TOLEDO.- Castilla-La Mancha dispondrá de 200 millones menos en este 2018 a causa de la congelación de las entregas a cuenta procedentes del Estado que le corresponden por el sistema de financiación autonómica. Así lo ha denunciado el Ejecutivo que preside el socialista Emiliano García-Page, para el que esta decisión adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy demuestra una "evidente deslealtad institucional". Una congelación que era comunicada este martes a las comunidades autónomas a través de una carta remitida por el Ministerio de Hacienda que dirige Cristobal Montoro.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, considera que es "un chantaje" para las comunidades autónomas el vincular las entregas a cuenta que les corresponden por el sistema de financiación autonómica a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
Y es que según las cuentas que ha hecho el consejero, debido a esta congelación de las entregas a cuenta, Castilla-La Mancha tendrá 200 millones menos de lo previsto, y con los que ya se había contado a la hora de elaborar su presupuesto regional para 2018, ya aprobado.
En este sentido, cabe recordar que, según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, las entregas a cuenta de 2018 y la previsión de liquidación del ejercicio 2016 para Castilla-La Mancha ascendían a 4.974,6 millones de euros, lo que suponía el 85 por ciento de los ingresos propios no financieros del Gobierno autonómico.
Por ello, Ruiz Molina considera que un posible incumplimiento del déficit por parte de las comunidades autónomas en este 2018 sería "responsabilidad del Gobierno de España", ya que una vez que los ejecutivos autonómicos tienen los presupuestos aprobados les comunica que no entregará los importes que había trasladado hace meses.
Y es que los presupuestos de las comunidades autónomas, que se elaboran en base a esas entregas a cuenta por parte del Estado, no se pueden supeditar a la aprobación de los Presupuestos Generales, para los cuales ‑cabe recordar‑ el Ejecutivo del Partido Popular aún no cuenta con el respaldo necesario.
Pero es que además de esta evidente "deslealtad institucional" con esta decisión el Gobierno central también ataca la autonomía financiera de las comunidades autónomas, "que no pueden estar supeditadas a que el Ejecutivo de Rajoy consiga mayoría o no para aprobar sus propios presupuestos".
SOCIALISTAS INDIGNADOS Y 'POPULARES' RESIGNADOS
Esta indignación no es única del Gobierno castellano-manchego, puesto que el resto de comunidades gobernadas por el PSOE también se han manifestado así. Consideran que los nuevos cálculos de Hacienda ponen en peligro sus presupuestos regionales, elaborados con pronósticos de ingresos más optimistas.
La falta de acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado para este año ha obligado al Gobierno, de nuevo, a prorrogar las cuentas del ejercicio anterior, de forma que no se puede llevar a cabo la mejora prevista en la financiación de las comunidades, según ha argumentado el Ejecutivo de Rajoy.
Pero no solo las comunidades socialistas se quejan por los cálculos de Hacienda, puesto que también el departamento de Economía de la Generalitat catalana considera un "sinsentido" que el Ministerio pretenda recortar en 780 millones la financiación prevista para Cataluña en 2018.
Desde la Comunitat Valenciana, su presidente, Ximo Puig, ha señalado que el Gobierno de España "está jugando con fuego" al recortar 353 millones en la financiación autonómica. Además ha criticado que el Gobierno vincule a los presupuestos la mejora de la financiación regional, algo que a su juicio es "una anomalía en el funcionamiento de las instituciones".
El Govern balear también ha emitido un comunicado para criticar y rechazar el recorte de 67,3 millones que aplicará el Gobierno a la financiación de las islas.
A la Junta de Extremadura, la medida le parece "poco correcta" ya que la financiación es "una medida extrapresupuestaria", es decir, que el hecho de que reciban menos dinero de las entregas a cuenta no debe estar sujeto a la aprobación de los presupuestos. En concreto, Extremadura recibirá 137,4 millones menos lo que va a suponer, dicen, "un mayor esfuerzo" para sufragar servicios fundamentales.
Por su parte, la Junta de Andalucía ha arremetido contra "el chantaje permanente al que el Gobierno central somete a las comunidades para aprobar los presupuestos". No obstante, han recordado que el presupuesto de la Junta está en vigor desde el 1 de enero, como también lo está el de Castilla-La Mancha.
Mientras comunidades gobernadas por el PP ‑como Castilla y León, Murcia o Madrid‑ ven en la reducción una medida temporal de la que esperan se salga en un plazo razonable.
Concretamente, la Junta de Castilla y León existe "tranquilidad" ante el anuncio de Hacienda y consideran que el "inconveniente" que pueda generar será temporal.
El Gobierno de Murcia ha cifrado en 127 millones una reducción que esperan sea "coyuntural", por lo que, de momento, no van a tomar ninguna medida, mientras que el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid pide a la oposición responsabilidad y que facilite los presupuestos.
Otras comunidades como Canarias, presidida por Fernando Clavijo (CC), ha cifrado en 186 millones menos la decisión de congelar las entregas a cuenta. Una decisión, dicen, que no tendrá impacto en las islas porque el presupuesto se ha elaborado con criterios de prudencia.
"Unos 80 millones menos" recibirá Cantabria (gobernada por PRC-PSOE), ha dicho a Efe el consejero Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, quien considera que esta situación es "consecuencia" de que el Gobierno de Mariano Rajoy ha sido "incapaz" de aprobar el Presupuestos Generales del Estado para 2018.
Ha reclamado que el ministro Montoro convoque de forma urgente al Consejo de Política Fiscal y Financiera para "analizar las consecuencias que va a tener este problema".
HACIENDA JUSTIFICA LA DECISIÓN
Desde el Gobierno central recuerdan que el año pasado se produjo una situación parecida, ya que la repetición de las elecciones generales obligó a prorrogar las cuentas de 2016, de manera que las comunidades contaban con el mismo dinero que entonces. Con la aprobación en junio de 2017 de los Presupuestos de ese año se actualizó la cuantía dedicada a financiación autonómica, han insistido las fuentes.
Sin embargo, el secretario de Política Económica y Empleo del PSOE, Manuel Escudero, ha reaccionado a la carta de Hacienda calificándola de "chantaje intolerable" ya que rompe el "marco institucional" al vincular la autonomía financiera de las comunidades a la aprobación de los presupuestos.
Manuel Escudero ha apuntado que se trata de "dos cuestiones institucionalmente separadas" y por eso considera una "irresponsabilidad" que se vinculen.
Para el político socialista, lo que debe hacer el Gobierno es "buscar apoyos para la aprobación de los presupuestos" sin enviar "cartas de extorsión". Y considera la misiva de Hacienda una "involución centralista" que "no ayuda al desarrollo territorial que necesita el país".
Manuel Escudero ha concluido que la actuación del Gobierno supone una "deslealtad institucional inaceptable" y una muestra de un "PP, sin iniciativa, sin mano izquierda y sin proyecto de país".
