En Castilla-La Mancha tenemos una ley electoral profundamente injusta y antidemocrática. Esta ley permite el absurdo de que un partido obtenga la mayoría absoluta en escaños siendo segunda fuerza en número de votos y eleva en algunas provincias el umbral mínimo para obtener representación hasta el 14%. Con ese umbral, el propio PP no obtendría ni un solo escaño en parlamentos como el vasco, el navarro o el catalán, lo que sin duda calificarían en esos casos como golpe a la democracia. De hecho lo es. Porque deja sin representación a decenas de miles de votantes, excluye a fuerzas políticas importantes, distorsiona y retuerce la voluntad popular y no refleja el pluralismo de nuestra sociedad. La ley electoral de Cospedal no nos representa.
Hagamos memoria. En la pasada legislatura Cospedal hizo dos reformas electorales en apenas dos años. En 2012 aumentó los escaños en las Cortes regionales de 49 a 53, dando más escaños a las provincias donde el PP obtenía más votos. Como ni siquiera así tenía asegurado ganar, en 2014 hizo una nueva reforma, ahora en sentido inverso, reduciendo los escaños de 53 a 33, casi la mitad. El recorte fue tan drástico que requirió una modificación del Estatuto de Autonomía para reducir la horquilla de escaños de 47-59 a 25-35. Fue además la primera y única vez que un estatuto de autonomía se reformó de manera unilateral, contando solamente con los votos del PP.
Cospedal trató de justificar esta última reforma apelando a la “austeridad”, pero este argumento no se sostiene porque el recorte de escaños no conllevaba ningún ahorro, dado que el salario de los/as diputados/as ya se había suprimido en 2012, otra demagógica medida que, recordemos, lejos de eliminar privilegios, lo que hace precisamente es convertir la representación política en un privilegio de la gente adinerada o con ingresos de otros cargos. El argumento además era hipócrita porque la propia Cospedal encarna la antítesis de la austeridad, tanto en lo político como en lo personal: acumulaba varios salarios públicos por los que en 2010 había llegado a obtener ingresos que duplicaban los del presidente del Gobierno regional y triplicaban los del presidente del Gobierno central; y durante su legislatura despilfarró dinero público a tal punto que duplicó la deuda en tan solo cuatro años, como ha establecido el propio Tribunal de Cuentas, mientras sometía a la ciudadanía a los recortes sociales más salvajes y despiadados jamás realizados en una Comunidad Autónoma. El único y verdadero objetivo de la ley electoral de Cospedal era hacerse un traje a medida para tratar de mantenerse en el Gobierno a toda costa e impedir que partidos minoritarios o emergentes obtuviesen representación institucional. Un verdadero recorte a la democracia guiado por meros intereses particulares.
El entonces candidato del PSOE a la presidencia, Emiliano García-Page, no ahorró en calificativos para referirse a esta reforma electoral como “un atropello democrático y un pucherazo”. El PSOE llegó incluso a interponer un recurso de inconstitucionalidad, que fue desestimado. Ahora, en cambio, el ya presidente García-Page afirma que, si no hay acuerdo para volver a reformar el Estatuto, planteará únicamente una recuperación de dos escaños, hasta alcanzar los 35, que es el máximo permitido en la actualidad. Es decir, que asumiría y daría por bueno el pucherazo de Cospedal. Page se permite además culpar a Podemos también del retraso en la reforma del Estatuto, cuando tal reforma estaba fijada para 2016 en el acuerdo de investidura que él mismo firmó ante notario y asumió como compromiso al inicio de la legislatura. Es Page, pues, quien no cumple.
La posición de Podemos sobre la ley electoral de Cospedal está claramente establecida en nuestro programa autonómico, que es nuestro contrato con la ciudadanía: “Podemos está en contra de esta ley porque es una aberración democrática. Va en contra del principio de pluralismo político, igualdad y proporcionalidad del voto, y no refleja una verdadera representatividad de los ciudadanos y ciudadanas.” Por ello, Podemos Castilla-La Mancha “promulgará una propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para que haya una proporción equilibrada de diputados y diputadas en las Cortes, con una circunscripción regional, ya sea única o de restos junto a otras circunscripciones provinciales”.
Por lo tanto, desde Podemos apostamos con claridad por derogar la ley electoral vigente y por cambiar el Estatuto de Autonomía para, como mínimo, anular el pucherazo perpetrado unilateralmente por Cospedal y, a partir de esa base, consensuar con quienes tengan disposición para ello las mejoras oportunas para dotarnos de una ley electoral justa y democrática. La modificación del Estatuto de Autonomía es, en cualquier caso, necesaria para dar cumplimiento a otros compromisos igualmente importantes, como el blindaje de derechos sociales, la supresión de privilegios, el establecimiento de mecanismos adicionales de transparencia y control democrático o la profundización de la participación democrática y el autogobierno.
Necesitamos una ley electoral que sí nos represente y el PSOE de García-Page no puede pretender ahora escudarse en pretextos inaceptables para mantener el pucherazo de Cospedal.
David Llorente Sánchez
Diputado de Podemos en las Cortes de Castilla‑La Mancha