Aseguran que no quieren entrar en guerras políticas y que su único interés defender su medio de vida, la agricultura ecológica, y los beneficios que ésta genera para toda la sociedad. Por ello rechazan cualquier "rédito político" que unos u otros traten de sacar de sus protestas, como la que el pasado jueves, 23 de febrero, protagonizaban ante la sede del Parlamento regional.
Una concentración, subraya desde la Plataforma para la Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológicas de Castilla-La Mancha Mª Ángeles Rosado, en la que se protestaba contra la orden publicada por el Gobierno regional en abril de 2016, con la que "se rompió unilateralmente" el contrato suscrito a partir de la orden de ayudas convocada en marzo de 2015 por esta misma Administración.
Una convocatoria que contaba con una dotación de 20 millones, recuerda Rosado, cantidad que "podía ser insuficiente", algo a valorar por parte de la Administración, "pero dotación sí tenía". Tras ella, y poco menos de un año después, el Ejecutivo regional planteaba un cambio normativo, introduciendo nuevos criterios de selección que fueron aplicados de manera retroactiva, algo que "no es legal", según argumentan desde la Plataforma, y que hace que "bajen las cuantías de las primas" entre un 40 y un 70%, en función de los cultivos.
Es precisamente por esa modificación, que se hizo "sin contar" con ellos por la que se vienen movilizando y reclamando una salida al "limbo" en el que se encuentran cientos de agricultores ecológicos tras la aplicación de esta orden, "especialmente a los que se ha echado y ahora dicen que van a rescatar", precisa Rosado.
Desde la Plataforma para la Defensa de la Agricultura Ecológica quieren soluciones para quienes se quedaron fuera y no saben si realmente van a ser "rescatados" con las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha, pero también para aquellos que en base a los términos firmados en el contrato de 2015 han realizado ya unas inversiones y después han visto cómo las ayudas se han visto reducidas.
Consideran que se les debería haber avisado del nuevo planteamiento que se iba a hacer, puesto que de conocerlo muchos agricultores no habrían siquiera sembrado. Recuerda Rosado que los contratos se hacen por un periodo de 5 años y se renuevan al mismo tiempo que los contratos de arrendamiento de tierras. Por ello se preguntan qué va a pasar con los arrendamientos de quienes quedaron fuera de la convocatoria y si tras el anunciado "rescate" podrán recuperar lo que se ha perdido en este tiempo.
