Castilla-La Mancha, primera comunidad que ayuda a recuperar el dinero de las cláusulas suelo

El Gobierno de Page es pionero en ofrecer a los ciudadanos un servicio de asesoramiento y mediación de carácter gratuito de cara a la reclamación de la devolución de las cantidades cobradas de forma indebida por las entidades bancarias.

TOLEDO.- Alrededor de 100.000 castellano-manchegos podrían estar afectados por cláusulas abusivas en su hipoteca, según las organizaciones de consumidores. Ciudadanos a los que desde el Gobierno regional invitan a acudir a los servicios de asesoramiento y mediación puestos a su disposición de cara a agilizar los trámites de recuperación de su dinero, con una atención "más rápida y humanizada". 

Así lo ha subrayado el presidente del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, durante la firma en Toledo de una adenda al convenio suscrito en octubre de 2015 que supuso la creación de las Oficinas de Intermediación Hipotecaria. Con este acuerdo, suscrito por los colegios profesionales de registradores de la propiedad y notarios, estas oficinas amplían su campo de actuación para asesorar y mediar sobre las cláusulas suelo. Estos profesionales contribuirán con su labor a facilitar los trámites en la reclamación de las cantidades cobradas de forma indebida, buscando el acuerdo entre las partes. 

Y es que si el programa de intermediación hipotecaria puesto en marcha en octubre de 2015 por el Gobierno de Page supuso "un cambio radical" en las políticas de vivienda "por y para los ciudadanos", siendo una región "pionera" como ha recordado la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, esta ampliación "Castilla-La Mancha se convierte en la primera comunidad autónoma con un servicio de asesoramiento y mediación gratuita para los ciudadanos afectados por las cláusulas suelo". 

En esta línea ha apuntado que, en estos 15 meses en funcionamiento, las Oficinas de Intermediación Hipotecaria han paralizado más de 50 desahucios y atendido a 1.500 personas, haciendo de Castilla-La Mancha "un referente en toda España en sensibilidad y atención al ciudadano". García-Page ha asegurado, en este sentido, que en la región "no ha habido un desahucio social que se haya ejecutado" de personas que se hayan acercado a las oficinas de la Junta pidiendo ayuda. 

De este modo, y tras analizar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de septiembre de 2016 que obliga a la restitución de las cláusulas suelo abusivas, y el Real Decreto 1/2017 aprobado por el Gobierno de España por el que se establece el procedimiento para reclamar esos cobros indebidos, desde el Ejecutivo socialista se concluía la posible existencia de una "situación de debilidad" por parte de los usuarios, puesto que las opciones que se les dan son o bien aceptar las condiciones ofrecidas por la entidad bancaria o bien acudir al proceso judicial. 

Por ello se ha trabajado para ampliar el convenio marco suscrito en noviembre de 2016, e incorporar así la labor de asesoramiento y mediación, de modo que los ciudadanos no se encuentren en una situación de debilidad frente a las entidades bancarias

Se persigue también así evitar que se tenga que llegar a la vía judicial, llegando a acuerdos entre los ciudadanos y las entidades bancarias, contando con la mediación de profesionales como los notarios y registradores, ha destacado De la Cruz. 

Por su parte el decano del Colegio de Registradores de la Propiedad, Fernando Acedo-Rico, ha destacado cómo este convenio implementa la colaboración y los servicios que prestan a los ciudadanos. Apuntaba así que en toda la región hay un total de 61 registros de la propiedad, los cuales "están abiertos" a que cualquier ciudadano busque, a través de la conciliación registral, una intermediación con las entidades financieras "para fijar las cantidades y exigir su devolución". Acedo-Rico ha subrayado el carácter independiente de los registradores, y recordaba que "toda hipoteca nace con su inscripción registral". 

Desde el Colegio Notarial autonómico su decano, Luis Fernández-Bravo, ha explicado que con esta nueva vertiente de la colaboración con el Gobierno regional se trata de "evitar que los problemas lleguen al juzgado", a través de una vía "no excluyente, voluntaria y de menor coste", con la que se evita también sobrecargar los tribunales. Para ello, ha explicado, en Castilla-La Mancha estarán a disposición 130 notarios, que serán asignados "a través de un criterio de proximidad". 

Comentarios