TOLEDO.- La minería en tierras raras ha vuelto a unir el sentido del voto de los diputados del Partido Popular y Podemos, que han acordado exigir al Ejecutivo de Emiliano García-Page la creación de un grupo de trabajo, en el que estén representados partidos políticos y colectivos sociales, de cara a la elaboración de una ley específica contra la minería de tierras raras en Castilla-La Mancha.
La creación de este grupo de trabajo es uno de los puntos que contenía la resolución presentada por la formación morada, que salía adelante en el Pleno celebrado este jueves con los votos en contra de la bancada socialista. Un grupo parlamentario que pidió, para poder apoyar esta resolución, que fuese suprimido el punto en el que se pide el archivo de los expedientes en curso, al ser una medida "imposible", según explicó la diputada del PSOE Carmen Torralba. Algo en lo que Podemos no daba marcha atrás, y que supuso que en la resolución planteada por el Grupo Parlamentario Socialista, también instando a la creación de un grupo de trabajo, PP y Podemos volviesen a votar en el mismo sentido.
Un intenso debate en el que el diputado de la formación morada David Llorente destacó el "salto cualitativo" que se ha dado para impedir que estos proyectos salgan adelante, pero también la necesidad de legislar en la región contra esta práctica. Y para ello el primer paso debe ser el archivo definitivo de los proyectos existentes. Para Llorente, "lo mejor" que puede ir haciendo "la empresa pirata Quantum" es "marcharse por donde vino y no volver nunca más a Castilla-La Mancha".
Asimismo se insta al Gobierno regional a "reconocer" la evidencia científica de los graves efectos de la minería de tierras raras, puesto que ésta "desmiente los cuentos de Quantum", y por ello se apela al Ejecutivo castellano-manchego a cumplir la resolución aprobada por mayoría absoluta, exigiendo la paralización definitiva de los proyectos en marcha.
Según el Grupo Parlamentario de Podemos, el incumplimiento de esta resolución respondería al "temor" por parte del Ejecutivo a dicha empresa "y a los oligarcas que están tras ella".
DURAS ACUSACIONES CONTRA EL GOBIERNO
Por otra parte, Llorente aseguraba que todo el proceso ha estado "cargado de irregularidades", al tiempo que aseguraba que es un caso que "apesta a nepotismo, caciquismo y corrupción por los cuatro costados". Duras acusaciones que personalizó en la figura del director general de Industria, Energía y Minería, José Luis Cabezas, de quien exigió su "inmediata dimisión", al considerarle "incapacitado" para el cargo, al ejercer "de relaciones públicas de la empresa mientras cobra dinero público".
Duras afirmaciones que han sido respondidas desde las filas socialistas, cuya diputada Carmen Torralba quien criticó que Llorente hubiera salido "a repartir estopa", invitándole a acudir a los tribunales si tiene conocimiento de que algún caso de corrupción en el Gobierno. Y a dejar de "alarmar a la población" con un mero interés político, puesto que no existe en Castilla-La Mancha ningún proyecto de explotación.
Desde la bancada ‘popular’, Antonio Martínez atribuía el origen de dicha alarma social a la “opacidad” del propio Ejecutivo, que demuestra que "no está haciendo nada". Por ello preguntaba a los socialistas de parte de quién están, si de los vecinos o de la empresa.
"EL PROYECTO DE QUANTUM NO ES VIABLE"
Por su parte el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, volvía a asegurar que "el proyecto presentado por Quantum no es viable medioambientalmente". En esta línea recordaba que el documento de alcance elaborado por el Gobierno ya se recogían, entre otras, las aportaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que afirma que no hay disponibilidad de agua para la ejecución del proyecto, así como también las relativas a los efectos posibles sobre diversas especies protegidas.
"Las cuestiones medioambientales hacen inadmisible el proyecto", insistía el consejero, pero recordando al mismo tiempo que el Gobierno regional a día de hoy no puede paralizar el proyecto de minería de tierras raras, al tener que cumplir con la legalidad vigente.
