En primer lugar hay un elemento curioso que demuestra como el ataque a la economía de las clases populares ha sido más coral de lo que pudiéramos imaginar y no solo se ha producido de viernes a viernes en las reuniones del Consejo de Ministros de Mariano Rajoy ‑o al menos no directa o exclusivamente‑. Los suministros, tales como gas y electricidad que, como pueden imaginar, tienen una importancia capital en este tema, han aumentado en el entorno del 70% desde que comenzara la crisis. Algo más de esa cifra la electricidad y algo menos el gas, fechando ese inicio de la crisis en el 2008. Obviamente, durante este tiempo la ciudadanía no ha visto aumentar sus ingresos en un 70% sino, más bien, se ha reducido la renta per cápita de las y los españoles… aquéllos que la mantienen.
Esto supone un desfase entre los suministros y el dinero efectivo que dispone la ciudadanía, algo que ha producido que millones de personas hayan tenido problemas para hacer frente a estos pagos y, en los casos más graves, hayan supuesto, en definitiva, el corte del suministro concreto.
Tenemos que observar los estudios de la Asociación de Ciencias Ambientales para comprender qué suponen estos precios en combinación con los bajos salarios (inestabilidad laboral, precariedad, temporalidad…) Y es que, según destacan en su última publicación donde se hace balance de esta situación, el 35% de los hogares castellano manchegos tienen un gasto superior al 10% de los ingresos, porcentaje límite estimada para este tipo de gastos por familia. Nuestra región, además, se sitúa a la cabeza en el aumento del gasto en energía doméstica en el periodo 2007-2012 y por encima de la media estatal de hogares con problemas para mantener una temperatura adecuada, según el Instituto Nacional de Estadística.
No podemos dejar pasar la oportunidad de recordar que en los casos más dramáticos, que también se dan en nuestra región, se llegan a producir muertes directamente asociadas a la pobreza energética.
Ante estas circunstancias no cabe sino dar respuesta desde las instituciones, debiendo asegurarse un mínimo vital básico de suministro eléctrico o de gas garantizado, cuya tarifa iría en función con la renta y de manera progresiva. Recuperar la gestión de ciertos servicios de energía (no podemos olvidar ni obviar en el análisis la privatización de las empresas energéticas) que sirva para actuar de manera urgente y eficiente, además de trabajar de manera efectiva por superar nuestra dependencia energética ‑tanto del exterior como de energías fósiles‑.
El gobierno español debe aprobar sin demora una Ley de medidas para prevenir la pobreza energética que regule el sistema de suministros básicos del hogar, mejore el bono social para hogares con poder adquisitivo reducido o en riesgo de exclusión social, el establecimiento de una “tregua invernal” que impida el corte de suministros y la reducción ‑justo al contrario de lo que parece que sucederá‑ del IVA de estos servicios hasta el tipo reducido.
Jacobo Medianero, coordinador provincial de IU Cuenca