron sus declaraciones de bienes obligatorias hasta después de cien días desde la toma de posesión de García-Page.
Esta cifra se redujo a veinticinco después de que, una vez pasados trescientos días, el Gobierno de Page les diera un ultimátum amenazando con publicar sus nombres y emprender acciones legales. Los altos cargos del PP decidieron rectificar tras llevar cinco meses bajo un procedimiento sancionador abierto por los socialistas, una medida que finalmente fue archivada al conocerse que habían decidido publicar sus rentas.
LOS SOCIALISTAS PRESUMEN DE TRANSPARENCIA
En cuanto a la normativa aprobada, cabe destacar que al debate llegaron vivas treinta enmiendas del PP, de las cuales cuatro han sido discutidas y las otras once han sido retiradas por los propios conservadores.
El encargado de defender el dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Generales ‑donde se dio el visto bueno a 36 de las 73 enmiendas que llegaban al debate‑ ha sido el diputado socialista Miguel Ángel González, quien ha celebrado que continúe "ese viaje hacia una Castilla-La Mancha cada día más abierta".
Con ello, ha agradecido el trabajo que han realizado los colectivos de la región expertos en transparencia para la redacción y mejora del proyecto de ley. "La ciudadanía empuja a introducir una nueva forma de gobernar que suponga un revulsivo para nuestra democracia. Castilla-La Mancha será referente en buen gobierno, buena administración y gobierno abierto", ha asegurado el parlamentario del PSOE.
Con González ha coincidido el presidente del grupo socialista en las Cortes, Rafael Esteban, quien también ha recordado que Castilla-La Mancha "fue pionera en publicar información relativa a altos cargos y también pionera en imponer incompatibilidades a personas que ostenten cargos públicos", de modo que "la transparencia ha sido la seña de identidad de la comunidad".
EL PP VOTA A FAVOR CON UN DISCURSO AMBIGUO
Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario PP, Francisco Cañizares, ha defendido la voluntad que ha tenido su partido de "separar el debate de una ley que va a dirigida a los ciudadanos del debate partidista, estéril y que se debe quedar en otros ámbitos de actuación".
En este sentido, Cañizares -quien ayer anunció que su grupo va a presentar una denuncia judicial por la falta de información que recibe del Gobierno- ha criticado la, a su juicio, "falta de transparencia en las actuaciones del Gobierno en lo que llevamos de legislatura".
No obstante, ha insistido en el "esfuerzo de consenso" que ha realizado su partido para aprobar el proyecto de ley y ha resaltado también el trabajo que han realizado, "después de hablar" con diferentes colectivos, para mejorar el texto impulsado por el Gobierno de Castilla-La Mancha con la presentación de diversas enmiendas.
PODEMOS PIDE VOLUNTAD PARA APLICAR LA LEY
También ha destacado el contacto que han mantenido con "entidades que cuentan en sus filas con grandes expertos en temas de transparencia" el secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha y diputado regional, José García Molina.
"Vamos más lejos que la ley básica", ha afirmado Molina, si bien ha reconocido que le "gustaría ir todavía más lejos" y ha lamentado las "limitaciones" de la ley nacional y las que "impone" el Estatuto de Autonomía.
Con ello, ha afirmado que "hoy es un buen día para la política regional" y ha apostado por que exista luego un desarrollo normativo de la ley para que no quede "en papel mojado".
"La aplicación de la ley depende de la voluntad política. Me gustaría pensar que se va a cumplir a pies juntillas y que ese espíritu de consenso de los tres grupos parlamentarios también se va a reflejar en la voluntad del legislador, del Ejecutivo, para que la aplicación de la ley se haga de manera escrupulosa", ha concluido Molina.
