TOLEDO.- El Parlamento castellano-manchego ha manifestado hoy su rechazo al triple trasvase del Tajo al Segura aprobado por el Gobierno de Rajoy para los meses de abril, mayo y junio, al tiempo que han apoyado la petición del Ejecutivo regional del uso a pleno rendimiento de las desaladoras, para de este modo hacer innecesario el trasvase.
Planteamiento contemplado en la resolución planteada por los socialistas al debate general sobre la situación del trasvase y su repercusión en Castilla-La Mancha, que ha sido aprobada con los votos de PSOE y Podemos, mientras que los populares han votado en contra de rechazar el trasvase de 60 hectómetros cúbicos en tres plazos autorizado por el Gobierno.
Frente a ello, desde el PP se pedía a los ejecutivos central y regional continuar trabajando para lograr un pacto nacional del agua, una resolución que sin embargo no salía adelante al votar en contra tanto los socialistas como la formación morada.
Un nuevo debate sobre el agua en las Cortes en el que se ha puesto de manifiesto la falta de unidad política existente en la región respecto a la política trasvasista.
La iniciativa planteada por el PSOE manifestaba su apoyo al Ejecutivo de Emiliano García-Page en su propuesta de impulsar una reforma legal que establezca la obligación de utilizar las desaladoras a plena capacidad para poner así fin al trasvase Tajo-Segura, garantizando el autoabastecimiento y el desarrollo económico de las regiones levantinas "sin la dependencia histórica de este trasvase que se puede convertir en innecesario con esta simple decisión".
Asimismo se pedía que el Gobierno de España estudie "fórmulas" que permita abaratar el coste del metro cúbico de agua desalada, por ejemplo con subvención a través de los presupuestos generales del Estado, evitando así que el coste económico sea "una excusa" para la realización de nuevos trasvases.
Por otra parte, se instaba al Ejecutivo central a "promover y consensuar" un pacto nacional del agua que establezca que cada cuenca utilice sus recursos naturales, como la desalación, tratando de "ajustar sus demandas" a sus actuaciones hídricas. Al mismo tiempo también se le conmina a establecer legalmente la "imposibilidad" de trasvasar aguas no excedentarias, considerando éstas como aquellas que pongan en riesgo los usos prioritarios y necesarios "presentes y de futuro" en la cuenca cedente, teniendo en cuenta los ciclos hídricos y previendo la profundidad de los periodos secos frente al menor impacto de los húmedos.
Del mismo modo, en la resolución aprobada se insta al Gobierno a modificar la legislación vigente para que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pueda ser miembro de pleno derecho en la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, así como a "rescatar" el plan de recuperación medioambiental de ribera de los embalses de Entrepeñas y Buendía para su aplicación a toda la cuenca del Tajo a su paso por la región.
Frente a ello una propuesta del PP, que era rechazada, en la que se coincidía con la socialista en la apuesta por el uso de las desaladoras al cien por cien, tanto en el momento presente como en el futuro, pero que difería en el resto de puntos, en los que no solo se elogiaba la política en materia de agua llevada a cabo por el Ejecutivo central y por el anterior Gobierno regional, sino que también se aprovechaba para acusar de generar "confrontaciones oportunistas e interesadas" al actual.
Diferencias entre el planteamiento de los populares y lo defendido por los socialistas que se han puesto de manifiesto durante el debate general, que concluía con la votación de ambas resoluciones. Un debate ante el que la consejera de Fomento, Agustina García Élez hacía un llamamiento a la unidad, petición que sin embargo caía en saco roto.
Pedía la consejera unidad de acción en la defensa del futuro de los hombres y mujeres de Castilla-La Mancha, reclamando un pacto nacional por el agua que sitúe a la región "en igualdad de condiciones" con otras comunidades receptoras y grandes consumidoras de agua.
Durante su intervención en el pleno de las Cortes, García Élez recordaba cómo las recientes lluvias han hecho que los acontecimientos se hayan acelerado y que solo con "unas cuantas gotas por encima de la raya del mínimo trasvasable" el Gobierno haya perpetrado un nuevo trasvase, en este caso multiplicado por tres.
Para la titular de Fomento éste es un momento de "no retorno", al no ser la cuenca del Tajo excedentaria, con los embalses de cabecera al 23 por ciento de capacidad, a pesar de que la excusa con la que se justifican los trasvases sea que el resto de la cuenca se encuentre a un 71,17 por ciento.
Una situación que lleva al río Tajo a estar "condenado" hasta Aranjuez a "no ser más que la sombra", y desde este punto "a ser un río contaminado por su tributario, el Jarama", con un tramo Bolarque-Aranjuez que funciona como un canal de caudal "hipotecado", puesto que "gota que cae, gota que se va".
Una situación ante la que no se entiende el triple trasvase aprobado "de manera temeraria y arriesgada", ya que en ningún momento "se mantiene el principio de prioridad de la cuenca cedente que no debe sufrir ningún tipo de restricción, como recoge la ley".
Por ello desde Castilla-La Mancha se solicitaba que no hubiera trasvase alguno por debajo de los 510 hectómetros cúbicos, puesto que los 400 contemplados por el Memorándum "no tienen en cuenta la disminución de las aportaciones hídricas", aunque se ha seguido sin escuchar a la cuenca cedente.
Pero Castilla-La Mancha no se conforma con eso, y reclama al menos un nivel de 900 hectómetros cúbicos de los embalses de cabecera para garantizar los caudales ecológicos en Aranjuez, y aún más para potenciar el desarrollo turístico y socioeconómico de los municipios ribereños, ha detallado la consejera, quien ha asegurado que desde la aprobación del Memorándum "la cabecera se encuentra invariablemente en situación de alerta y emergencia".
Sin embargo desde el PP, la presidenta del grupo parlamentario, Ana Guarinos, calificaba como "un hito histórico" el haber logrado una reserva de 400 hectómetros cúbicos en los embalses de cabecera.
Por su parte el portavoz de Podemos en las Cortes, David Llorente, mostraba su rechazo a las últimas derivaciones de agua aprobadas, las cuales considera "injustificables".
Durante su intervención ha subrayado que el Tajo es "un río agónico y secuestrado", y que la explotación del trasvase resulta "intolerable" desde el punto de vista ambiental y social.
Defendía así un cambio en la política hidrológica, que en su opinión debe pasar por la derogación de las actuales normas de explotación, entre ellas el Memorándum, y garantizar las necesidades de la cuenca cedente.
