CIUDAD REAL.- En deportivas o pantuflas, sin grilletes, ni cinturón ni defensa, así es como se han visto obligados a empezar el año los vigilantes de las sedes de la Seguridad Social en la provincia de Ciudad Real, tras la entrada en vigor del nuevo contrato a cargo de la 'remozada' Marsegur, la empresa de seguridad 'low cost' que ahora se hace llamar Novosegur. 

Estreno que se saldaba en apenas 30 segundos con tres denuncias debido a incumplimientos de la ley de Seguridad Privada y del pliego de condiciones. 

Y es que la empresa no ha hecho entrega a los vigilantes el calzado reglamentario a los vigilantes, por lo que tuvieron que desarrollar el servicio con deportivas, su propia ropa y sin otros elementos imprescindibles para ello. Ofreciendo así una "patética" imagen de la nueva contrata de vigilancia de las sedes de la Seguridad Social en la provincia.  

Una situación que ya se ha denunciado ante Seguridad Privada y ante la Inspección de Trabajo para que se sancionen estos hechos que podrían ser catalogados como "muy graves". Una falta de equipamiento apropiado que podría haber puesto en dificultades a los vigilantes en caso de registrarse alguna incidencia, porque al no disponer de la preceptiva defensa, se encontraban prestando servicio "solos ante el peligro". 

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Este 'servicio en zapatillas' es un fiel reflejo de las políticas llevadas a cabo por esta empresa de seguridad de bajo coste que, a costa de los recortes en las condiciones laborales y salariales de sus trabajadores –al amparo de su convenio propio-, ha conseguido hacerse con numerosos contratos públicos al resultar sus ofertas económicas 'irresistibles' en un sistema en el que prima lo económico frente al resto de aspectos. 

Desde el sindicato CCOO se ha convocado ante el jurado arbitral a los directivos de esta empresa, vinculada al conglomerado empresarial del conocido como capo de la seguridad privada, Miguel Ángel Ramírez, para que garanticen el mantenimiento de las condiciones contractuales, laborales y salariales de los 16 trabajadores, así como la aplicación del convenio estatal del sector. 

Mientras tanto, ha sido "inevitable" que cada trabajador y cada usuario de la Seguridad Social de Ciudad Real desviase su mirada a los pies de los vigilantes, sintiendo "vergüenza ajena" por ver cómo con sus cotizaciones se paga a empresas que incumplen las condiciones contratadas y de la ley que regula el sector. 

Desde el sindicato subrayan que este tipo de empresas "vienen a lo que vienen" y por ello consideran que en este caso "se han reído de los responsables de la Seguridad Social". Así lo denuncia el responsable de Acción Sindical de CCOO-Construcción y Servicios en Ciudad Real, Antonio Sánchez.  

Una situación de la que ya se había alertado hace un mes, cuando se hacía pública la adjudicación del contrato a esta empresa que aplica un convenio anulado por los tribunales a instancias del propio Ministerio de Empleo. Antecedentes que, junto a las más de 200 actas de infracción de la Inspección de Trabajo que acumula, sin embargo, no han impedido que esta empresa 'low cost' haya seguido dinamitando los concursos públicos. 

Ahora no queda otra que esperar a las sanciones que la Inspección y la Seguridad Social, con su responsable Fátima Báñez a la cabeza, impongan a la empresa por estos hechos denunciados por CCOO junto a los trabajadores, puesto que "la pasividad del cliente ante estos incumplimientos no es una opción", subrayan desde el sindicato. 

En este sentido, advierten que "si nadie lo remedia" la llegada de esta empresa del capo de la seguridad privada a Ciudad Real de la mano de los responsables provinciales de la Seguridad Social supondrá un "calvario laboral" para los 16 trabajadores afectos al servicio, así como un sustancial recorte de sus salarios. 

Cabe recordar que estas empresas relacionadas con Ramírez cuentan con un convenio colectivo propio, que se encuentra muy por debajo del estatal del sector, que es el que se venía aplicando a los trabajadores antes de la entrada de la nueva contrata. 

Una situación en la que se vieron hace unos meses los vigilantes de seguridad de distintas sedes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que vieron sus salarios reducidos hasta en 400 euros mensuales y se encontraron con unas condiciones laborales precarias. Una situación que llevó al Gobierno regional a "expulsar" a la empresa Marsegur a la que inicialmente había adjudicado el contrato, al comprobar el incumplimiento del contrato en el que se establecía la obligatoria aplicación del convenio estatal para los trabajadores. 

Misma decisión que se tuvo que adoptar desde el Ministerio de Defensa, que adjudicó a una empresa de Ramírez el servicio de seguridad y vigilancia de la sede del Museo del Ejército, en el Alcázar de Toledo, al ser la suya la oferta más económica. 

Ahora es el turno de la provincia de Ciudad Real, en la que ya se ha podido comprobar la disposición de Novosegur a incumplir el pliego de condiciones y a "saltarse a la torera" una vez más la ley de Seguridad Privada.  

Un nuevo episodio con una empresa de bajo coste de seguridad como protagonista, que también podría desembocar en una serie de movilizaciones, incluida la huelga. 

Desde el sindicato confían en que, al igual que ya lo han hecho los vigilantes de seguridad, los responsables de la adjudicación de la contrata "también hayan visto las orejas al lobo", y que el propio responsable de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, "se dé por aludido". Y es que, subrayan, "no puede ser que por un lado denuncie y sancione a esta empresa por incumplir la normativa laboral y de la Seguridad Social y, por otro lado, la propia Seguridad Social la contrate con dinero público".