TOLEDO.- Ni la dramática situación en la que se encuentran los embalses de cabecera del Tajo, ni el problema de la sequía van a ser obstáculo para que el Gobierno de Mariano Rajoy dé luz verde a un nuevo trasvase, en esta ocasión a través de la venta de derechos de agua. Se trata de la única vía por la que se podría seguir sangrando al maltrecho río, y todo apunta a que se materializará a finales de esta semana o a lo largo de la siguiente con la compra de 10 hectómetros cúbicos por parte de regantes de Murcia y Almería a la Comunidad de Regantes de Estremera.
Una posibilidad sobre la que ya alertaba la Plataforma Río Tajo Vivo a través de periodicoclm.publico.es a finales del pasado mes de mayo, cuando Entrepeñas y Buendía se situaban por primera vez por debajo del mínimo no trasvasable. Pero no quedaba ahí el aviso, puesto que, además de la operación de Estremera, se podrían producir los conocidos como "trasvases de socorro", que deben aprobarse mediante Real Decreto, por lo que bastaría con la firma de Rajoy. Recursos hídricos que saldrán de la cabecera del Tajo, que se encuentra en nivel 4 de emergencia por sequía, rumbo a la cuenca del Segura.
Un trasvase encubierto que algunos medios de comunicación de Almería ya dan por hecho y que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a recurrir en los tribunales, del mismo modo que ha hecho con los anteriores trasvases. Así lo ha anunciado hoy el portavoz del Ejecutivo regional, Nacho Hernando, quien ha subrayado que la derivación que pretende autorizar el Gobierno de Rajoy, equivalente a diez campos de fútbol como el Santiago Bernabéu, es "ilegal" al no haberse cumplido el trámite de audiencia, tal y como refleja la sentencia 1843/2016 del Tribunal Supremo de 19 de julio de 2016, que reconoce a Castilla-La Mancha como "parte interesada y con derecho para alegar y presentar documentación". Un trámite incumplido que "puede suponer una causa de anulación de este acuerdo", ha advertido Hernando.
El portavoz regional ha destacado que aquella sentencia fue una "justa victoria" y ha avanzado que el Ejecutivo castellano-manchego adoptará las medidas legales pertinentes y recurrirá esta decisión, "no solo porque no se hayan respetado nuestros derechos, sino porque no están respetando los intereses de Castilla-La Mancha", como recoge también el artículo 82 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Hernando ha recordado que "no hay tubería de Estremera a Murcia", puesto que la tubería "predemocrática" que hay va desde los embalses de cabecera del Tajo al Levante, por lo que "esta agua será expoliada directamente desde Entrepeñas y Buendía", ha denunciado. Además, este nuevo trasvase se produciría en un contexto en el que el Gobierno central había anunciado que no iba a autorizar más derivaciones "convencionales" hasta que no se recuperen los pantanos de cabecera.
Para el Gobierno de Castilla-La Mancha esta reventa de derechos hídricos constituye una práctica "especulativa", puesto que supone extraer de los embalses de cabecera del Tajo "lo poco que queda", el agua que tras este acuerdo "jamás fluirá desde Entrepeñas río abajo hasta Estremera", con el daño "económico y medioambiental" que supone.
Una situación que se materializará, ha recordado también Hernando, después de que el Ejecutivo de Rajoy haya rechazado autorizar un decreto de sequía para los ríos que atraviesan Castilla-La Mancha: el Guadiana y el Tajo. Sin embargo, sí aprobaba hace un par de semanas una serie de medidas para otras zonas de España en relación con la sequía, como la exención del canon del trasvase Tajo-Segura durante todo este año y el próximo. "Ni agua ni compensación, ni derecho ni dignidad", ha insistido Hernando, para quien esta situación "no es tolerable", por lo que el Gobierno regional seguirá reivindicando "la igualdad de oportunidades para todas las personas en todos los territorios".
