GUADALAJARA.- El Juzgado número 1 de Guadalajara investiga una presunta red de 'blanqueo' de residuos peligrosos, que habría eliminado de forma irregular alrededor de 3.000 toneladas la planta ilegal de la localidad alcarreña de Chiloeches. Basura tóxica que en teoría se reciclaba en una planta soriana para reducir su actividad contaminante, para posteriormente ser trasladada a las instalaciones guadalajareñas para ser tratada, aunque realmente este proceso no se llevaba a cabo.
Hechos por los que la Guardia Civil investiga a cinco personas en Barcelona y Madrid, en el marco de la operación 'Waste'. Investigaciones sobre las actividades ilegales que ya se estaban realizando cuando, en el verano de 2016, se incendiaba la planta de tratamiento de residuos de Chiloeches, gestionada por la empresa KUK Medioambiente.
A lo largo de nueve meses, la UCOMA de la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha venido desarrollando esta operación, que el pasado mes de octubre conseguía determinar las responsabilidades de varias empresas dedicadas a la gestión de residuos peligrosos, que habrían 'blanqueado' hasta 3.000 toneladas, poniendo así en peligro la salud de los trabajadores que operaron con ellos como si ya estuvieran descontaminados.
Los agentes de la Guardia Civil han podido determinar el procedimiento llevado a cabo por esta red para hacer pasar por descontaminados los residuos peligrosos que no lo estaban. Así, según relatan, un gestor simulaba el transporte de residuos peligrosos producidos en una empresa química de la provincia de Madrid hasta su planta ubicada en Soria, donde supuestamente eran tratados, aplicándoseles distintos procesos descontaminantes. Posteriormente los residuos eran trasladados a la provincia de Guadalajara, donde eran eliminados.
Sin embargo, ni el viaje a Soria ni el posterior a Guadalajara existían realmente. Así lo reflejaban sobre el papel, pero en realidad el único desplazamiento que realizaban los residuos peligrosos eran los apenas 25 kilómetros que separan la planta alcarreña de la empresa química ubicada en la Comunidad de Madrid. Una vez allí eran eliminados, pero sin aplicar tratamiento descontaminante alguno.
El método empleado para camuflar el blanqueo documental también estaba sistematizado. Las empresas investigadas, a las que se les acusa de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, estafa y falsedad documental, contrataban a una compañía de transporte y 'jugaban' combinando los documentos propios de la gestión de residuos con albaranes de viaje. Así, ponían en relación los supuestos recorridos que nunca se realizaban, documentando el viaje hasta Soria con un vehículo concreto, identificado con una matrícula -la de la cabeza tractora-, mientras que el trayecto desde ese destino hasta la planta en Guadalajara recogía otra matrícula distinta, en este caso la del remolque. Así llevaba a error al pensar que era el mismo conjunto de vehículos, pero con dos referencias distintas.
A pesar de los esfuerzos por camuflarlo, los informes técnicos realizados desde la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil sobre los recorridos de los vehículos realizados para el transporte, permitieron dejar en evidencia los "trucos" empleados por esta red.
Con estas prácticas, las empresas conseguían 'blanquear' el movimiento de los residuos, simulando una acción totalmente respetuosa con la ley y con el medio ambiente. Certificados de gestión falsos, documentos de control y seguimiento, así como cartas de porte quedaban al descubierto.
PLACAS FRAUDULENTAS Y ESTAFA MÚLTIPLE
Pero en estos trámites ilegales y el impacto medioambiental no queda el asunto, puesto que los hechos presentan una vertiente aún más peligrosa. Y es que no solo se han expuesto a los trabajadores de la planta de Guadalajara a la manipulación de residuos sin tratar, sino que también al emplearse placas de identificación de mercancías peligrosas de forma fraudulenta, en caso de haberse producido un accidente, los servicios de emergencias no habrían adoptado las medidas correctoras que precisan los residuos peligrosos.
Por otra parte, las actuaciones realizadas por las empresas investigadas también incurrirían en otra línea delictiva, al estar cobrando a sus clientes por todo el proceso de tratamiento que no se realizaba, además de las cuotas por el transporte que tampoco tenía lugar. Se plantea así una presunta estafa múltiple.
