TOLEDO.- Podemos ha revelado hoy su Plan Integral de Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha. Concretamente, el documento recoge las condiciones que debe incluir el Gobierno de Emiliano García-Page en los presupuestos de 2017 para contar con el apoyo de los dos diputados regionales de la formación morada, imprescindibles para aprobar las cuentas debido a que los socialistas tienen quince parlamentarios y el PP dieciséis.
"Hablamos de un cambio de modelo a la hora de entender las políticas públicas y sociales", ha explicado el secretario regional de Podemos, José García Molina, que ha presentado en rueda de prensa este paquete de medidas junto a su secretaria de Organización, María Díaz.
"Si no hay plan, no hay presupuesto, es condición absolutamente necesaria, aunque no sea suficiente", ha aseverado Molina, quien ha apuntado que ya se lo han traslado al Gobierno de Page y a los secretarios locales de Podemos porque es "un documento abierto".
A través de este plan, Podemos quiere que no haya en Castilla-La Mancha "nadie sin casa, nadie sin suministros básicos como luz, agua y gas, ni nadie sin una renta suficiente para al menos alcanzar a tener cubiertas las necesidades esenciales, vía empleo o vía renta garantizada".
Para ello, Molina exige al PSOE que las medidas sean presupuestadas para su implementación; que cuenten con apoyo parlamentario, ya que necesitarían el apoyo de los quince diputados socialistas, y que se realice un convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha para su puesta en marcha, desarrollo y evaluación.
"Creo que si hay acuerdo, se pueden aprobar los presupuestos en el primer trimestre del año, pero depende de si existe disposición del Gobierno", ha manifestado.
Entre otras medidas contempladas en la propuesta, destacan la aprobación de una ley integral de vivienda y, con ello, la elaboración de un registro de vivienda desocupada en la comunidad autónoma en 2017.
También se considera precisa la creación de un Registro Único en soporte electrónico para facilitar la coordinación entre los departamentos y administraciones implicadas y, al mismo tiempo, la agilización en la tramitación de ayudas y prestaciones.
Documento del Plan Integral de Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha
RAZONES PARA EVALUAR LAS MEDIDAS
Todo ello, ha señalado Molina, tiene que evaluarse porque, a su juicio, en Castilla-La Mancha "se ha gastado mucho dinero en políticas sociales", pero no se conoce "dónde ha ido ni qué efecto ha tenido".
Este es uno de los motivos por el que ha dicho que no han cerrado una cifra que cuantifique el coste del plan, si bien ha advertido al Gobierno de Page que no les "vale una declaración de intenciones", como ha dicho que fue el acuerdo de investidura con el PSOE roto por la formación morada en septiembre de 2016.
"Hay un gran cambio desde que firmamos hasta ahora, hemos ido adquiriendo experiencia, entendemos mejor las lógicas y ahora podemos evitarlas", ha asegurado el líder regional de Podemos y ha planteado que su exigencia es que las políticas sociales dejen de "ser percibidas como un gasto" y que se vean como una "inversión en el desarrollo de la comunidad en su conjunto".
Así, ha afirmado que el Plan Integral de Garantías Ciudadanas tiene que ser "un plan experimental", es decir, un "proyecto piloto" a lo largo de 2017 para "implementar esas cosas que faltan y hacerlas con criterios rigurosos y objetivos".
El objetivo después, ha continuado Molina, "es que adquiera rango de ley, una normativa que no sea papel mojado".
MOLINA HABLA DE SU RELACIÓN CON PAGE
A preguntas de los periodistas, ha justificado que han presentado en enero este plan y no antes porque esperaban que la iniciativa la tomase el Ejecutivo de Page, ya que se lo habían solicitado y cuentan con más recursos para hacerlo.
No obstante, ha dicho que espera reunirse esta semana con el Gobierno para hablar de su propuesta y, sobre este asunto, ha reconocido que la relación que tiene con el presidente regional, Emiliano García-Page, es "escasa" y con él se ve "muy poco".
Ha dicho que habla más con el presidente de las Cortes y secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Vaquero, y con el vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro.
Con todo, ha vuelto a afirmar que no cree en "la resurrección" del pacto de investidura, lo que ha considerado que sería "ingenuo" y ha apostado por "pasar a otra etapa".
