TOLEDO.- Otra querella interpuesta por el Gobierno que presidía María Dolores de Cospedal vuelve a caer por su propio peso en los tribunales. En este caso ha sido el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Toledo el que ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa interpuesta en mayo de 2014 por el Ejecutivo del Partido Popular por la supuesta "compra compulsiva" de bombillas que se habría realizado entre los años 2010 y 2013 en la Residencia de Mayores Santa María de Benquerencia de la capital regional, tras considerar que había "coincidencias sospechosas y oscuras" entre las empresas proveedoras de dicho material.
La cuenta superaba los 60.000 euros, correspondientes a un acopio "desproporcionado" de bombillas y tubos fluorescentes, que llevaron a los conservadores a querellarse contra el exdirector del centro asistencial, Tomás Rodrigo, al que habían cesado del cargo siete meses antes supuestamente al apreciar indicios de lo denunciado.
Dudas sobre la compra de bombillas de las que, semanas antes de que el Gobierno del PP presentara la querella, ya se hacía eco algún medio regional, con imagen del acopio de material incluido y de las correspondientes y "sospechosas" facturas que habían alertado al departamento que por aquel entonces dirigía el hoy diputado nacional, José Ignacio Echániz.
Aseguraban entonces que se habrían realizado en este periodo hasta cuatro pedidos al mes, llegando a adquirir en estos cuatro años hasta 2.450 fluorescentes y 600 bombillas, a pesar de que la iluminación del centro ya estaba contemplada en el contrato de mantenimiento. Algo que llevó al Gobierno regional del PP a acusar al exdirector de la residencia de prevaricación, malversación de caudales, fraude en la contratación y posible falsificación de documento público y privado, y a pedir que se investigara si había otros posibles responsables de esas compras de material, que todavía entonces permanecía embalado y almacenado en el centro.
Entre los argumentos esgrimidos por los responsables de la Consejería de Sanidad de aquel momento, el elevado coste por unidad y el excesivo número de unidades adquiridas en cada pedido, así como el hecho de que las facturas de compra realizadas a tres empresas distintas hubieran sido conformadas por el exdirector de la residencia, que según los populares habría hecho esas compras cometiendo un delito.
Horas después de que saliera a la luz la intención de la Junta de acudir a los tribunales por el llamado 'caso de las bombillas', era el propio Echániz el que confirmaba la información momentos antes de participar en un acto de precampaña de las elecciones europeas que se celebrarían ese mes de mayo. Asimismo, el entonces consejero de Sanidad no dudaba en señalar a los medios de comunicación que este caso presentaba "el mismo esquema de comportamiento" que el de los casos de la Diputación de Toledo, donde también según los ‘populares’ "se encontraron compras masivas de bolsas de basura y tubos fluorescentes", lo cual le llevaba a asegurar que se estaba hablando de "una trama generalizada".
Una querella ésta -cabe recordar- que fue interpuesta también desde el PP, en este caso de la Diputación de Toledo, en abril de 2013 contra el que fuera vicepresidente de la Institución, José Gutiérrez, por presuntas compras irregulares de tubos fluorescentes, bolsas de basura y litros de jabón de aseo entre 2007 y 2011. Querella que también tumbaron los tribunales, casi dos años después, con una intensa campaña mediática de por medio, que impidió que Gutiérrez fuese el candidato del PSOE a la Alcaldía de Talavera de la Reina en 2015.
Tanto en un caso como en otro, los ‘populares’ denunciaban gastos supuestamente realizados por cargos del PSOE o "colocados" por los socialistas, como en el caso del exdirector de la residencia de mayores, por su presunta mala utilización del dinero público. Algo que el entonces titular de Sanidad y Asuntos Sociales calificaba como "algo muy grave", calificando además como "lamentable" que hubiera dirigentes que hicieran "gastos injustificados a costa del erario y de los impuestos de los demás".
SIN INDICIOS
No obstante, ahora los tribunales vuelven a echar por tierra una más de las acusaciones realizadas por el Gobierno del Partido Popular. Según las diligencias previas, el juez considera que "no se desprenden indicios" suficientes de la comisión de un delito de fraude a la Administración, ya que de las declaraciones practicadas y la documentación aportada "no consta" que las empresas señaladas tuvieran contacto, directo o indirecto, con el resto de investigados.
Asimismo, tampoco se prueban que se produjeran "ingresos económicos efectuados por las empresas a ninguno de los investigados con supuesto control de gasto". Empresas que sí cuentan con "otros muchos clientes en nuestro país", recalca el juez, "algunos de los cuales son también administraciones públicas".
Respecto a los precios que se habrían pagado por las bombillas y fluorescentes, el auto señala que "no consta" que el precio cobrado por los suministradores a la residencia ‑por extensión al Gobierno regional, del que depende este centro‑ fuese diferente al cobrado a cualquier otro cliente, por lo que no se acredita que "esas compras se hicieran con el propósito de dañar al erario público", "ni siquiera eventualmente", precisa el juez.
Un nuevo varapalo a la estrategia de judicialización emprendida por los ‘populares’ en el último tramo de la pasada legislatura, como el que se conocía también hace unos días relativo al archivo de la querella que plantearon contra el exdirector general de Deportes del Gobierno de Barreda, Roberto Parra. Se le acusó entonces de haber pagado unas obras que nunca se llegaron a ejecutar, extremos de la acusación de los técnicos judiciales acabaron desmontando por no ser ciertos. El exatleta ya ha anunciado que emprenderá acciones legales contra quienes le acusaron injustamente.
