TOLEDO.- Explicaciones y depuración de responsabilidades, políticas y legales, es lo que pide el diputado regional de Podemos por Guadalajara, David Llorente, ante el caso de presuntas irregularidades cometidas en el término municipal de Almoguera, que llevaron a la construcción de más de 200 viviendas protegidas, kilómetros de viales y una plaza de toros sobre los terrenos de un monte consorciado, repoblado con dinero público y ahora arrasado. Un cúmulo de actuaciones que ahora investiga la Fiscalía General del Estado, tras la denuncia planteada por un particular.
Una situación que desvelaba PeriódicoCLM hace unos días, y que ha suscitado diversas reacciones, como la del Partido Animalista (PACMA), que ha exigido la demolición del coso taurino, y ahora la del portavoz de la formación morada en el Parlamento autonómico, quien considera necesario que se empiecen a dar explicaciones. En primer lugar por parte del Partido Popular castellano‑manchego, desde el que se debería explicar "por qué incluyó en una de sus listas electorales a este personaje que había sido ya denunciado anteriormente por corrupción urbanística por la propia presidenta del PP en Guadalajara y del Grupo Popular en las Cortes regionales, Ana Guarinos", la cual ‑recuerda Llorente‑ "ha sido condenada a su vez por violación de derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española".
Cabe recordar que el alcalde de Almoguera, el ‘popular’ Luis Padrino, lleva gobernando el municipio alcarreño más de 20 años, las primeras cinco legislaturas bajo las siglas del PSOE ‑formación de la que salió tras ser expedientado por un presunto caso de corrupción urbanística denunciado por la propia Guarinos‑, presentándose como independiente a las elecciones de 2011, y finalmente concurriendo a los comicios de 2015 como representante del PP.
Por ello para Llorente, "parece que el PP no tiene ningún escrúpulo a la hora de financiarse o de hacer fichajes, con tal de ganar elecciones y parasitar las instituciones".
Pero no solo al Partido Popular se dirigen las críticas del diputado de Podemos, sino también Llorente pide explicaciones a la Junta de Comunidades ‑de cuyo Gobierno actualmente, no hay que olvidar, forma parte también Podemos‑, y al Partido Socialista que por aquel entonces gobernaba la institución autonómica.
El consorcio, que fue suscrito entre el Ayuntamiento de Almoguera y la Junta de Comunidades, y en función del mismo fueron repobladas forestalmente 2.621 hectáreas del monte 'Los Cerros', tiene vigencia hasta el año 2068. Una reforestación que tenía como objetivo paliar los daños causados por las inundaciones que en 1987 afectaron al término municipal, a la vez que se creaban puestos de trabajo.
Terrenos cuyo aprovechamiento sigue correspondiendo al Gobierno regional, al que sin embargo, tal y como figura en el informe remitido por la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural al Seprona en el marco de las diligencias encomendadas por la Fiscalía, no se habría pedido autorización para proceder al desmonte y suprimir la masa forestal. Pero no solo "no consta documentación alguna" respecto a este procedimiento de eliminación de la cubierta forestal, sino que tampoco se constata que "ninguno" de los programas de actuación urbanizadora se sometieran al procedimiento reglado de evaluación ambiental, "ni en fase de planeamiento ni en fase de proyecto de urbanización".
Al respecto, como ya publicaba este periódico, existen varias denuncias de los Agentes Medioambientales, una registrada en julio de 2006, relativa a la construcción de una de las urbanizaciones -'Mirador Alto'- sobre terrenos del monte consorciado "sin haberse sometido a evaluación ambiental", y otra formulada en ese mismo mes, en el que los agentes denunciaban la "tala y descuaje del arbolado en terrenos del monte consorciado número 3149 [Los Cerros], afectando a una superficie de una hectárea". Meses más tarde, ya en abril, los agentes medioambientales añadían una comunicación, indicando que la superficie desmontada se había ampliado en 7.000 metros cuadrados.
Denuncias, una y otra, sobre las que no consta la apertura de expedientes, tal y como reconoce la propia Dirección Provincial en el escrito remitido al Seprona.
¿POR QUÉ NO SE ATENDIERON LAS DENUNCIAS?
"Deberían explicar por qué se permitieron estos desarrollos urbanísticos sin su autorización como titular en consorcio de la superficie del monte arrasado", señala el diputado de la formación morada, que también considera necesarias explicaciones sobre "por qué no se atendieron las denuncias de los agentes medioambientales sobre infracciones de la normativa ambiental". Denuncias, apunta David Llorente, que "se realizaron precisamente cuando era delegado provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Guadalajara Sergio David González", cargo que ocupó entre 2004 y 2008, "nombrado después [en 2015] viceconsejero de Medio Ambiente en el Gobierno de Page", cesado en septiembre de 2016 y "actualmente investigado por el caso del incendio en la planta de Chiloeches".
Para el portavoz de Podemos en las Cortes, en este caso todo indica que estamos ante "un ejemplo más de ese modelo de desarrollo urbanístico corrupto y salvaje que sufrimos en nuestro país sobre todo desde los años del ladrillazo y la burbuja inmobiliaria que alentaron los gobiernos de PP y PSOE y que tanto daño ha hecho al medio ambiente, al erario público y a la calidad democrática de nuestras instituciones".
Por ello, Llorente confía en que "la Justicia llegue al fondo de este asunto, caiga quien caiga" y que se depuren "todas las responsabilidades políticas y legales", de modo que "los posibles delitos no queden impunes".
