TOLEDO.- Castilla-La Mancha fue la región que más recortó la pasada legislatura, pero también la que tuvo una de las gestiones económicas más "nefastas". Esto es algo que reflejan las cuentas generales de la Junta de Comunidades de los ejercicios 2013 a 2015, cuya aprobación se encuentra tramitándose en el Parlamento autonómico, donde este martes la Comisión de Economía y Presupuestos abordaba la elaboración del dictamen sobre las mismas para su posterior traslado al pleno.
En este sentido, PSOE y Podemos han dado luz verde a su propuesta de resolución conjunta que contempla la aprobación de la cuenta general de los tres ejercicios, aunque "sin perjuicio de las responsabilidades políticas o personales del anterior gobierno, como se desprende de las deficiencias e incumplimientos de la legalidad puestos de manifiesto en el informe del Tribunal de Cuentas, y de las responsabilidades jurídicas que de ellas pudieran derivarse".
Una salvaguarda para el actual Gobierno bipartito, puesto que no se descarta que pudieran pedirse responsabilidades dada la falta de rigor y las "numerosas irregularidades" que se cometieron. Así lo ponía de manifiesto durante la comisión el diputado socialista Fernando Mora, quien aseguraba que el Ejecutivo de Cospedal incumplió sistemáticamente el objetivo de déficit ‑a pesar de que venía impuesto por un gobierno del mismo partido a nivel nacional‑, realizó contratos sin control en Radio Televisión Castilla-La Mancha (RTVCM) y en varias empresas públicas "a la vez que echaba a la calle 390 interinos", despidos que posteriormente serían declarados nulos por los tribunales.
Ejemplos de mala gestión entre los que Mora ha señalado los recortes practicados en materia sanitaria, que si en el conjunto de España llegaron al 6 por ciento, en Castilla-La Mancha "se elevaron hasta el 18 por ciento. Sin embargo, mientras que esto se producía, desde el Gobierno del PP se pagaba productividad a los gerentes del Servicio de Salud castellano‑manchego (Sescam) "en contra" de lo establecido por la ley, se llegaron a suscribir "hasta 15 convenios" con entidades sanitarias de fuera de la región cuando el procedimiento general decía que dichas contrataciones se debían realizar con centros ubicados en la región, y se adjudicaron conciertos "sin publicidad y sin concurrencia".
Otro tanto ocurría en el ámbito de la protección social. Cuando en España se recortaba en torno al 10 por ciento, en Castilla-La Mancha los recortes "llegaron hasta el 40 por ciento en términos reales", mientras que en Educación frente al 16 por ciento de media nacional en que se redujo el presupuesto, en la región se llegó hasta el 30 por ciento.
Recortes que, sin embargo, no supusieron una mejora para las cuentas regionales debido a la falta de rigor y las "irregularidades" contables que se produjeron. Detallaba así también cómo "se dejaron de prescribir derechos de cobro y se tramitaron 159 expedientes de prescripción de derechos de administración para exigir el pago de las deudas por importe de 497 millones", y se "ocultó" la gestión presupuestaria a las Cortes regionales.
Asimismo, el Gobierno de Cospedal "incumplió" sus propios planes económico‑financieros, produciéndose una "falta de control" de los acreedores y se realizaron prácticas irregulares, como "imputar gastos del Sescam de un ejercicio a otro". Una incorporación de gastos por 66 millones realizados con anterioridad a 2015, y que fueron imputados al presupuesto de ese año, mientras que otros 42 millones de dicho ejercicio quedaron pendientes de imputación.
Críticas que también realizaba durante su intervención el portavoz de Podemos en la Comisión, David Llorente, quien subrayaba que los informes del Tribunal de Cuentas reflejan "un verdadero inventario de incumplimientos, ilegalidades, sentencias judiciales y pésima gestión económica" del Ejecutivo presidido por María Dolores de Cospedal.
EL PP NINGUNEA AL TRIBUNAL DE CUENTAS
Aspectos todos ellos reflejados en los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas correspondientes a los ejercicios 2013, 2014 y 2015, que mientras que para PSOE y Podemos son reflejo de la nefasta gestión realizada bajo el Gobierno de Cospedal, para el PP únicamente constituyen "notas" de escasa relevancia ante una "impoluta" gestión.
Así lo defendía durante su intervención en la Comisión el portavoz de Economía y Presupuestos del Grupo Parlamentario Popular, José Manuel Tortosa, quien afirmaba que las cuentas durante los mencionados ejercicios "se presentaron en plazo", fueron "respetuosas" con la normativa y "el Tribunal de Cuentas no hace en sus informes ninguna salvedad de alcance".
Un debate que se saldaba con la aprobación de la propuesta de resolución planteada por Podemos y PSOE, con el voto en contra del PP, y el rechazo a la planteada por los ‘populares’. Asimismo, como ponente para la defensa del dictamen de la comisión ante el pleno, se designaba al socialista Fernando Mora.
