TOLEDO.- El Ejecutivo de Emiliano García-Page ha anunciado que recurrirá ante la Audiencia Nacional la orden del Gobierno de Mariano Rajoy que establece que serán los consumidores los que paguen en su factura de luz el canon eólico, en lugar de repercutirlo a las empresas. Una medida calificada como "injusta", pues no se aplica a todos los territorios por igual. Concretamente, la decisión del PP supone que los castellano-manchegos paguen 12,4 millones de euros más respecto a los ciudadanos de otras comunidades autónomas.
Así lo ha anunciado el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, quien ha subrayado la oposición del Ejecutivo a esta medida que será de aplicación únicamente en Castilla-La Mancha y otras tres comunidades autónomas.
El canon eólico en Castilla-La Mancha, aprobado en 2011, tenía como objetivo cobrar un impuesto a las eléctricas por la generación de afecciones e impacto adversos sobre el medioambiente y sobre el territorio como consecuencia de la instalación de los parques eólicos en la región. Se trataba así de extender los beneficios derivados del aprovechamiento del recurso eólico de la región al conjunto de la sociedad y el territorio castellano-manchego.
Un impuesto que se debía repercutir solamente a las empresas energéticas, pero que ahora, tras la orden aprobada por el Ministerio de Energía el pasado 23 de enero de 2017, tendrá su reflejo en la factura de la luz de los consumidores. No ocurrirá así, sin embargo, en otras regiones, como Galicia, en las que aun teniendo un canon eólico muy similar al castellano-manchego, no le afectará esta medida.
El canon eólico de Castilla-La Mancha afecta a 115 parques eólicos, lo que supone una recaudación de entorno a los 14 millones de euros, los cuales son destinados a actuaciones de impulso y promoción del uso racional de la energía y las energías renovables, así como a programas relacionados con el medio ambiente, su promoción y conservación.
CUESTIÓN DE "AMIGUISMO"
El origen de esta orden que ahora ha publicado el Gobierno, se encuentra en el "infame" Real Decreto 20/2012, ha explicado Hernando, en función del cual el Ejecutivo de Rajoy "quitó la paga extra a los funcionarios, abarató los despidos, subió el IVA al 21% y ahogó a las empresas subiendo el impuesto de sociedades", entre otras medidas.
Un decreto que incluía también la alteración del sector eléctrico, permitiendo que los impuestos aplicados a las eléctricas se pudieran trasladar a los consumidores, incluyendo impuestos territoriales, como el canon eólico. Tras un largo recorrido en los tribunales, el Gobierno central emite una orden para la aplicación de esta medida que es, para el Ejecutivo castellano-manchego, "una aberración".
Una decisión con la que están "totalmente en desacuerdo", no solo en el fondo, sino en las formas. En este sentido Hernando ha criticado que se aplique "exclusivamente" en cuatro comunidades autónomas, mientras que otras con las mismas características "se vayan de rositas".
Un posicionamiento contrario no solo en el fondo, al oponerse a que "se suba la luz por la puerta de atrás" a los castellano-manchegos, sino en que "haya una España de dos velocidades", castigando a una región como Castilla-La Mancha y a otras, como Galicia, con las mismas características, no. "No sé si se trata de una cuestión de amiguismo o de partido", apostillaba el portavoz regional.
