Un exconcejal del PP de Alcázar de San Juan, condenado a pagar más de 24.000 euros por injurias

"Escoria o terroristas" son algunos de los calificativos proferidos por el exedil ‘popular’ Ángel Puente contra el exdirigente socialista Pedro Pablo Novillo y la Plataforma en Defensa del Agua Pública. Al portavoz de ésta, Juan Garrido, lo vinculó con el nazismo diciendo que tiene "actitudes propias de la Alemania de 1936".

CIUDAD REAL.- El exconcejal del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, el popular Ángel Puente, ha sido condenado a pagar más de 24.000 euros por tres delitos de injurias cometidos contra la Plataforma para la Defensa del Agua Pública y Medio Ambiente, contra el que era entonces su portavoz, Juan Garrido, y el antiguo dirigente socialista Pedro Pablo Novillo

En aquel momento Puente actuaba como portavoz del Gobierno municipal formado por el Partido Popular y Ciudadanos por Alcázar, que defendía la privatización de la gestión municipal del agua. Un planteamiento con el que no coincidía con el de los querellantes, a los que no dudó en atacar desde su cargo en el Consistorio. 

Así, por ejemplo, a los integrantes de la Plataforma les llegó a acusar de "encubridores" de un supuesto delito cometido por el anterior alcalde, lo cual fue acompañado de toda una serie de insultos y menosprecios reiterados a lo largo de varios meses. 

Una querella criminal que era interpuesta en abril de 2015 tras las acusaciones lanzadas por Puente cuatro meses antes, a la que adjuntaron un completo dossier con intervenciones del exportavoz del Gobierno del PP, que podían ser constitutivas de un delito de injurias y calumnias. "Escoria, terroristas o podredumbre" fueron algunos de los calificativos proferidos por Puente hacia algunos miembros de la Plataforma en diferentes comparecencias públicas. 

Además de vincular al colectivo con el PSOE, llegó a calificar a la Plataforma como "la banda de Novillo", quien ya ni siquiera ocupaba cargo público alguno, pasando también al ataque en el terreno personal, cuestionando incluso la profesionalidad de Garrido como docente y acusándole de tener "actitudes nacionalsocialistas, propias de la Alemania de 1936".

Actuación que le ha llevado a esta condena, dictada en primera instancia el Juzgado de lo Penal número 3 de Ciudad Real, al considerarle autor de estos delitos, por los que deberá pagar una multa para cada uno de ellos, de siete meses de multa, a razón de 10 euros diarios (en total 6.300 euros), con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, así como a las costas procesales, incluidas las de la acusación particular. 

Asimismo, y como responsable civil, se le condena a indemnizar tanto a la Plataforma, como a Garrido y a Novillo, con 6.000 euros a cada uno, "por razón del daño moral causado", más el interés legal. 

También establece el juez que Puente deberá publicar la parte dispositiva de la sentencia en la página web oficial del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, así como en tres medios digitales que entonces difundieron sus manifestaciones. 

Un fallo que Puente ya ha anunciado que va a recurrir ante la Audiencia Provincial, al tiempo que considera positivo el haber sido absuelto de los tres delitos de calumnias, por los que le pedían hasta tres años de cárcel. Asimismo, también se ha visto rebajada la indemnización que se reclamaba desde la acusación, puesto que ha pasado de 30.000 a 6.000 euros. 

Se muestra confiado en que finalmente esta cantidad incluso se reduzca más tras el recurso, pero también advierte que en caso de que deba abordarla íntegramente, pedirá que lo asuma el Partido Popular, en nombre del cual actuaba entonces en su calidad de portavoz municipal. 

Una petición que justifica señalando que el partido debe tener una partida económica para estos casos, aunque el PP de Alcázar lo gastó en la campaña electoral, tal y como denunciaba hace un año. 

Cabe recordar que entonces, y tras dimitir del comité de dirección del PP, presentaba una denuncia por presuntas irregularidades contra su formación. Acusaba entonces "al presidente y a las cinco personas que tienen secuestrado el partido de no haber presentado actas del comité de dirección en los dos últimos años", lo cual consideraba "un hecho delictivo" al no existir así control de las acciones políticas. 

Asimismo aseguraba que "tampoco se presentaban informes de tesorería" y que tras reiteradas peticiones se presentó con fecha de 6 julio de 2016 uno en el que figuraba que estaban "al corriente de pago", mientras que con fecha 31 de agosto, en el comité de dirección se presentó otro en el que se decía que se debían 20.000 euros, deuda generada en tan solo mes y medio. 

Denuncias que fueron tildadas como "absolutas falsedades" por parte de la dirección del partido, desde la que también se anunciaban entonces actuaciones legales contra Puente. 

En marzo de este año, el Juzgado denegaba la petición de sobreseimiento del caso y solicitaba al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan informes de su interventor sobre los pagos realizados al Grupo Municipal Popular en el año 2015 y los pagos realizados por el partido en las elecciones municipales. También pedía al secretario del PP de Alcázar diversas actas de reuniones, así como el acta del comité en el que se expulsaba del partido a Ángel Puente y la certificación de la existencia del quorum necesario.  

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