TOLEDO.- Acusaciones interesadas y especulaciones son los elementos de la nueva polémica con altavoz nacional que se ha fabricado para atacar al Gobierno de Castilla-La Mancha, al que se ha acusado de tramitar un decreto para tratar de "regalar a directivos elegidos a dedo los derechos propios de los funcionarios de carrera".
Una interpretación "intencionada" y "tergiversada" de un borrador de decreto del Estatuto de la Dirección Pública Profesional de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que la semana pasada se retiraba de la comisión de secretarios generales técnicos celebrada la semana pasada, y que por tanto no está siendo tramitado por parte del Gobierno regional.
Recriminaciones que lanzaba a través de su web el sindicato STAS, y que el diario ABC reinterpretaba en su edición nacional este jueves, acusaciones que hacía suyas el PP regional, cuyos portavoces en las Cortes llegaban a señalar que el único interés del Ejecutivo autonómico es "convertir a sus cientos de asesores en funcionarios por la puerta de atrás".
Acusaciones a las que respondía de forma contundente el propio presidente del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, quien ha asegurado que no consentirá "que se coloque a ningún amiguete" en la Junta de Comunidades, tal y como se había insinuado.
Manifestaciones que hacía durante el pleno de las Cortes, en el que Page solicitaba intervenir para responder a los ataques del Partido Popular, al considerar que con ellas se insinuaba un delito.
Y es que para el presidente regional la información sobre la que se ha construido esta nueva polémica está "totalmente deformada". Aseguraba así que mientras que él sea presidente del Ejecutivo regional "ningún cargo público se va a quedar de funcionario para toda la vida con prebendas de ningún tipo".
Dada la falsedad sobre la que se ha levantado este nuevo ataque al Gobierno regional, García-Page ha preferido no entrar en el fondo del asunto, aunque no ha dejado pasar la ocasión para dar un toque a los portavoces del Partido Popular, a quienes ha subrayado que "les iría mejor si se comportaran simple y llanamente, con educación".
En este sentido ha criticado su labor de oposición "radical", en la que faltan a la verdad "continuamente". Algo con lo que se pregunta si los populares creen que van a conseguir algún voto, dado "el estado de nervios que tienen con las encuestas", aunque –les ha advertido- "están echándose más al monte de lo que ya están".
En este mismo sentido se pronunciaba al respecto la titular de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante su intervención en el pleno, donde ha advertido a los representantes del PP que se estaban equivocando "por completo" en sus declaraciones en relación con este asunto.
Franco ha lamentado que los populares utilicen titulares para "retorcer" la información, tergiversarla e intentar que los ciudadanos entiendan "algo que no es real".
Como ejemplo de que el Gobierno regional no está tramitando este decreto, la consejera ha mencionado el hecho de que ella, siendo miembro del Consejo de Gobierno, no ha tenido siquiera acceso al borrador sobre el que se ha suscitado esta polémica.
Por su parte, desde la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas se emitía un comunicado subrayando la retirada del documento de la comisión de secretarios generales técnicos celebrada la semana pasada, y que por tanto no está siendo tramitado por parte del Gobierno regional.
El departamento que dirige Ruiz Molina recordaba así que únicamente se trata del borrador de un decreto, que está paralizado y en el que el Gobierno no trabaja en este momento.
Pero no solo el Gobierno se centraba en reprochar al PP sus acusaciones, sino que también lo hacían desde la bancada socialista en las Cortes. Su portavoz, Blanca Fernández, iba un paso más allá y llegaba a instar a los dirigentes del PP de la región a pedir perdón "por haber metido la pata de manera flagrante" y con ello "haber provocado que un medio nacional de prestigio como ABC haga el ridículo" al publicar una información "rotundamente falsa".
Una información que tildaba de "tergiversada, manipulada y malintencionada", puesto que el Gobierno de García-Page "ni ahora, ni después, ni nunca ha pensado en hacer funcionarios por la puerta de atrás". Eso, ha apostillado, "es una burda mentira de los portavoces del PP".
Según Fernández, ellos mismos se habrían dado cuenta del error de sus inciertas acusaciones, por lo que considera que no deberían persistir en él y pedir perdón, que con eso "es suficiente", según recogía en nota de prensa el PSOE.
LLORENTE PIDE "CLARIDAD" SOBRE EL DECRETO
Sin embargo desde la bancada vecina, la de sus socios de gobierno de Podemos, no quedaban claras las explicaciones dadas por el presidente regional y demás miembros del Gobierno sobre el borrador del decreto. Así, el diputado David Llorente pedía a García-Page que sea "más claro" sobre la denuncia del PP, que a su juicio no lo había sido "suficientemente".
En su opinión, el presidente regional lo debería desmentir o retirar "con claridad" de modo que este texto "no pase de ser un mal borrador". Por ello cree que "las palabras del presidente deberían haber sido que el borrador del decreto no se va a aprobar por el Consejo de Gobierno".
Y es que, como ha subrayado durante su intervención, él se opone "frontalmente" a "cualquier medida que suponga un privilegio".
